'Hay que adaptar la inmigración a la demanda del mercado de trabajo'

António Vitorino (Lisboa, 1957) es uno de los comisarios europeos de mayor prestigio en Bruselas y, sin duda, el de más actualidad en estos momentos. Encargado de la cartera de Justicia e Interior, es el principal impulsor de una política europea de inmigración. Sus múltiples iniciativas legales en ese terreno han sido sistemáticamente desoídas desde hace tres años, pero ahora los líderes de los Quince le han dado por fin la razón y en la cumbre de Sevilla han sentado las bases para una gestión coordinada de los flujos migratorios en medio de una enorme sensibilización de la opinión pública europea.

Pregunta. ¿Por qué se asumen ahora sus iniciativas que estaban sobre la mesa hace años?

'La lucha contra la inmigración ilegal es por la dignidad de los inmigrantes'

'Hay que ser fieles a los valores y luchar contra las tendencias racistas y xenófobas'

Respuesta. Algunos acontecimientos recientes como el ascenso de la extrema derecha en Europa o el efecto mediático del camión con medio centenar de chinos muertos encontrado en Dover y los desembarcos masivos en Italia o España han acelerado la adopción de medidas comunes. La cumbre de Sevilla ha creado un marco nuevo para actuar con mayor rapidez.

P. Ahora han sido los propios líderes los que se han marcado fechas límite.

R. Después del 11 de septiembre hicieron lo mismo para aprobar dos instrumentos muy importantes en la lucha contra el terrorismo: la definición de terrorismo y la euroorden. En Sevilla han puesto fechas también para un nuevo reglamento sobre derecho de asilo, normas de reagrupación familiar, iniciativas sobre refugiados, el cuadro de los derechos y deberes de los inmigrantes legales en la UE, el estatuto de residentes de larga duración...

P. Son las iniciativas que usted ya había lanzado sin mucho éxito.

R. La de reagrupación familiar es de 1999. Fue la primera.

P. Usted empezó con normas sobre migración legal, pero ahora los líderes dan más prioridad a la ilegal.

R. Ha influido el ascenso de la ultraderecha y ese impacto mediático del que hablábamos. Pero el fenómeno es preocupante. Cada año entran en la UE 500.000 inmigrantes ilegales. Y no intervenimos sólo en pro de la seguridad en Europa, sino también de los propios inmigrantes, controlados muchas veces por organizaciones criminales. La lucha contra la inmigración ilegal es una lucha en nombre de la dignidad de los inmigrantes.

P. La preocupación entre los europeos por la inmigración clandestina es en buena parte provocada por los dirigentes, al menos en países con pocos inmigrantes como España o Portugal.

R. Para algunos Estados ha sido una gran novedad verse convertidos en países de destino. El de Portugal es un caso claro, porque hoy tiene medio millón de inmigrantes. Y no se trata de la inmigración clásica, de Brasil o Angola, con lazos culturales profundos, sino de Ucrania, Rusia o la antigua Yugoslavia. Pero no quiero juzgar la responsabilidad de los dirigentes políticos. Durante 30 años hemos vivido bajo la retórica y el engaño de la inmigración cero y hemos escuchado que Europa no era destino de la inmigración. Era falso, y ahora hay que fijar los límites de acogida en nuestras sociedades.

P. Pero hay una cierta esquizofrenia. Los inmigrantes son necesarios, pero se les criminaliza. Y a la vez les encomendamos el cuidado de lo más sagrado: nuestros hijos, nuestros mayores...

R. Necesitamos inmigrantes y hay oportunidades de trabajo, pero a la vez los europeos dicen en las encuestas que hay demasiados inmigrantes. Esa paradoja sólo se puede superar con la política y la pedagogía. Los europeos tienen que aceptar una inmigración regulada. Hay que desarrollar políticas para explicar que nuestras sociedades están cambiando, que somos cada día más multiétnicos y multiculturales. Y las redes criminales no son sólo un fenómeno alejado de nuestras fronteras: son dirigidas muchas veces desde la UE.

P. El principio general es conseguir que haya una gestión común de los flujos migratorios.

R. Es necesario. Hemos propuesto un método de coordinación muy flexible según el cual cada Estado definirá el número de inmigrantes legales que acepta en su territorio, su perfil, cualificación, origen...

P. ¿Se trata de que cada país seleccione qué tipo de inmigrante quiere?

R. Es muy difícil dar reglas generales. Todos los países quieren técnicos en informática. Pero el campo andaluz, por ejemplo, no necesita mano de obra tan preparada. Alemania tiene mucha oferta en hostelería, España la tiene en el campo y Portugal en la construcción. Hay que ajustar la inmigración a la demanda del mercado de trabajo. El asunto del territorio de origen es muy delicado. No es legítimo discriminar por el origen, pero reconozco que inmigrantes con lazos culturales y lingüísticos son un factor de estabilidad. El ecuatoriano en España es una puerta para otro futuro ecuatoriano. Ahora todo es más complejo. Basta ver lo que ocurre con la inmigración subsahariana que pasa por Marruecos, la ucrania, la procedente de Asia Central...

P. Y la procedente de países musulmanes, que, tras el 11-S, ha despertado mayores suspicacias en Europa.

R. El 90% de los europeos tiene miedo a un atentado terrorista, porque el 11-S ha originado un cambio en la conciencia colectiva, un sentido de miedo e inseguridad. Y ese miedo aflora en aspectos tan delicados como la integración de inmigrantes musulmanes. Pero hay que ser fieles a los valores y luchar contra todas tendencias racistas y xenófobas. La política de integración debe basarse en un contrato en el que se reconozca y acepte la diferencia y, a la vez, deje claras las obligaciones y el respeto a nuestros valores comunes: los derechos humanos, las democracias pluralistas o la igualdad entre hombre y mujer. La integración pasa, sin transigencia alguna, por la aceptación de esos valores.

P. Tras el 11-S y el alza de partidos xenófobos, media docena de Gobiernos europeos han anunciado que endurecerán sus leyes de inmigración.

R. Comprendo la reacción de los Gobiernos porque hay un problema. Pero debe haber equilibrio entre represión y colaboración. Una política sólo para garantizar la seguridad no soluciona los problemas. Y tampoco la visión ultraliberal de puertas abiertas, que considero equivocada y potencialmente trágica.

P. Antes del fin de año se va a revisar la lista de los países a los que se exigirá visado ¿Es un paso más en el terreno represivo?

R. La mayoría de inmigrantes ilegales entran en la UE con un visado legal y, una vez expirado, se convierten en clandestinos. Hay que estudiar la procedencia y la frecuencia sin olvidar que son embajadas europeas las que conceden esos visados.

P. ¿También con respecto al asilo se camina hacia un endurecimiento de las normas?

R. Ha habido un gran abuso del sistema de asilo, utilizado por inmigrantes económicos que no podían entrar por la vía legal. Debemos tener normas comunes de concesión y hacerlo de forma más rápida y coordinada. La reforma prevista no es ni más represiva ni más progresista.

P. ¿Qué propone hacer con los más de tres millones de clandestinos que ya hay en Europa?

R. En los Estados hay un nivel de tolerancia muy alta con los inmigrantes ilegales.

P. Es una situación un tanto hipócrita.

R. Es sobre todo la prueba clara de la necesidad de una política legal de inmigración. Estoy en contra de todas las demagogias y sé que una política de inmigración legal no va a acabar con la ilegal. Pero una política de inmigración con reglas claras da a los inmigrantes la oportunidad de integrarse y a nosotros, más seguridad.