La reforma de la discordia

Dejando al margen la caza del zorro, la reforma de la Cámara de los Lores es una de las cuestiones que menos consenso suscita entre la clase política británica. Los laboristas llegaron al poder en 1997 con un ambicioso programa de reformas constitucionales que incluía una reforma radical de los Lores, una cámara de senadores no electos que históricamente ha ido perdiendo poder frente a los Comunes. En 1999, tras dos años de debates, el Gobierno consiguió abolir el carácter hereditario de lord, aunque admitió mantener de manera transitoria ese carácter hereditario a 92 de los más de 600 lores que había entonces. Quedó para más adelante la segunda parte de la reforma: eliminar por completo el carácter hereditario del título e introducir, quizá, la elección de los lores mediante el voto popular. Paradójicamente, aquella reforma tiene mucho que ver con los problemas que hoy viven los dos grandes partidos políticos y, especialmente, Tony Blair. Al aumentar drásticamente el número de lores designados directamente por los partidos políticos se abrió las puertas a un mercadeo de títulos que está ahora siendo investigado por la policía.

Voto popular

La segunda reforma de los lores, discutida ayer en la reunión del Gabinete británico, intenta acabar con ese problema restando capacidad decisoria a los partidos políticos en la designación de nuevos lores. Pero no es ese el punto clave de la reforma. La clave es la eventual introducción del voto popular para elegir a todos o a una parte de los lores. Es un punto que suscita gran controversia porque tiene enormes derivaciones no sólo de tipo meramente político-partidario, sino de tipo constitucional.

Desde 1949, la Parliamentary Act o Ley del Parlamento establece la supremacía de la Cámara de los Comunes, como cámara elegida, frente a la Cámara de los Lores, que es designada o heredada. Los Lores no pueden vetar las decisiones de los Comunes ni imponerles modificaciones, aunque tienen el poder de retrasar durante un año la entrada en vigor de una ley a la que se oponen. Ese poder -sólo relativo porque el Gobierno puede sortearlo en casos de fuerza mayor- ha permitido a los lores forzar al Ejecutivo a acomodarse a sus deseos, especialmente en materia de preservación de las libertades individuales.

Pero, si los lores son elegidos, ¿tiene sentido que los comunes sigan estando por encima? No hay una respuesta unánime a esa pregunta. La respuesta depende en parte del peso total que tengan los elegidos sobre el total de la Cámara. El Gobierno se inclina ahora por que la mitad de los lores sean designados y la otra mitad elegidos por una legislatura de 15 años no renovable. Algunos ministros quisieran el 80%. Otros no ven clara la introducción de elecciones de los lores. Estos se opondrán previsiblemente a modificar su actual estatuto e intentarán retrasar la reforma todo lo posible. Para convencerles, el Gobierno quiere ofrecer generosas compensaciones a quienes renuncien al título. La primera reforma provocó que los ricos pagaran por ser lores. La segunda quiere hacer ricos a los lores que renuncien a esa distinción.