Una complicada y lenta transición

La Comunidad Valenciana vive la reforma que atraviesa el sistema educativo español con una peculiaridad: la lentitud. "Es la última comunidad en tener el reglamento orgánico de centros, la última en destinar a sus funcionarios de carrera y la última en la aplicación de la reforma", resumen las centrales sindicales. "Estamos en proceso de transición", admite la Administración autónoma del PP, que en julio ha cumplido dos años al frente de la Generalitat.En este tira y afloja, que ha tenido momentos tensos esta última semana, más de 450.000 alumnos de primaria y primer ciclo de ESO prepararon ayer sus mochilas para volver a las aulas.Los mayores, los 250.000 jóvenes de segundo ciclo de ESO, el viejo BUP, el nuevo bachillerato, COU y los ciclos de FP se dividen entre los que alargarán las vacaciones hasta el 25 de septiembre, cuando arrancan las clases, y los que están haciendo los exámenes de recuperación.Mientras, continúan las maratonianas jornadas para lubricar la pesada maquinaria escolar. Aún falta por fijar las plazas de 3.000 profesores que, a 10 días de que inicie el curso, desconocen aún su destino.

La presentación de los libros de texto revisados, el miércoles pasado, ha desatado una tormenta más política que académica. La decisión de la Generalitat de ceder a las presiones secesionistas de su socio de gobierno, la nacionalista y conservadora Unión Valenciana, borrando de los libros escolares el origen catalán del valenciano, ha desatado el último conflicto.

Oposición y sindicatos han criticado la actitud "censora" del PP y la han calificado incluso de "violación de la libertad de catédra". El tono de los populares para acallar a las editoriales que han denunciado sottovoce, por miedo a represalias, las presiones para que se borrara todo lo que huela a catalán, ha sido la imagen última de una batalla que el Ejecutivo califica de "apuesta por la calidad de la enseñanza pública".