Medidas de ahorro para una gruesa factura

Los pacientes de la sanidad pública ya saben lo que es renunciar a la financiación de algunos de los fármacos usados para dolencias menores. El Gobierno socialista aprobó en 1993 un real decreto de "financiación selectiva de medicamentos" que los españoles bautizaron inmediatamente con el más expresivo término de "medicamentazo". Desde ese año, algunos analgésicos, anabolizantes, antiflatulentos y cremas para dermatitis leves se podían seguir adquiriendo en la farmacia, pero pagando el 100% de su precio; sin ayuda pública.El anuncio oficial se hizo el 28 de septiembre de 1991, cuando era ministro de Sanidad y Consumo el socialista Julián García Valverde. La intención del ministerio era reducir el incremento público del gasto farmacéutico, que se situaba entonces en el 16% anual; y conseguir que sólo creciera un 8% en una primera fase.

El 22 de enero de 1993, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto por el que cerca de 800 medicamentos quedaban excluidos de la receta de la Seguridad Social, presentado ya por el ministro José Antonio Griñán. Dicho real decreto sobre "financiación selectiva de medicamentos" fijaba dos listas de fármacos. La primera de ellas recogía tres grupos terapéuticos que quedaban definitivamente excluidos de la receta pública. La segunda ampliaba el número de productos de pago reducido -para enfermos crónicos-, pero elevaba la aportación de los pacientes al 10% de su coste, si bien éste no podría superar las 400 pesetas.

En términos económicos, los cerca de 800 productos excluidos supusieron en 1991 más de 22.000 millones de pesetas, por lo que las expectativas de ahorro eran también ambiciosas. No obstante, la cantidad resulta pequeña si se la compara con el montante global de la factura farmacéutica de ese año: 725.000 millones de pesetas. Esa cifra superaba el presupuesto destinado entonces al Ministerio de Defensa.

Los productos excluidos se caracterizaban por su bajo coste, y estaban clasificados en tres grupos:

1.- Higiene o síntomas dermatológicos. Dermopatías menores, como verrugas y callosidades, también champús medicinales para la caspa y preparados dermatológicos para la sudoración excesiva.

2.- Suplementos alimenticios, anabolizantes y productos contra la obesidad.

3.- Síntomas menores: antifiatulentos y antiácidos, protectores hepáticos, antiestamínicos tópicos, antisépticos, descongestivos y preparados oftalmológicos.

El 6 de abril de 1993 se publicó la orden ministerial que regulaba la selección de medicamentos, la denominada lista negativa de 740 fármacos excluidos de la Seguridad Social. Esta orden entró en vigor el día 25 de julio de ese mismo año.

Los representantes de los colegios médicos contestaron fuertemente el contenido del Real Decreto desde sus primeras redacciones, ya que entendían que la medida restringía la libertad de prescripción de los facultativos. Por este motivo llegaron incluso a recurrir la normativa. A última hora, consiguieron de Sanidad el compromiso de elaborar unas recetas especiales para que los médicos pudieran seguir prescribiendo medicamentos no subvencionados, aunque los tuviera que pagar el paciente. Tampoco Farmaindustria acogió bien la medida. Veinte laboratorios quedarían, dijeron, gravemente perjudicados.

IU criticó el real decreto porque, a su juicio, suponía la agresión a unos derechos sociales adquiridos y a pensionistas y enfermos crónicos.

La reacción del PP, que acogió con entusiasmo el nuevo término de medicamentazo, fue virulenta. Su entonces portavoz de sanidad, Enrique Fernández Miranda, en una entrevista publicada en Abc, llegó a prometer la anulación del medicamentazo: "Nosotros vamos a volver a incluir todos los medicamentos ahora excluidos. Todo el arsenal terapéutico, todo medicamento que esté registrado, debe estar a disposición del médico y del paciente, y el que no valga, que se retire".

Con el tiempo, el PP terminó pidiendo excusas públicas por su actitud, máxime cuando el ministro de Sanidad del Gobierno de José María Aznar, José Manuel Romay, apostó, recién llegado al cargo en junio de 1996, por medidas de racionalización del gasto farmacéutico, lo que los socialistas aplaudieron. No obstante, Ángeles Amador, portavoz de Sanidad del PSOE, explicó que apoyaba la medida siempre que se tratase de racionalizar el uso del medicamento, no de una mera medida dé ahorro.

Lo cierto es que el medicamentazo, añadido a otras medidas de ahorro -control del fraude o control del gasto farmacéutico en los hospitales- ha conseguido contener la factura pública, que de aquel aumento anual del 16% anual de 1991 ha pasado al 4,7% en el último ejercicio (en el territorio competencia del Insalud). El gasto farmacéutico del sistema nacional de salud se eleva actualmente a unos 830.000 millones.