El Supremo retrasa su decisión sobre el procesamiento de Pinochet

Los abogados querellantes iniciaron ayer una doble e intensa batalla jurídica: presentaron una apelación en la Corte Suprema para revocar la anulación del auto de procesamiento de Augusto Pinochet, y una segunda en la Corte de Apelaciones para conseguir que el examen mental y neurológico del ex dictador se practique en un centro médico público, y no en el hospital militar. La defensa de Pinochet rechaza ambas e intenta evitar que sean designados peritos de la defensa para el reconocimiento de Augusto Pinochet.

Resultado incierto

Los cinco magistrados de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Chile deberán proseguir hoy con la vista oral, pues aún faltan de escuchar varios alegatos de querellantes y defensores. En cambio, los tres jueces de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones dejaron pendiente su resolución. Después de que estos recursos sean resueltos, el presidente Ricardo Lagos tiene previsto convocar una reunión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), integrado por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el director de Carabineros, más el propio jefe del Estado y los presidentes del Senado, Corte Suprema y el contralor (fiscal) del Estado, acogiendo una petición que le hicieron los militares. Éstos se encuentran preocupados por los juicios que afectan a uniformados en retiro y en activo acusados de violaciones de los derechos humanos, además del curso del caso Pinochet.

Sea cual sea el resultado judicial, la contienda legal proseguirá; si los querellantes pierden el recurso en el Supremo y no logran que prosiga el procesamiento del ex dictador, solicitarán al juez Juan Guzmán que interrogue al general cuanto antes, subsane así el tecnicismo que permitió la anulación del procesamiento y que le vuelva a declarar reo. Y si triunfan, pedirán que Pinochet sea de inmediato confinado en su domicilio y fichado, como les ocurre a otros procesados.

La defensa se concentrará en la batalla de los exámenes médicos, confiando en que éstos determinen que Pinochet no se halla en condiciones de salud para ser sometido a juicio.

Cuatro abogados querellantes -Carmen Hertz, Alfonso Insunza, Eduardo Contreras y José Galiano- defendieron ayer las alegaciones ante el Supremo. Aunque sólo uno de los cinco magistrados votó en contra del desafuero de Pinochet, esta sala se ha mostrado rigurosa en las causas que afectan a los derechos humanos. Fuentes jurídicas consideran incierto el resultado, pues dos de sus actuales componentes se incorporaron ayer.Para refutar la resolución de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones (que por tres votos a cero anuló el auto de procesamiento de Guzmán basándose en que Pinochet no fue interrogado previamente por el juez sin tener en cuenta el exhorto enviado a Londres) Hertz argumentó que un senador puede ser sometido a interrogatorio, porque su fuero sólo lo protege del sometimiento a proceso y de una detención. "La declaración indagatoria que se impugna es apropiada legalmente", afirmó. La Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Santiago decidirá entre hoy y mañana sobre otros dos recursos distintos después de que ayer alegaran dos abogados querellantes, Hugo Gutiérrez y Juan Bustos, y un defensor, Ambrosio Rodríguez. Los querellantes recurrieron de la decisión de Guzmán de que los exámenes de Pinochet sean en el hospital militar, que pertenece al Ejército, y pidieron que se practiquen en el hospital clínico de la Universidad de Chile. A su vez, la defensa apeló la resolución de Guzmán de que cada parte nombre un perito que acompañe a los médicos designados a los exámenes, por estimar que éstos pertenecen a la esfera privada de los pacientes.