El tribunal islámico absuelve a Safiya, pero otra nigeriana es condenada a la lapidación
La ejecución de la nueva víctima se aplaza hasta que deje de amamantar a su hija
'Hoy soy feliz. Doy gracias a Dios', dijo ayer Safiya Hussaini a la salida de la vista celebrada en Sokoto (Nigeria) donde el tribunal islámico de apelación desestimó condenarla a lapidación por adulterio. El alto tribunal respondió así al recurso de Safiya y a la campaña de las ONG que, dirigida por Amnistía Internacional, exigió la absolución de la mujer. Sin embargo en Katsina, otro estado nigeriano, un tribunal islámico ha condenado a Amina Lawal a morir a pedradas por adulterio. El juez retrasará ocho meses la ejecución para que Amina dé el pecho a su hija, nacida de la relación.
Nada más salir de la sala de apelación y con una amplia sonrisa, Safiya, de 35 años, se acercó a su hija, Adama, y la acarició. Adama, de un año, es el fruto de la relación que sirvió a los jueces del tribunal islámico de Sokoto (norte de Nigeria) para inculparla por adulterio en octubre pasado. La falta de asistencia letrada y el hecho de que la sharía (ley islámica) -adoptada desde hace dos años en once estados norteños de Nigeria y aplicada en el juicio- no estuviera en vigor cuando Safiya mantuvo las supuestas relaciones adúlteras sirvieron a la defensa para apelar la primera sentencia. La causa fue revisada ayer por el tribunal de apelación de Sokoto, que finalmente absolvió a Safiya.
La alegría por la liberación de Safiya Hussaini se vio ayer empañada al conocerse que otro tribunal islámico, esta vez de Bakori, en el estado norteño de Katsina, había condenado el viernes pasado a morir lapidada a Amina Lawal, aldeana de 35 años, por adulterio probado por el nacimiento de una hija el pasado enero. La mujer, que dispone de 30 días para apelar, estaba divorciada desde finales de 2000, y reconoció en el juicio su relación con Yahaya Mohammed durante los últimos meses porque la había prometido casarse si consentía tener relaciones sexuales.
Mohammed admitió ante el tribunal las relaciones con Amina, pero negó que hubieran sido sexuales. El tribunal retiró los cargos contra él debido a que Amina no pudo presentar los cuatro testigos que exige la ley islámica, lo mismo que le sucedió a Safiya en su día. Amina, que tuvo a la niña a principios de 2002, fue detenida el 4 de marzo por vecinos de su pueblo, Kurami.
La sentencia por condena a lapidación se basa en la declaración de la inculpada y en la prueba de la hija nacida fuera de matrimonio. En un acto de generosidad, el tribunal ha otorgado a Amina ocho meses de plazo antes de la ejecución de la sentencia para que pueda dar el pecho a su hija. En caso de no haber apelación, la condena tendrá que ser aprobada por un consejo de Estado sobre la interpretación de la sharía y por el gobernador del Estado de Katsina, Umar Musa Yar' Adua, próximo al presidente del Estado Federal, Olusegun Obasanjo, y conocido por su actitud moderada ante la aplicación de la ley islámica.
Los rasgos de este nuevo juicio parecen un calco del celebrado contra Safiya, quien pese a la condena pudo volver momentáneamente a su pueblo, Tungar Tudu, a 30 kilómetros de Sokoto, para cuidar de la pequeña Adama y de sus otros cuatro hijos.
La ignorancia de las leyes y la falta de abogado hacen que estas mujeres caigan en aceptar haber mantenido relaciones extramatrimoniales. En el caso de Safiya, con un primo, de 60 años y casado con dos mujeres, que negó la relación bajo juramento y fue absuelto. También la hija de esa relación sirvió de prueba al tribunal para inculparla por adulterio.
Orientada por su abogado, Safiya declaró que su hija, Adama, era fruto de relaciones mantenidas con su anterior esposo, argumento que la amparaba, ya que la interpretación de la sharía permite al matrimonio disuelto mantener relaciones sexuales hasta siete años después de producido el divorcio.
Desde octubre pasado, que se conoció la sentencia a muerte por lapidación de Safiya, las ONG, con una intensa campaña liderada por Amnistía Internacional, que recogió sólo en España y en una semana más de 600.000 firmas en defensa de la vida de la acusada, exigieran al Gobierno federal de Nigeria, que intercediera ante el tribunal de apelación que decidía ayer sobre la suerte de la mujer.
La presión internacional hizo que el Gobierno nigeriano optara por enfrentarse a los tribunales de los once estados del norte del país donde se aplica la sharía como código penal. El pasado 18 de marzo, el ministro nigeriano de Justicia, Kanu Agabi, advirtió a los gobernadores de esos estados que la estricta aplicación de la ley islámica es ilegal y contraria a la Constitución del país.
