La oposición iraní da los nombres de 69 muertos por la represión

La oposición iraní ha entregado al Parlamento una lista con los nombres y apellidos de 69 muertos en la represión de las protestas poselectorales y asegura que el número, que duplica los admitidos hasta ahora, sigue aumentando. Este paso, revelado ayer por un diario reformista, subraya la voluntad de la oposición de no sucumbir a la intimidación de sus rivales políticos. El presidente de la Cámara, Alí Lariyaní, ha aceptado investigar la denuncia, otra prueba más de que algunos conservadores también están molestos con la forma en que el Gobierno de Mahmud Ahmadineyad está gestionando la crisis.

"Hemos entregado al Parlamento los nombres de 69 personas que resultaron muertas en los disturbios que siguieron a las elecciones para que los investigue. El informe incluye también los nombres de unos 220 detenidos", dijo al diario Sarmayeh Alí Reza Beheshtí, aliado del derrotado candidato presidencial Mir Hosein Musaví y responsable del comité de apoyo a las familias de los detenidos.

La lista entregada a la Cámara identifica a unos 220 detenidos

Las autoridades sólo han reconocido la muerte de una treintena de personas, pero las organizaciones de derechos humanos ya habían advertido de que el número podía ser mucho mayor. El Comité Internacional contra las Ejecuciones había recopilado a finales de julio una lista con 61 muertos. Por su parte, la Nobel de la Paz Shirín Ebadí, que ayer propuso que el secretario general de la ONU viaje a Irán para entrevistarse con las familias de las víctimas, ha hablado de un centenar.

En este caso, sin embargo, la denuncia procede de una respetada figura de dentro del sistema islámico. Beheshtí es hijo de un ayatolá muy cercano a Jomeini que murió en un atentado terrorista en 1981. Durante la campaña electoral dirigió el periódico de Musaví, Kalameh Sabz, ahora clausurado, y tras las elecciones fue brevemente encarcelado. Al ser liberado decidió ocuparse de las familias de los detenidos.

Beheshtí ha explicado que el recuento que entregó al presidente del Parlamento, en nombre de Musaví y de Mehdi Karrubí (el otro candidato que rechaza el resultado electoral), se ha elaborado con información facilitada por las familias y contrastada. Según él, la lista, que incluye tanto casos de Teherán como del resto de Irán, sigue aumentando. La oposición ha denunciado que los familiares de las víctimas son objeto de presiones de las autoridades para que no hagan ceremonias públicas de duelo, con el fin de evitar concentraciones que puedan transformarse en protestas.

"No he oído nada sobre la muerte de 69 personas en los recientes disturbios", declaró ayer el jefe adjunto de la policía de Teherán, el general Ahmad Reza Radan, citado por la agencia Fars. La policía sigue manteniendo la cifra de 19 muertos que el gobernador de Teherán dio a finales de junio. Sin embargo, el comité parlamentario que investiga los incidentes elevó los fallecidos a 30 el mes pasado.

Tras reunirse el lunes con Beheshtí y otros miembros del Comité de Apoyo, Lariyaní dijo que el Parlamento va a revisar con atención los casos de detenidos y muertos, según informaba ayer el diario Etemad-e Melli. Lariyaní es un conservador que ha criticado con frecuencia las políticas del presidente Ahmadineyad. Nada más iniciarse las protestas, acusó de parcialidad al Consejo de Guardianes (el órgano encargado de la supervisión electoral).

No obstante, este político, un firme revolucionario que ahora por contraste con Ahmadineyad parece moderado, se ha mantenido claramente al lado del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Su decisión de investigar las denuncias de excesos policiales, incluidas las que Karrubí ha hecho de violaciones a jóvenes detenidos, constituye una prueba del descontento de muchos conservadores con el trato que Ahmadineyad ha dado a quienes cuestionaron su reelección.

En total, algo más 4.000 personas han sido detenidas en todo el país por participar en las manifestaciones contra el triunfo de Ahmadineyad, según el portavoz judicial Alí Reza Yamshidi. Unos 3.700 quedaron en libertad en el plazo de una semana, pero el resto aún permanece en prisión, entre ellos destacados políticos, periodistas, abogados y reformistas. Un centenar de ellos están siendo sometidos a un juicio que oposición y grupos de derechos humanos han calificado de "farsa".