Un año para la desesperanza

Otro año para la desesperanza. El fin del terrorismo queda más lejos; la unidad de los políticos contra el terror sigue alejada. ETA volvió a sus crímenes y los políticos mantuvieron sus broncas.

La imagen de la justicia saltó hecha añicos. El Tribunal Constitucional se fracturó a cuenta de los intereses políticos, y así continúa, sin solución a la vista. El caduco go¬¬bierno de los jueces, que cumplió su mandato hace un año, se hizo eterno sin causa justificada. El primer partido de la oposición jugó a las trampas en el Constitucional y pagó cara su mentira. Apoyarse en informaciones falsas para recusar a magistrados progresistas abochornó a los jueces y dejó al partido de Rajoy en una situación muy apurada, con una resolución donde se les acusó de fraude procesal y abuso de derecho.

Sólo el juicio ejemplar por el atentado más grave en la historia de España, celebrado con luz y transmitido a todo el mundo en tiempo real, maquilló la imagen de una Ad¬¬ministración de justicia vapuleada por los intereses políticos.

Las mejoras sociales siguieron, esta vez impulsadas por el rumor cercano de la campaña electoral. Los recién na¬¬cidos tendrán premio (2.500 euros), y habrá más dinero para guarderías, y para pensionistas, y para casas alimentadas por energía solar… La Ley de Memoria Histórica salvó mil es¬¬collos para salir adelante en el tramo final de una legislatura intensa. Tan intensa que hasta la Corona fue zarandeada durante unos meses por una polémica social de corto recorrido.

Un año cargado de pasiones, que se resume en estos seis capítulos principales.

1. ETA rompe la tregua. ETA rompió la tregua con un atentado a las puertas de 2007. Sin aviso de ruptura mató a dos ciudadanos ecuatorianos, alcanzados por la desgracia de un coche bomba cuando esperaban a sus familiares en el aparcamiento de la nueva terminal de Barajas. Pese a la esperanza arruinada que supuso aquel asesinato de ETA después de más de tres años sin muertos, el Gobierno encaró 2007 con cautela y esperanza. Todavía confiaba en que los te¬¬rroristas no volvieran a sus crímenes y que el episodio del aeropuerto fuera un trágico pa¬¬réntesis en el epílogo de la historia de la banda. Se equivocó.

Las señales que mandó el Gobierno a ETA en los primeros meses de 2007 -cesiones lo llamó el PP- cayeron en el pozo de la ceguera de los criminales. Algunos estrategas del Ejecutivo pensaron que podrían abrir una brecha para la paz en el entorno político que respalda a ETA. Para ello, Gobierno y fiscal general del Estado se embarcaron en una extraña iniciativa para ilegalizar sólo a la mitad de las candidaturas que ANV presentó a las elecciones municipales y autonómicas. Batasuna, ilegalizada por su vinculación con ETA, pidió el voto para ANV, que pudo confeccionar 256 listas, de las que sólo 122 fueron impugnadas.

Hoy, rota definitivamente la tregua, el Ejecutivo da vueltas a la idea de poner fuera de juego el resultado de aquella estrategia de las medias tintas que permitió a ANV sentar a 337 concejales en ayuntamientos de Euskadi y de Navarra. La ilegalización parece próxima, el PP recuerda todos los días que el Gobierno ha permitido a ETA sentarse en los ayuntamientos vascos y navarros.

A cuenta de su estrategia antiterrorista, el Gobierno recibió los mayores insultos de la democracia -del primer partido de la oposición, cosa inaudita en la historia, y de algunos familiares de víctimas del terrorismo que dirigen la asociación mayoritaria-. También ocurrió por primera vez en democracia que la principal asociación de víctimas se manifestó en la calle contra Zapatero cuando no había muertos y prefirió quedarse en casa cuando ETA mató (en diciembre de 2006 y en noviembre de 2007).

Estas víctimas sacaron a la calle pancartas donde comparaban al presidente con terroristas de ETA -"ZP y De Juana, juntos en la cama"- y gritaron su odio contra el Go¬¬bierno por todas las esquinas. Mariano Rajoy remató esa faena con su famoso dilema proclamado en el Congreso para atacar a Zapatero: "Si usted no cumple, le pondrán bombas, y si no le ponen bombas es porque está cediendo".

ETA asesinó el 2 de diciembre de 2007 a dos guardias civiles en Capbreton (Francia). Lo hizo a sangre fría y por la espalda, disparó contra unos agentes desarmados. Los asesinos, al menos dos de ellos, fueron detenidos unos días después. Francia estrechó aún más los lazos con España para combatir el terror. El Gobierno logró un mínimo consenso político contra ETA en las horas posteriores al crimen, lo que permitió celebrar sin polémicas una concentración que pretendió simbolizar la unidad y que reunió a poco más de 5.000 personas. El PP, sólo unas horas después, volvió a sembrar en el Congreso la si¬¬miente de la división con más reproches a la política antiterrorista de Zapatero.

Para rematar el cuadro de las decepciones, el lehendakari Juan José Ibarretxe volvió a las andadas amenazando con consultas po¬¬pulares sin base legal para un proyecto independentista como el que defienden a tiros los terroristas.

2. La lección del 11-M. La vista oral celebrada para juzgar el mayor atentado en la historia de España, con 191 muertos y 1.824 heridos, sirvió como lección social destinada a determinada clase política y periodística, que decidió montar un juicio paralelo to¬¬mando como base informaciones falsas.

Durante tres años y medio, el tiempo que pasó desde la matanza de los trenes hasta el juicio, España se llenó de mentiras. Las ca¬¬lumnias circulaban sin máscara por algunas tertulias y alcanzaban la categoría de noticia política gracias a diputados del PP, que veían en la masacre la mano negra de ETA; la conspiración de policías, guardias civiles y espías, y hasta la malevolencia de los socialistas. Nun¬¬ca aportaron pruebas de sus disparatadas teorías, pero éstas llegaron tan vivas al juicio que la vista oral tuvo que dedicar parte de su tiempo a desmontar las patrañas sin estrépito, pero a conciencia.

El primer partido de la oposición, que gobernaba en España cuando ocurrió el atentado, intentó sembrar de dudas toda la investigación del crimen y buscó sin pausa culpables distintos a los que la policía, la Guardia Civil, los jueces, los fiscales, los servicios de información y los testigos de la ma¬¬sacre apuntaron desde el primer momento. Fueron tres años y medio de mala práctica, política y periodística, que fueron aplastados con contundencia por una sentencia adoptada por unanimidad de los tres magistrados del tribunal, más próximos al sector conservador que al progresista.

El atentado fue cometido por islamistas radicales que se pusieron de acuerdo para atacar en un país que había apoyado la guerra de Irak. De ETA, ni rastro. Y de la conspiración policial o política, mucho menos. La mentira fue condenada en la sentencia del 11-M. El PP, que la amparó, ha preferido un discreto silencio.

3. Elecciones del 27-M. Una victoria del pp con sabor a derrota. Las elecciones municipales y autonómicas dieron un respiro a Rajoy, que pudo presumir de una victoria global en la batalla de los ayuntamientos (el PP obtuvo 150.000 votos más que el PSOE). Pero el éxito fue raquítico, y en la cuenta general, los populares salieron perdiendo. Dejó de gobernar en un puñado de capitales de provincia en las que mandaba y pasó a la oposición en la comunidad autónoma de Baleares. En Madrid, el PP cosechó un éxito colosal con sus dos candidatos, Es¬¬peranza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón, que aspiran a suceder a Rajoy en breve. El PSOE fracasó con estrépito en Madrid. Su candidato, Miguel Sebastián, jugó sucio en la campaña -atacó a Ruiz-Gallardón con cuestiones de su vida privada- y se estrelló. La victoria del PP en la capital desbocó las aspiraciones de sus dos candidatos. Alberto Ruiz-Gallardón se postuló para ir en las listas del Congreso y Esperanza Aguirre maniobró para evitarlo. La solución, dentro de unos días.

4. Los servicios públicos se estrellan en Cataluña. Cataluña se abrió en canal a cuenta de dos servicios públicos esenciales: el suministro eléctrico y el transporte ferroviario. Los dos fallaron estrepitosamente y dejaron a Barcelona a oscuras y sin trenes, sumida en el caos y la desesperación. Una comunidad con aspiraciones de vanguardia y unos servicios públicos de tercera. El problema agudizó en la clase política catalana el sentimiento de marginación respecto a otras comunidades, lo que disparó las reivindicaciones soberanistas. El Gobierno reaccionó buscando en las arcas públicas un alivio a los males de las infraestructuras en Cataluña. Como primer remedio, los Presupuestos de 2008 recogen incrementos colosales en la casilla de inversiones correspondiente a Ca¬¬taluña. El AVE a Barcelona, anunciado para el 19 de diciembre, se atascó con los males del terreno (según los ingenieros) o la ineficiencia de la empresa constructora (según el Ministerio de Fomento).

5. El debate de la Corona. La orden de secuestro de un número de la revista El Jueves con una caricatura en portada que ridiculizaba a los Príncipes desencadenó las simpatías hacia los autores de la caricatura y expuso a la Monarquía a un juicio severo. La revista El Jueves y su portada polémica avivaron el debate sobre la Corona, y, a partir del reproche judicial, se desencadenaron algunos efectos perversos. En Girona prendió la mecha con una quema de fotos de los reyes de España con motivo de la visita a esa ciudad de don Juan Carlos. A ese acto incendiario siguieron otros parecidos, y los tribunales tuvieron que juzgar con desgana a varios pi¬¬rómanos. El PP se subió al carro de la crítica y acusó al Gobierno socialista de los males que afectaban a la Corona. La cosa llegó a los debates del Congreso y se estancó hasta que un final de fiesta de la última Cumbre Latino¬americana puso al Rey en primer plano mun¬dial cuando gritó "¿por qué no te callas?" al presidente de Venezuela, Hugo Chávez. El gesto desencadenó un conflicto diplomático que el Gobierno intentó enfriar con escaso éxito.

6. La corrupción permanece. La co¬¬rrup¬ción campó a sus anchas en algunos despachos públicos, pero apenas tuvo efectos en las urnas. El caso más sonado, Marbella, destapó unas prácticas delictivas (so¬¬borno, co¬¬hecho, prevaricación, tráfico de influencias…) que se repitieron en otros municipios. La lección política de la corrupción pública fue desigual. En la mayoría de los ayuntamientos gobernados por sospechosos de corrupción que repitieron como candidatos porque sus partidos lo consintieron, las elecciones municipales no castigaron a los implicados, sino que, en muchos casos, les mantuvieron en sus cargos.

Entre los grandes partidos, el PSOE optó por expulsar a sus corruptos en los casos de¬¬tectados (Ciempozuelos), mientras que el PP los mantuvo por lo general en el puesto que ocupaban con la excusa de que aún no habían sido procesados (Castellón, Alhaurín el Grande, Mogán). En Totana (Murcia), el PP sólo reaccionó cuando las evidencias por conversaciones grabadas a sus altos cargos eran apabullantes.