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La Iglesia venezolana pide que se desconvoque la huelga contra Chávez, mientras surgen divisiones en la oposición

La Conferencia Episcopal venezolana, que ha mantenido una postura sumamente crítica frente al Gobierno, hizo ayer un llamamiento a suspender la huelga y tratar de restablecer la normalidad en el país. No obstante, los presidentes de los organismos de las cúpulas empresarial y sindical, Carlos Fernández y Carlos Ortega, respectivamente manifestaron horas más tarde que la huelga no sería flexibilizada, sino por el contrario radicalizada. Los portavoces opositores aseguran que, además de la solicitud original de ir a un proceso electoral rápidamente, la Coordinadora ahora exige, como requisito para abandonar la huelga, la readmisión de los trabajadores petroleros despedidos en masa por el Gobierno. De todos modos, las divisiones comienzan a surgir en las filas de la oposición.

Lejos de discutir este punto, el Gobierno, también por boca del vicepresidente José Vicente Rangel, advirtió ayer de que "esos señores son reincidentes, ya que se rebelaron el 11 de abril y se rebelaron en diciembre". "Para ellos", añadió, "no habrá perdón ni amnistía y, por el contrario, deben prepararse para responder judicialmente por sus actos". Los líderes de la huelga en Petróleos de Venezuela, que integran una asociación llamada Gente del Petróleo, admitieron ayer que la producción rebasó el millón de barriles diarios, considerado por muchos como un límite psicológico que demuestra la recuperación real de la industria. Mientras, el Gobierno extendió por una semana, hasta el 5 de febrero, la suspensión de la comercialización de divisas, preludio de un control de cambio ya anunciado.

Por otra parte, el vicepresidente Rangel, expresó que la acción judicial presentada en España por abogados españoles y venezolanos contra el jefe del Estado, Hugo Chávez, por presuntos delitos de terrorismo y crímenes contra la humanidad revela "una gran ignorancia del derecho y una falta absoluta de imaginación y sentido de la responsabilidad". Rangel dijo que algunos de los casos planteados no han tenido decisión judicial en Venezuela y otros ni siquiera han sido planteados ante los tribunales locales.

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