La izquierda reclama que la escuela pública enseñe el hecho religioso 'sin confesionalismos'

Expertos del PSOE reiteran que la situación de los profesores de catolicismo es 'inadmisible'

Madrid - 25 mar 2002 - 00:00CET

Los obispos católicos, enfadados y contrariados, exigen más, la izquierda cree que el Estado español ya les cedió demasiado y el Gobierno y el PP han optado por dar la callada por respuesta después de haberles favorecido en el polémico asunto de la contratación del profesorado de religión. Éste es el ánimo con que los protagonistas del debate sobre la enseñanza del hecho religioso en la escuela pública han recibido el anuncio de reformas para elevar la calidad de la educación no universitaria. Un grupo de expertos, reunidos por la Fundación Pablo Iglesias para discutir sobre el tema Religión y escuela pública, concluye que el actual modelo, incluso el que afecta a la asignatura alternativa a la religión, es insostenible, inconstitucional y contrario al sentir mayoritario de los ciudadanos.

Más información

Del Castillo: "La alternativa única a la Religión es compartida por la sociedad"

Zapatero se compromete a que España sea un país 'más laico'

El fracaso escolar se redujo en España del 37% al 23% en la última década

Según los analistas convocados por la entidad que lleva el nombre del fundador del PSOE, 'la sociedad española es sociológicamente distinta de la de 1979, año en que se firmaron los Acuerdos con la Santa Sede', en referencia a la segunda reforma que, muerto el dictador Francisco Franco, se introdujo al Concordato de 1953 entre España y el Estado de la Santa Sede. [La primera reforma se acordó entre los dos Estados en Roma el 28 de julio de 1976, por tanto, antes de las primeras elecciones libres, celebradas el 15 de junio de 1977, y de la aprobación de la Constitución, el 6 de diciembre de 1978].

El acuerdo bilateral de 1979 sobre 'enseñanza y asuntos culturales' contempla que los planes educativos deben ofrecer clases de religión católica en todos los centros. Los alumnos son libres de asistir a esas clases, que serán impartidas por profesores seleccionados y nombrados por los obispos y, desde 1999, contratados y pagados directamente por el Estado. Este último punto es objeto de severas polémicas y correcciones judiciales a consecuencia de despidos sentenciados ya como improcedentes. Otro aspecto polémico es la clase alternativa a la de religión, que los obispos piden que sea evaluable y curricular.

'Fracaso' de la alternativa

Lo que los expertos del PSOE concluyen, después de seis jornadas de debate, es que la sociedad española en 2002 es 'más plural, heterogénea, multicultural y secularizada' que la de 1978, y que ahora existen confesiones distintas a la católica, que representan a minorías religiosas crecientes que reclaman los mismos derechos que los obispos de Roma. 'La sociedad está preocupada por el lugar que deben ocupar las creencias religiosas dentro del marco de los valores cívicos', concluyen antes de proclamar 'el fracaso de la alternativa actual a la enseñanza de la religión'.

'Es preciso hacer propuestas en una dirección distinta', dicen los especialistas convocados por la Fundación Pablo Iglesias. 'Se deben incorporar como currículo básico de la educación no universitaria contenidos que permitan conocer, como cultura y eficaz instrumento educador en la tolerancia, el hecho religioso explicado sin confesionalismos, según la metodología científica e histórica, por profesores seleccionados por la Administración educativa, en razón de requisitos de titulación, mérito y capacidad', dicen. En su opinión, el currículo de una materia reglada, compuesto por conocimientos, procedimientos y evaluación objetiva, 'es algo de naturaleza distinta e incompatible con una formación religiosa de carácter confesional', que en el fondo y la forma articulada por los obispos no es más que una catequesis asentada en la escuela pública.

La propuesta de los expertos es que 'la enseñanza confesional de la religión por profesores seleccionados por las confesiones religiosas que deben ser testimonios de su fe, podría impartirse en los centros escolares fuera del horario académico lectivo, como materia no evaluable'. 'En todo caso', añaden, 'la situación de los profesores de religión católica en la enseñanza pública es inadmisible, porque no se les respetan los derechos fundamentales establecidos en el Estatuto de los Trabajadores, hasta tal punto que, siendo trabajadores contratados y pagados por el Estado, pueden perder el empleo sin requisito alguno y por la voluntad unilateral de un obispo, sin audiencia al interesado y sin indemnización alguna'.

En los debates previos a estas conclusiones participaron Dionisio Llamazares, catedrático de Derecho Eclesiastico del Estado; Amparo Valcarce, diputada del PSOE; Juan López Martínez, inspector de Educación; Luis Gómez Llorente, catedrático de Filosofía; Eulalia Vaquero, presidenta de la Confederación de Padres y Madres de Alumnos, CEAPA; Victorino Mayoral, presidente de la Liga de la Educación y de la Cultura Popular; Luis Guridi, presidente de la Federación Estatal de Profesores de Religión; José Ignacio Ferreras, escritor; José Luis Corzo, teólogo, y Rogelio Blanco, escritor.

Las páginas de Educación no se publican el próximo lunes por las vacaciones de Semana Santa.

El laicismo, seña de identidad

Una de las secuelas del férreo nacionalcatolicismo que impuso la dictadura del general Francisco Franco es el desprestigio del laicismo. La consecuencia fue que en la revisión del ventajosísimo Concordato de 1953 la Iglesia católica mantuvo privilegios ahora impensables, a cuenta del esfuerzo de los Gobiernos de turno para evitar enfrentamientos con el viejo poder fáctico que ya señaló Cervantes. No topar con la Iglesia, en definitiva, fue un gesto de prudencia que marcó toda la transición. Los dirigentes socialistas actuales, con José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza -que ya reivindicó lo laico en su primer discurso como líder socialista, hace más de un año-, quieren reforzar el laicismo como una de las 'señas de identidad de la izquierda', en palabras de la diputada Amparo Valcarce. Lo laico frente a la 'fuerte ola conservadora' actual, propuso Valcarce en la Fundación Pablo Iglesias, antes de subrayar 'la incomodidad' que a los socialistas les produce 'el insuficiente tratamiento de la educación ético-cívica en la escuela, es decir, la deficiente formación en valores que niños y jóvenes reciben en los centros educativos'. 'Para los socialistas es irrenunciable que religión y educación ético-cívica no compitan entre sí', dijo la portavoz parlamentaria del PSOE en temas educativos. Después de asumir que 'parece que se hace imposible el diálogo con la jerarquía católica', Valcarce subrayó, sin embargo, la 'necesidad de un consenso básico'. 'Hoy se hace imprescindible un debate nacional sobre la enseñanza de la religión en la escuela pública, y alcanzar un consenso básico entre Gobierno y oposición, y [con] la jerarquía católica, pero también con el resto de confesiones religiosas', dijo. Según Valcarce, 'la opinión pública debe conocer que la enseñanza de la religión y su alternativa cuestan a las arcas del Estado, por lo tanto al bolsillo de todos los españoles, 900 millones de euros'. Y se hizo estas preguntas: ¿Estamos dispuestos a engordar esa factura? ¿Estamos dispuestos a renunciar a mejoras del sistema educativo como nuevas tecnologías, idiomas, etc., porque hay que dedicar más recursos a la religión católica y al islam?

El disgusto de los obispos

L a Iglesia católica exige cambios radicales en el carácter académico de la enseñanza de la religión -ahora evaluable, pero no computable para la nota media ni la selectividad- y, sobre todo, requiere reformas en la categoría académica y en los contenidos de la asignatura alternativa. Respecto al estatus de los profesores que imparten esa materia, los obispos no quieren oír hablar de cambios, exactamente lo contrario de lo que reclaman partidos y sindicatos de izquierda, que acusan a la jerarquía eclesiástica de tratarlos como a meros catequistas. El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Antonio María Rouco, reconoce, en cambio, que las mejoras que reclaman los prelados son inviables sin un consenso previo que, al menos, incluya al PP y al PSOE. Pero si los prelados desesperan con la posición de los socialistas, tampoco están contentos con el Gobierno de Aznar, del que en varias ocasiones han confesado esperar mucho más tras la primera victoria electoral del PP en 1996. Esta misma semana, la archidiócesis de Madrid, que lidera Rouco y que agrupa a otros siete obispos -los prelados de las diócesis de Alcalá y Getafe, más cinco auxiliares del cardenal-, ha hecho pública su opinión crítica sobre el documento de bases para una Ley de Calidad, presentado por la ministra de Educación, Pilar del Castillo.

'De religión, nada'

Entre otros reproches, la poderosa Iglesia madrileña le dice al Ejecutivo del PP que esa futura ley no tiene en cuenta los principios básicos 'para hacer efectiva la libertad de enseñanza', adolece de 'silencios clamorosos' sobre la formación religiosa y, para colmo, trata de una manera 'residual' -'seis líneas y nada más', afirman- a los centros concertados, sostenidos con fondos públicos. La 'nota' de la archidiócesis fue redactada por la secretaria general de esta poderosa provincia eclesiástica, María Rosa de la Cierva y de Hoces, a su vez miembro del Consejo Escolar del Estado, un organismo institucional que asesora al ministerio. Y su preocupación principal se refiere a la enseñanza de la religión. 'Cuando se enumeran las áreas [educativas] no aparece la religión. En bachillerato sí se considera la ética como asignatura común, pero de religión, nada. En todo el documento de bases no encontramos alusión alguna a la religión', reprochan los prelados.