El fiscal general de Nicaragua se opone que los Somoza recobren sus bienes
El procurador general (Fiscal general) de Nicaragua, Julio Centeno, anunció ayer que se opondrá con todos los argumentos legales a la devolución de los bienes reclamados por la familia del desaparecido dictador Anastasio Somoza, así como a indemnizar a sus herederos.La batalla legal ya ha comenzado con las habituales escaramuzas judiciales. El Gobierno de Managua trata de evitar los perjuicios económicos para los actuales titulares de los bienes confiscados a la dinastía Somoza en julio de 1979, tras la victoria de la revolución sandinista, muchos de los cuales son inversores extranjeros.
"No sólo el Estado se va a enfrentar a una serie de situaciones difíciles contra la familia Somoza, sino también particulares e inversionistas extranjeros", admitió el procurador. "Va a ser una locura", reconoció. Así, los Somoza tratarían de recuperar el 50% de las acciones del complejo turístico Montelimar, adquirido por el grupo hotelero español Barceló en 1993, o las acciones del hotel Intercontinental, que están en manos de empresarios taiwaneses.
La comunidad financiera internacional ya ha dado muestras de su preocupación por el desenlace y las repercusiones del juicio en esta nación centroamericana. Durante una reunión celebrada la noche del pasado lunes por el vicepresidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, el procurador general y diplomáticos occidentales, el embajador de Alemania, Ulrich Shóning, preguntó qué haría el Gobierno en el caso de que los demandantes lograran una sentencia favorable, puesto que acarrearía "una fuerte discusión internacional.
Confiscación sandinista
La familia Somoza va a recurrir a los tribunales para pedir la nulidad de todas las confiscaciones. La vía administrativa ya le fue denegada en 1990. En julio de 1979, el Gobierno sandinista ordenó la intervención de los bienes del exdictador, pero incumplió los procedimientos legales establecidos. "El único culpable de esta situación es el Frente Sandinista, que no respetó las leyes y violó principios internacionales", apuntó el procurador Centeno.
En los registros de la procuraduría sólo se han encontrado "papelitos de confiscación", sin validez legal, aseguró el fiscal general de Nicaragua. Un juicio ordinario, como el planteado ahora por los herederos podría prolongarse muchos años, pero también suscitaría una grave inestabilidad e incertidumbre entre los poseedores de las propiedades reclamadas.
La dinastía de los Somoza, que gobernó el país durante más de cuatro décadas, se apropió durante la dictadura de una naviera, una línea aérea y varias empresas agrícolas, hoteles, bancos, entidades financieras y miles de hectáreas de tierra. Lilian Somoza de Sevilla, hija del último miembro de la dinastía, exige ahora la restitución de bienes por un importe de 250 millones de dólares (cerca de 40.000 millones de pesetas).
