La orden de detención contra Netanyahu, una decisión dolorosa en lo práctico y lo simbólico

Poco después de que el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, solicitase a los jueces este lunes emitir órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, un hombre se dirigía con la bandera nacional a una manifestación en Jerusalén (convocada días antes del anuncio) para pedir a Netanyahu que dimitiera y adelantase las elecciones. Entonces, un taxista abrió la ventanilla para increparlo.

― “¡Solo Bibi!”, le gritó, usando el nombre con el que se conoce popularmente a Netanyahu.

― “Nos vemos en La Haya”, respondió el manifestante.

La Haya es donde tiene su sede el TPI y Khan aseguró que tiene “motivos razonables para creer” que Netanyahu y Gallant son “penalmente responsables” de crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza. Tras más de siete meses de invasión, los más de 35.000 muertos (en su mayoría mujeres y niños), los constantes desplazamientos forzosos de población (ahora mismo en Rafah, de 900.000 personas) y el hambre como arma de guerra han dejado a Israel en una situación inédita.

No solo por el simbolismo de pedir a la vez el arresto de dos de los políticos más destacados de Israel y el de tres líderes de Hamás (Yahia Sinwar, Mohamed Deif e Ismail Haniya), sino también por situar al país en un cajón internacional poco favorecedor, que choca frontalmente con la idea que tiene de sí mismo y que suele plasmar en frases como “luz en medio de la oscuridad” o “el país con el ejército más moral del mundo”. “Una mansión en la jungla”, lo solía definir Ehud Barak, primer ministro entre 1999 y 2001.

Si los jueces aceptasen la petición del fiscal jefe, Netanyahu y Gallant serían los primeros líderes de una democracia con una orden de arresto por un tribunal normalmente asociado —una de las críticas que recibe con más frecuencia— a los procesos a dictadores africanos, como el exjefe de Estado sudanés Omar al Bashir o, en 2023, al presidente ruso, Vladímir Putin. Todo un shock para un país que se jacta de encuadrarse en Occidente y cuyos principales aliados son Estados Unidos y países europeos como Alemania y el Reino Unido.

“No estoy preocupado”

“No estoy preocupado por viajar, ni para nada por nuestro estatus de Israel. Creo que el fiscal debería estar preocupado por su estatus, porque realmente está transformando el TPI en una institución paria. La gente no va a tomarlo en serio”, ha señalado Netanyahu este martes en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense ABC. Con sede en La Haya, el tribunal juzga a los máximos responsables, no a Estados.

Bill Van Esveld, director asociado interino de Israel y Palestina en la ONG estadounidense Human Rights Watch, cree que, aún sin estar relacionados, los procesos paralelos en los dos tribunales de La Haya —en el TPI contra personas individuales y en el Tribunal Internacional de Justicia, de la ONU, por genocidio, contra Israel como Estado— pueden presionar al resto de países a dejar de proveerle armamento. “Si bien no existe una conexión legal directa, va a ser cada vez más arriesgado para los terceros países seguir enviando armas sin ser asociados de una u otra manera a delitos tan graves” como los presuntamente cometidos por los líderes israelíes: exterminio, uso del hambre como arma de guerra o muerte de civiles de forma voluntaria, señala por teléfono. Van Esveld recuerda además que el fiscal podría pedir el arresto de otros dirigentes, y no solo por lo acontecido desde el 7 de octubre. O añadir delitos.

Este martes, en su primera reacción a la petición de su detención, el ministro de Defensa ha recordado que “el Estado de Israel no es parte del Tribunal Penal Internacional ni reconoce su autoridad”. Tampoco su principal aliado, Estados Unidos ―cuyo presidente ya ha calificado de “escandalosa” la decisión―. Ni otras potencias como China, India o Rusia.

Pero sí lo son otros 124 Estados, entre ellos todos los países de la Unión Europea o el Reino Unido. Londres y Berlín han salido a criticar el anuncio del fiscal, pero todos los firmantes del Estatuto de Roma (que dio a luz al tribunal en 2002) estarían obligados en teoría a arrestar y entregar a La Haya a Netanyahu y Gallant en su suelo. Los dirigentes israelíes padecerían las consecuencias prácticas de una orden de detención precisamente porque su país no tiene estatus de apestado internacional y cuenta con importantes apoyos políticos en Europa, sostén histórico del TPI. El Estado judío, además, tendría obstáculos para reorientar su diplomacia, porque carece de relaciones con parte de los no firmantes, como Irán o países árabes que no lo reconocen; o de un vínculo particularmente estrecho con Pekín o Moscú. Sí lleva años estrechando su relación (muy basada en la venta de armas) con otros países de creciente peso, como la India o Azerbaiyán.

Hasta ahora, los aliados de Israel le han evitado la foto del arresto. El caso más significativo es el de Tzipi Livni. Era ministra de Exteriores del Gobierno de Ehud Olmert durante la primera gran ofensiva israelí en Gaza, Plomo Fundido, que dejó 1.400 muertos en 23 días de 2008 y 2009.

Ese último año, a petición de un grupo de activistas, un tribunal británico emitió una orden de detención contra Livni por presuntos crímenes de guerra y esta acabó anulando el viaje. En 2011 las autoridades británicas concedieron inmunidad automática a todos los israelíes en visita oficial. Cuatro años más tarde, Livni iba a emprender su primera visita al país desde entonces, pero como ya no ocupaba cargo público alguno (solo lideraba el partido Kadima), no le amparaba esa inmunidad. El Gobierno de Londres echó entonces mano de una herramienta excepcional: certificó que iba en “misión especial”, invitada por el entonces ministro William Hague. Le dio inmunidad, según la jurisprudencia, y frenó la presentación ante la justicia de una nueva orden de arresto.

Hamás tiene, en cambio, poco que perder. Está aislado internacionalmente (pese a su victoria electoral en Gaza de 2006), en particular desde la brutalidad de su ataque del 7 de octubre. Estados Unidos y la UE consideran a este movimiento fundamentalista como una organización terrorista. Haniya, su líder político y uno de los tres cuyo arresto ha pedido el fiscal, reside en Qatar, que no ha firmado el estatuto. Y, aunque la orden afectaría a su capacidad de moverse por el extranjero, la mayoría de países que visita, como Turquía, Líbano o Irán, tampoco son firmantes del estatuto. Los otros dos líderes de Hamás (Sinwar y Deif) cuyo arresto pide el fiscal están en paradero desconocido, previsiblemente escondidos en túneles de Gaza.

El Estado de Palestina sí reconoce al tribunal. Desde 2015, tres años después de su ingreso como Estado no miembro en Naciones Unidas. Justo la misma cámara que tendrá que estudiar las nuevas órdenes de arresto determinó en 2021 que el tribunal tiene jurisdicción en el territorio palestino internacionalmente reconocido: Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Los crímenes por los que el tribunal pide el arresto de los líderes de Hamás no tuvieron lugar allí, sino dentro de Israel, pero el TPI es competente porque los cometieron palestinos.

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