La impunidad arruina a México

Un empresario español derrotó a un empleado querellante con una corbata de ratones de colores -fue el precio que le puso el juez para fallar a su favor-, y en una oficina de renovaciones de carnés de conducir, el sinvergüenza de turno garantizaba el examen médico por 5.000 pesetas. Igual daba que el examinando fuera ciego o acudiera borracho. 'Yo sí que voy a mochar [a pagar] porque hace unos días me eché unos pericazos [drogarse]'. Pagaron 40: todos los presentes. El difunto narcotraficante Amado Carrillo abonaba 40.000 dólares por credenciales de policía, y no pocas empresas extranjeras incorporan una partida para sobornos.

La impunidad, más grave que la corrupción, alcanzó en México índices del 95% al 98% a lo largo de los años, y los resultados del combate del Gobierno del presidente Vicente Fox en su contra son todavía escasos, según opinó en una conferencia de prensa el relator especial de la ONU sobre independencia judicial, Param Cumaraswamy, al término de una visita de inspección de diez días. Hay que darle más tiempo, pidió el funcionario internacional. La detención, la pasada semana, del ex gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva, acusado de enriquecerse con el narcotráfico, insufló un poco de aire al Ejecutivo que lleva a cabo la transición más importante en casi un siglo.

La cruzada es ardua porque la corrupción creó cultura en México, y en la mayoría de los países de América Latina, y causa decenas de miles de millones de dólares en pérdidas; igualmente descorazona a los mexicanos probos, e impide la construcción de un verdadero Estado de derecho al afectar especialmente al poder judicial, generalmente rendido cuando el cañonazo de dólares fue de grueso calibre. La lucha contra el narcotráfico, declaró en Ciudad de México Donnie Marshall, director del Departamento Estadounidense Antidroga (DEA), está condenada al fracaso si persiste la corrupción institucional, y la penetración de los carteles en la Administración de Justicia.

El pasado 1 de diciembre, después de los 71 años de hegemonía corporativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI), un nuevo presidente, Vicente Fox, fue investido prometiendo acabar con la corrupción oficial en sus seis años de mandato. Los imponderables legales y otros de carácter político, las estrechas relaciones de supuestos delincuentes de guante blanco con centros de poder, la complejidad en suma del problema, retrasan el ajuste de cuentas. Otras razones parecen más pedestres: los salarios son bajos y la burocracia podrida completa la soldada con corruptelas de vieja data, las mañas adaptadas a los nuevos tiempos.

El Gobierno de Fox ha ejecutado redadas meritorias en ministerios, oficinas gubernamentales y aduanas, y enarbola legítimamente la decencia como divisa porque ganó las elecciones limpiamente; hasta ahora son decenas los narcos detenidos y cientos los funcionarios apartados de sus cargos o sujetos a investigación. Fox corre el peligro, no obstante, de agotar el entusiasmo despertado por el cambio, de no aplicar los castigos ejemplares reclamados. 'Habría que aplicar la presunción de culpabilidad', pedía un desesperado.

Las estadísticas ponen los pelos de punta. Cada año se introduce ilegalmente en México el 20% de las importaciones, un promedio de 30.000 millones de dólares, cifra equivalente a tres veces las exportaciones anuales de petróleo, según la Confederación de Cámaras Industriales. Mención aparte merecen las disposiciones aplicadas por anteriores ejecutivos al socaire de crisis financieras o de programas de ajuste. No pocas favorecieron a nacionales que en lugar de recompensar las mercedes recibidas con la creación de riqueza huyeron a la carrera con el botín.

Evadiendo o robando

Fugitivos unos reos, blindados otros, lo cierto es que ni el Gobierno de Ernesto Zedillo (1994- 2000), que aplicó el rescate bancario de 1995, superior a los 65.000 millones de dólares y convertido, de hecho, en deuda pública, ni el actual, han hecho todavía justicia con quienes lucraron desaforadamente a costa de la ruina de millones. Antes de aceptar los sacrificios fiscales pedidos por la presidencia de Fox para recaudar más y reducir las abismales diferencias sociales existentes, la opinión pública agradecería la cárcel para quienes llegaron a ricos evadiendo o robando.

Policías secuestradores o extorsionadores, subasta de ventanillas de aduanas, preferentemente en la frontera norte para esquilmar a los compatriotas emigrantes en EE UU, o la falsificación de licenciaturas en transplantes de corazón o energía nuclear forman parte de una negra tramoya que arruina el erario, dañan la imagen nacional e hipotecan su futuro. 'En el México actual, casi todos mienten', llegó a afirmar Jorge Carpizo, ex secretario de Gobernación y ex procurador general de la República.