El FBI envía cada año 30.000 cartas para exigir datos confidenciales
Al amparo de la Ley Patriótica, aprobada hace cuatro años -después del 11-S-, el FBI solicita acceso a información privada de miles de ciudadanos recurriendo a viejas normas, según The Washington Post. Gracias a las posibilidades que da la ley, la policía resucitó la fórmula de las cartas de seguridad nacional, creadas en los años setenta como excepción a las medidas legales de protección al derecho a la intimidad en las transacciones comerciales.
Estas cartas, en las que se reclama a responsables de empresas de cualquier tipo que faciliten datos, tenían como objetivo acceder a los movimientos de sospechosos de espionaje o terrorismo; según fuentes gubernamentales, el FBI envía ahora más de 30.000 cartas al año. La fórmula no necesita el visto bueno de un fiscal o un juez; depende de los supervisores del FBI o de sus altos responsables, que sólo necesitan asegurar que "la información requerida es necesaria o relevante" en el curso de una investigación "para proteger a EE UU de actividades terroristas o de espionaje". El Congreso debe renovar o anular 16 apartados de la Ley Patriótica antes del 31 de diciembre, pero el uso de las cartas de seguridad nacional no se encuentra en ninguno de esos apartados.
La persona a la que le llega la carta es advertida de que no puede revelar que la ha recibido. Lo que se le solicita va desde información sobre comunicaciones electrónicas hasta transacciones financieras o comerciales. Michael Woods, que en noviembre de 2001 era responsable de la unidad del FBI de la que dependían estas cartas, las describió como "potentes herramientas de investigación" que pueden producir "información relevante en cantidades notables", pero pidió que se utilizara "de manera juiciosa". Ahora, Woods, que ya no trabaja en el FBI, dijo al Post que se desatendió su recomendación.
Cuando el Gobierno y el FBI recibieron críticas en el Congreso sobre el abuso que supone utilizar medidas aprobadas hace más de 30 años, la respuesta fue que no ha habido ni una sola denuncia probada de abuso de la Ley Patriótica, una afirmación inaceptable para los grupos de defensa de los derechos civiles y para un número creciente de congresistas.
