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viernes, 4 de junio de 2004
Reportaje:LAS HERIDAS ABIERTAS DE LA GUERRA CIVIL

La memoria de la represión

El Gobierno exige a las partes enfrentadas un gran acuerdo sobre el Archivo de Salamanca

¿Los papeles reunidos en Salamanca a partir del verano de 1937 por las autoridades franquistas deben devolverse a sus legítimos dueños o deben conservarse para mantener unido el actual Archivo General de la Guerra Civil Española? La polémica sigue abierta y toca viejas heridas, ya que la documentación se reunió para organizar la represión contra los perdedores de la contienda y se organizó en fichas nominales al margen de criterios históricos rigurosos. La digitalización de los fondos, de los que se han microfilmado ya más del 50%, puede ser un camino para buscar fórmulas de acuerdo entre las reclamaciones de vascos y catalanes y las propuestas de quienes defienden que el archivo no se desmiembre.

El Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca se ha convertido, una vez más, en campo de batalla de posturas encontradas. Durante los últimos días los teletipos han llenado las redacciones de los periódicos con diferentes declaraciones de políticos e historiadores que sostienen posiciones antagónicas sobre lo que debe hacerse con el material allí acumulado. El conflicto viene de largo y, de forma sintética, puede hablarse de dos posiciones extremas: la de quienes defienden que de Salamanca no debe moverse un solo papel, para conservar la unidad del archivo, y la de los que sostienen que los documentos deben devolverse a sus legítimos propietarios, con lo que se iniciaría un proceso que terminaría por desmembrar lo que se ha reunido en la ciudad que un día fue, durante la Guerra Civil, la capital de la zona rebelde.

"En la organización de los documentos nunca se utilizaron criterios archivísticos"

"Buscaban las listas de los nombres vinculados a las organizaciones enemigas"

"Hay que decir que sólo se ha conservado el 10% de lo que se incautó en Cataluña"

Una de las últimas intervenciones sobre el contencioso ha sido la del propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que el miércoles pasado se comprometió en el Parlamento, durante la sesión de control del Gobierno, a "hacer efectivo" el acuerdo que se alcance con las instituciones implicadas en el conflicto sobre los fondos del archivo para decidir el destino de los documentos reclamados por Cataluña y el País Vasco. Es necesario llegar a una "solución estable y definitiva" sobre este complejo problema, dijo, y señaló que el camino para conseguirla requiere llegar a "un gran acuerdo" a partir de la proposición no de ley que respecto a esta cuestión fue aprobada por la Cámara hace dos semanas.

Los primeros pasos ya están dados. El próximo 15 de junio se ha convocado a la comisión permanente del Patronato del Archivo de Salamanca, que como primer punto debe nombrar al sustituto del vicepresidente del mismo después de la renuncia de hace unos meses del anterior, Pedro Schwartz, y a partir de ahí iniciar las conversaciones y propuestas pertinentes para acabar con un problema que, según la proposición no de ley citada, debe estar resuelto a final de este año.

El diálogo, la sensatez y la buena disposición de las partes van a ser imprescindibles para tratar una cuestión que desata pasiones. ¿De qué se habla cuando se habla del Archivo de Salamanca? ¿Por qué desata tanta furia en los debates un montón de papeles, cada vez más frágiles por el paso del tiempo, en una época en que se generaliza la digitalización de los fondos de los archivos y en la que la presencia física de los investigadores (y papeles) empezará a desaparecer poco a poco? ¿Cómo se acumularon los fondos que generan tantos quebraderos de cabeza?

Cuando las tropas franquistas estaban a punto de tomar Barcelona (por ejemplo) disponían ya de una relación detallada de aquellos lugares en los que podrían encontrar la vinculación partidista (o ideológica incluso) de los habitantes de la ciudad. Instituciones públicas, sedes de partidos, logias masónicas, casas del pueblo y de particulares con alguna relevancia política, cualquier lugar susceptible de tener ese tipo de información, estaban ya marcados en un detallado mapa, y los destacamentos de vanguardia del ejército nacional tenían órdenes de incautar cuanto antes todos los archivos que encontraran en su camino. El objetivo: localizar al enemigo -y enemigos eran cuantos no participaban en la causa de la cruzada nacional-católica- para liquidarlo.

Así, pueblo tras pueblo, ciudad tras ciudad, capital tras capital, se fue organizando la represión desde que en abril de 1937 se creó en la zona nacional la Oficina de Investigación y Propaganda Antimarxista (OIPA), que empezó a actuar durante la ocupación de Bilbao el 19 de junio de ese mismo año. No se trataba simplemente de acabar con las figuras destacadas del bando enemigo (ésas se conocían públicamente). Había que buscarlos a todos para asegurar la retaguardia de los lugares conquistados.

Y todo el material confiscado tenía esa finalidad: probar que éste o aquél había sido republicano o socialista o comunista o anarquista o masón o nacionalista o simpatizante de la otra causa (un simple donativo al Socorro Rojo delataba "peligrosas" tendencias antifranquistas). Esos archivos, de los que se apoderaron en todo lugar por el que pasaron las tropas franquistas a partir de la conquista de Bilbao, terminaron por llegar tarde o temprano a Salamanca.

Así que ése es el origen del hoy llamado Archivo General de la Guerra Civil Española, que ha permanecido en Salamanca -donde fueron a parar todos los documentos- y que como tal sólo funciona desde el año 1979. Antes, el actual archivo había sido, de manera oficial a partir del 26 de abril de 1938, la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos (de la zona republicana), y servía para establecer y confirmar quién había sido enemigo de Franco. Todos los documentos sólo estaban allí para hacer viable un ambicioso proyecto: reprimir al enemigo.

"En la organización de los documentos de Salamanca nunca se utilizaron criterios archivísticos", explica Aurelio Martín Nájera, director del Archivo de la Fundación Pablo Iglesias. "No es casual encontrar entre los legajos de Barcelona papeles que son de Madrid, y eso es así porque las sacas que incautaba el ejército nacional llegaban sin orden ni concierto y se abrían para buscar la información urgente para organizar la represión. Lo demás podía servir para cualquier cosa. Miles de carteles fueron quemados para combatir el frío".

Llegaban las tropas nacionales, arramblaban con todo lo que encontraban, y buscaban lo que les interesaba: las listas de nombres vinculadas a las organizaciones enemigas. Todo lo demás era superfluo: a veces se conservaba, a veces se tiraba, a veces se quemaba, a veces se enviaba a otro organismo, incluso se devolvía. Lo explica Josep Cruanyes, autor de Els papers de Salamanca. L'espoliació del patrimoni documental de Catalunya (1938-1939) (Ediciones 62): "Cuando los franquistas requisaron en Barcelona los archivos del Tribunal para la Represión del Contrabando del Gobierno legítimo, las autoridades nacionales separaron todos estos papeles y llegaron a publicar anuncios en los periódicos para que las empresas y particulares que eran investigados por actividades dudosamente legales pudieran recuperar sus títulos, acciones o lo que hubiera allí reunido".

El objetivo, finalmente, no era otro que organizar un fichero nominal con toda la información necesaria para poner en marcha la maquinaria represiva. "Rastreaban donde aparecía un nombre y lo apuntaban en una ficha", explica Cruanyes. "Así se sabía que tal señor había pertenecido, por ejemplo, a la CNT y se podía proceder contra él. Fue una tarea concienzuda que duró años y que se hizo con suma aplicación. He podido seguir en mi libro cómo la petición de una información a Salamanca, cursada en 1939, se realizaba con tanto rigor que seguía adelante año tras año conforme iban apareciendo nuevas referencias del personaje investigado. Es decir, que poco a poco se iba entrando en las sacas acumuladas y se ponía al día la información. De 1944 a 1958 se van clasificando todos los papeles hasta crear una relación de unos tres millones de fichas. Los tribunales, dependencias militares y consejos de guerra querían saber algo y lo solicitaban a Salamanca. La información fluía de inmediato y las instancias represoras procedían".

Actualmente, el Archivo General de la Guerra Civil Española está dividido en dos secciones. La sección político-social, donde se incluyó toda la información que se robó relacionada con partidos, sindicatos, instituciones nacionalistas o republicanas y agrupaciones de carácter civil, y una sección especial destinada a la masonería.

El historiador Nigel Townson, autor de La República que no pudo ser (Taurus), estuvo investigando largo tiempo en Salamanca. "Lo que necesitaba consultar eran todos los documentos que allí existen del Partido Republicano Radical, y que procedían de su sede central en Madrid, además de otras sedes dispersas en toda España, y de los papeles requisados en la casa de su fundador, Alejandro Lerroux. También me resultó muy útil toda la información sobre masonería, pues fue en ese partido donde hubo un mayor número de masones. Se trataba de un material que no tiene tanto que ver con la Guerra Civil como con la República, y quizá ahí resida uno de los equívocos. Lo que hay en Salamanca guardado sólo tiene en parte que ver con la guerra. Lo que hay está más bien relacionado con la República e, incluso, con periodos anteriores. Yo encontré algunas cartas fechadas a principios de siglo".

Santos Juliá también investigó en Salamanca. "Allí se encuentran todos los procesos que se pusieron en marcha después de la revolución de octubre de 1934", comenta. En cuanto a documentación específica sobre la Guerra Civil, considera, como Townson, que es mucho más rica la que se conserva en el Archivo Histórico Nacional (en Madrid), el Archivo General Militar (en Ávila) y el Archivo General de la Administración (en Alcalá), además de la que puede encontrarse en otros archivos.

No es, pues, demasiado correcto llamar al de Salamanca Archivo General de la Guerra Civil Española, pues lo que transmite ese nombre es que allí se encuentra el grueso de la información sobre el desarrollo del conflicto. Puede transmitir, además, la idea falsa de que la documentación sobre esa etapa tan dolorosa está centralizada. "Lo que hay, sobre todo, es una enorme dispersión", explica Townson. "Lo que importa, para un historiador, es que los archivos sean accesibles".

Es una de las vías que defiende también Aurelio Martín Nájera. "Digitalizar todo el material es un camino por explorar. Una vez reorganizado, pueden devolverse los originales a sus legítimos propietarios siempre que éstos garanticen que no van a guardarlos en un armario y que van a tenerlos a disposición pública".

"En 1944, el Archivo de Salamanca cambió de nombre y empezó a llamarse Delegación Nacional de Servicios Documentales", explica Josep Cruanyes. "Como tal funcionó hasta el 28 de octubre de 1977, en el que un decreto del Gobierno de Adolfo Suárez lo convirtió en el Archivo General de la Guerra Civil Española. El problema ha sido que la modélica transición española no llamó a las cosas por su nombre, y un archivo construido a partir de la rapiña franquista pasó a considerarse la memoria más completa del conflicto civil. Es importante saber, de todas formas, que sólo se ha conservado el 10% de lo que se incautó en Cataluña. Una parte de la documentación se devolvió a sus propietarios durante la guerra, como he explicado; otra fue a parar al Archivo Histórico Nacional cuando se realizó la Causa General; otros papeles fueron reclamados por los militares, y hubo otros que fueron a parar a manos de la brigada político-social. La historia del archivo cuenta con muchos episodios de traslado de documentos".

Si se hiciera ahora caso de las reivindicaciones de catalanes y vascos, el proceso sería imparable. También tendrían derecho a reclamar lo suyo otras organizaciones políticas y sindicales, e individuos particulares. "No puede mantenerse arbitrariamente la unidad de un material robado si los legítimos dueños quieren recuperar lo que es suyo. Tienen el derecho moral a exigir una reparación", dice Aurelio Martín Nájera.

"Las historias de los archivos son, además, muy distintas", continúa, "no puede aplicarse el mismo criterio a todos. Si tenemos en cuenta la situación del Archivo de la Agrupación Socialista Madrileña, éste se encuentra ahora escindido entre tres instituciones distintas: en Salamanca, en el Archivo Histórico Militar y en la propia Fundación Pablo Iglesias. En cuanto al Archivo de la Comisión Ejecutiva del PSOE, se llevó al terminar la guerra a París, donde fue incautado por los nazis, que lo trasladaron a Berlín, y de allí pasó a manos soviéticas. En su día se reclamó y fue devuelto. Otro caso distinto es el de la CNT. Sus archivos están en el Instituto Social de Holanda, en Amsterdam, y si no los han devuelto es porque la propia CNT se escindió y no podía partirse la documentación para restituirse a dos agrupaciones distintas que lo reclamaban bajo las mismas siglas".

La delicadeza de los problemas que rodean la polémica en torno al Archivo de Salamanca es inmensa, y la fórmula para arreglar el contencioso va a exigir que todos los implicados renuncien a parte de sus exigencias. Si se van devolviendo papeles, para cerrar viejas heridas, se podría terminar con un archivo que, tal como está, constituye un cabal reflejo de lo que fue la represión. La pregunta es ¿qué pesa más?, ¿reparar una grave afrenta o conservar un monumento que sintetiza la rapiña?

Manifestaciones en Salamanca por la permanencia del Archivo, en marzo de 1995. / M. ESCALERA

Manifestaciones en Barcelona por la devolución de documentos del mismo, en octubre de 2002. / M. SÁENZ

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