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El jefe del Ejército iraní descalifica a la UE para negociar el plan nuclear

La victoria de Ahmadineyad refuerza la influencia de los militares en el régimen

Los ultraconservadores iraníes ya han empezado a hacer valer el triunfo electoral de Mahmud Ahmadineyad tomando posiciones que confirman la deriva militarista de la República Islámica. El jefe del Estado Mayor del Ejército, un general muy próximo al líder supremo, descalificó ayer a la Unión Europea como negociadora sobre el polémico programa nuclear iraní por lo que tachó de interferencia en los asuntos de su país. Entre tanto, la milicia de los basiyís, que encabezó la represión de las protestas poselectorales, ha pedido a la Fiscalía General que investigue al dirigente opositor Mir Hosein Musaví por su responsabilidad en ellas.

"Debido a la interferencia [de la UE] en los disturbios poselectorales... ese grupo ha perdido su capacidad para mantener conversaciones nucleares con Irán", declaró ayer el general Hasan Firuzabadí, según la agencia semioficial Fars. Teherán ha acusado en particular a Reino Unido, cuya Embajada aún no ha logrado la libertad de dos de sus nueve empleados locales detenidos.

Las autoridades cierran el último periódico crítico que quedaba

Hay dos millares de encarcelados por las protestas, según las ONG

"Antes de que se disculpen por su error [los países de la UE] no tienen derecho a hablar sobre negociaciones nucleares", insistió. Firuzabadí es el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes y, como tal, el segundo máximo responsable de los ejércitos, por debajo del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, a quien se le considera muy próximo.

Sus palabras rompen un importante precepto de la República Islámica, cuyo fundador, el ayatolá Ruholá Jomeini, prohibió expresamente la intervención de los militares en la política. Sin embargo, desde hace algunos años, y en particular desde la llegada de Ahmadineyad a la presidencia en 2005, los reformistas han denunciado su penetración en el aparato del Estado. El programa nuclear está en manos de la Guardia Revolucionaria (los pasdaran), uno de los dos ejércitos de que dispone el país.

Esa duplicidad es otra peculiaridad de la República Islámica. Ambos ejércitos tienen sus propias fuerzas terrestres, aéreas y navales, pero mientras el regular se dedica a la defensa de las fronteras nacionales, la Guardia Revolucionaria, una especie de ejército ideológico mejor pagado y equipado, se ocupa de la seguridad interior y la lucha contra posibles insurgencias. De ésta depende también la milicia de los basiyís, literalmente movilizados, cuya fuerza paramilitar ha reprimido las recientes protestas, pero que cuentan también con una importante red de solidaridad que hace proselitismo en favor del régimen.

En otro ejemplo de que estos cuerpos se sienten reforzados por la victoria de Ahmadineyad, los basiyís han pedido al fiscal general del Estado que investigue la responsabilidad de Musaví en las revueltas poselectorales. Según la agencia Fars, acusan al dirigente opositor de nueve ofensas contra el Estado, incluida la de "quebrantar la seguridad nacional", un cargo que puede acarrear hasta 10 años de cárcel. Musaví, a quien no se ha visto en público desde hace días, tachó ayer de ilegítimo el Gobierno de Ahmadineyad en un nuevo comunicado colgado de su página web.

Igual opinión había expresado con anterioridad el otro candidato que cuestionó el resultado electoral, el clérigo Mehdi Karrubí. Las autoridades reaccionaron ayer cerrando su periódico, Etemad-e Melli, el último crítico que quedaba en los quioscos. Karrubí, que fue muy cercano a Jomeini, también reclama "la liberación de los miles de detenidos" durante las protestas. También el ex presidente reformista Mohamed Jatamí criticó lo que denominó "una situación envenenada" de la seguridad y acusó a la autoridades de llevar a cabo una "revolución de terciopelo en contra de la gente".

En total, 20 manifestantes resultaron muertos y 1.032 detenidos en Teherán, según el último recuento oficial hecho público ayer por el jefe de la policía iraní. La cifra total en todo el país debe de ser sin duda superior. La Federación Internacional de Derechos Humanos, con sede en París, estimaba el pasado lunes que el total de encarcelados ascendía a dos millares. Aunque algunos de ellos ya han sido puestos en libertad, tanto esa organización como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han expresado su preocupación porque las autoridades no informan a las familias ni permiten la asistencia letrada, lo que hace temer que los incomunicados sean sometidos a torturas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 2 de julio de 2009