Rabat anuncia medidas contra la tortura
El primer ministro marroquí, Driss Jettu, fue el primero en reconocer, a principios de mes, que, aunque sólo en algunos casos limitados, las fuerzas de seguridad de Marruecos torturan a los detenidos. Ahora todo el Gobierno le secunda ordenando la apertura de una investigación y anunciando un proyecto de ley para sancionar con severidad a los funcionarios que la practiquen. Desde hace algo más de dos años se acumulan los informes de organizaciones de derechos humanos, e incluso del Comité de la ONU contra la Tortura, denunciando la reintroducción de esa práctica en Marruecos con tanta intensidad como en los años setenta y ochenta, aunque sus víctimas ya no son izquierdistas, sino islamistas. Cerca de 7.000 fueron detenidos después de los atentados de Casablanca, el año pasado, y más de 2.000 han sido procesados.
Hace un mes, Amnistía Internacional publicó un nuevo y exhaustivo informe consagrado a la sede, en Temara (una localidad cercana a Rabat), de la Dirección de Supervisión del Territorio (DST), la policía política, en la que un número muy elevado de personas son torturadas "sistemáticamente" durante semanas o meses sin ser puestas a disposición judicial y sin que sus familiares y abogados sepan dónde están secuestrados.
El ministro de Justicia, el socialista Mohamed Buzubaa, reaccionó rápidamente desmintiendo la existencia de un centro secreto en Temara, pero Jettu le desautorizó al admitir, en una rueda de prensa en París, que se producen "casos, afortunadamente limitados, de excesos". El martes, el Gobierno que encabeza dio un paso más al anunciar la apertura de investigaciones sobre las "alegaciones de tortura".
El comunicado echa, por un lado, un capote a la temible DST, al recordar que existen "organismos de la misma naturaleza" en otros muchos países pero, al mismo tiempo, marca los límites de actuación de sus agentes, que "no poseen la condición de oficiales de la policía judicial, que les permite detener, registrar o interrogar", algo que hacen con frecuencia.
El mismo día, el Ministerio de Justicia marroquí difundió otro comunicado sobre la presentación de un proyecto de ley, que completará el Código Penal, que permitirá a los tribunales castigar con más severidad -hasta 10 años de prisión- a los funcionarios que sometan a la tortura a detenidos y presos. La pena podrá ser incluso de cadena perpetua si la practican contra menores o minusválidos o si causan la muerte o la pérdida de un órgano. El último informe de Amnistía dio pie, según los semanarios independientes marroquíes, a un encendido debate en la reunión del Gobierno. Jettu explicó su preocupación por el daño que estas denuncias hacían a la imagen de Marruecos.
