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Reportaje:

El maltrato invisible de la pequeña Alba

Ni la policía ni la justicia ni los servicios sociales advirtieron que la niña maltratada de Barcelona corría un riesgo. Todos creyeron a la madre, acusada ahora de tentativa de asesinato

Una cadena de actuaciones de los poderes públicos presididas por la desidia y la pasividad facilitaron el maltrato de la pequeña Alba, la niña de cinco años que está hospitalizada en estado grave desde hace una semana en Barcelona. El caso ha puesto en evidencia que había una niña sufriendo un grave riesgo y que fue invisible a la justicia, a la policía y a los servicios sociales.

"¡Quiero mi libertad!". Eso es lo que le dijo a la juez de guardia de Barcelona Francisco Javier P. E., la noche del pasado día 7, al acabar su declaración. No logró su propósito y fue a dormir a la cárcel Modelo, acusado de un delito de tentativa de asesinato, cometido tres días antes contra Alba, la hija de su compañera sentimental, Ana María C. F. La mujer tuvo más suerte y eludió la prisión.

"Es posible que nos engañase a todos y que ocultara información", admite la Generalitat

Muchos jueces piden a la policía por fax que investiguen un caso, y éste se hizo por correo

La policía tampoco valoró una declaración de una niña explicando el maltrato a Alba

La magistrada Eugenia Canal escribió esa noche en el auto de prisión contra el hombre que la madre "tuvo relación directa" con los malos tratos a su hija pero, aunque hubiera decidido que la mujer debía seguir el mismo camino que él, no habría podido adoptar esa decisión. La explicación es que la fiscal del Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona creyó, al menos en parte, la declaración exculpatoria de la mujer y por ello no solicitó su ingreso en prisión.

Sin ese requisito que exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la juez no puede encarcelar a un detenido, aunque sobre la madre, en libertad con cargos, pesa la misma acusación que sobre su compañero sentimental. La justicia ya ha empezado a actuar, pero la incógnita que persiste es si se podría haber evitado. O, dicho de otra manera, qué falló y por qué.

En los juzgados de guardia de la ciudad de Barcelona se recibieron durante el año pasado un total de 44.581 informes y partes médicos de los diferentes hospitales de la ciudad. Mil arriba o mil abajo, la cifra se mantiene estable en los últimos cinco años. Uno de esos 122 partes médicos de promedio diario que llegan a la justicia entró el pasado 21 de diciembre en el servicio de informática de guardia de los juzgados. Los médicos del hospital del Vall d'Hebron constataron que la pequeña Alba padecía una fractura del húmero derecho y equinosis múltiple, advirtiendo que el cuadro era compatible con malos tratos.

El 22 de diciembre, la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat también fue alertada del caso por los servicios sociales del hospital, pero la Administración catalana no actuó porque creyó la versión que ofreció la madre en el hospital, acusando de la agresión al padre biológico, Álvaro Luis C., del que está separada y que reside en Ontiñena (Huesca).

Diversas instituciones catalanas coordinadas por el Síndic de Greugs, el equivalente al Defensor del Pueblo, firmaron en 1999 el Protocolo de actuaciones en abusos sexuales y otros malos tratos en la demarcación de Barcelona. Uno de sus apartados relata qué hacer en caso de certeza diagnosticada de malos tratos. "La comunicación de la denuncia se hará en el juzgado de guardia", dice el protocolo. "Si el caso es un maltrato grave y/o hay posibilidad de pérdidas de pruebas judiciales, el reconocimiento se hará conjuntamente por el médico de los servicios de urgencias y por el médico forense".

También dice el protocolo que "si no hay urgencia médica, el hospital comunica por escrito o por comparecencia la situación al juzgado de guardia correspondiente, y éste, de acuerdo con los hechos comunicados, podrá tomar las medidas urgentes".

Casi nada de esto ocurrió en el caso de Alba. El hospital, que sí advirtió del caso a la Generalitat, se limitó a enviar el parte médico al juez. La norma interna de funcionamiento de los juzgados indica que, para dar tiempo a que llegue el atestado policial y adjuntarlo al informe hospitalario, se esperan tres días. Si la policía no informa, como ocurrió en este caso, se le envía al juez.

Eso sucedió el 24 de diciembre, cuando el Juzgado de Instrucción número 4, que estaba de guardia de incidencias, abrió diligencias por el caso y ordenó a los Mossos d'Esquadra que investigasen. El juez comunicó su decisión por correo ordinario, por lo que la policía autonómica no la recibió hasta el 10 de enero. Dos días después, los Mossos consideraron que el caso no era de su competencia, alegando que no estaban desplegados en el lugar de residencia de la familia de Alba, la ciudad de Montcada i Reixac.

Diversas fuentes consideran más que discutible esta decisión de la policía autonómica, pues la ley permite al juez encargar la investigación de un asunto al cuerpo policial que considere más apropiado, incluso prescindir de uno y traspasarlo a otro si los resultados de la investigación no son satisfactorios. La misma consejera de Interior de la Generalitat, Montserrat Tura, llegó a afirmar el pasado viernes, en defensa del cuerpo policial que dirige, que el asunto se hubiera solucionado si el juez les hubiese ordenado a los Mossos "que le trajeran a los padres".

La policía de la Generalitat comunicó por fax al juez que no eran los competentes y, por lo tanto, remitieron el caso por correo ordinario a sus compañeros del Cuerpo Nacional de Policía. El asunto llegó el viernes, 20 de enero, al archivo general de la Jefatura Superior de Barcelona. El 24, martes, el caso acabó en la comisaría de Montcada y la policía inició la investigación. Pero sobre una hipótesis que resulta más que dudosa, presuponiendo, como ya hicieron el juez y la Generalitat, que la madre de Alba decía la verdad y que el supuesto agresor de la niña era su ex marido.

La directora general de la, DGAIA, Inma Pérez, también admitió el viernes que "es posible" que la madre les engañase y que ocultase información. Por ese motivo, dijo, no se apreció el riesgo que corría la niña, al entenderse que la madre "la protegía suficientemente". Las declaraciones de la niña acusando a su padre biológico de los malos tratos llevaron a la Generalitat a no separar a la menor de la madre.

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona, Josep Maria Miquel Porres, acabó inhibiéndose el 7 de febrero a favor del juzgado de Fraga, partido judicial al que corresponde Ontiñena. El juez también consideró que el supuesto autor era el ex marido de Ana María. El hombre acabó detenido por la Guardia Civil y ahora está en libertad provisional a la espera de que se aclare quién agredió a Alba. Algunas mujeres juristas y colectivos que reclaman para sí el adjetivo de feministas ya denunciaron hace un tiempo ante el Consejo General del Poder Judicial la tendencia de identificar el delito de maltrato con el género masculino. Y en ocasiones, entre el blanco y el negro, existe una amplia gama de grises, como evidencia este caso. Aquella carta, que pasó muy inadvertida, la firmaban, entre otras, las escritoras Rosa Regàs, Rosa Montero, Almudena Grandes y la activista feminista Empar Pineda. También abogadas, catedráticas de universidad, trabajadoras sociales y dependientas.

La madre pide ahora que el que ha sido su compañero sentimental "pague" por lo que hizo y dice que desconocía lo ocurrido. Le ampara la presunción de inocencia, un derecho que también es de aplicación al padre biológico, que durante el año 2005 ya fue acusado por la mujer de varios presuntos delitos de abusos sexuales contra la pequeña. Los médicos del hospital de Sant Joan de Déu (Esplugues) en el que fue atendida Alba no encontraron ninguna evidencia de los hechos. El psicólogo del hospital citó a la madre y a la pequeña, pero no acudieron.

Tampoco el Cuerpo Nacional de Policía sale bien parado de esta cadena de pasividad institucional. El 7 de febrero, la ex mujer de Francisco Javier P. E. relató al final de una declaración por una denuncia de hurto que la hija de ambos le había explicado con detalle el maltrato que sufría Alba cuando estaba con el hombre. La policía lo consideró una insignificancia por estar incluido en una de las innumerables denuncias entre ex cónyuges derivadas de su tumultuoso proceso de separación. Tampoco lo valoró el Juzgado de Cerdanyola de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Cerdanyola, que archivó la denuncia.

Alba sigue grave, pero los médicos son un poco más optimistas que hace una semana. La juez no se creyó la versión del supuesto agresor explicando que la niña se cayó de la cuna y sí valoró "el lugar vital" donde se ubican estas lesiones (cabeza) y la "intensidad del traumatismo" (de alto impacto). Esta semana las administraciones prometen revisar su actuación en casos así, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pide explicaciones a sus jueces y los Mossos investigan ahora el caso.

Pero hace unos meses, nadie fue capaz de actuar decididamente para que Alba no fuera maltratada por más tiempo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 12 de marzo de 2006