La sanidad catalana, en el punto de partida

La peculiar estructura de la sanidad en Cataluña ha, obligado a la Generalitat, a afrontar de forma diferente a como lo ha hecho el Insalud la problemática del sector sanitario. Porque, además de la insuficiencia presupuestaria, de efectos similares a los provocados en el resto de España, en Cataluña la herencia sanitaria recibida estaba en peores condiciones. La Generalitat recibió en 1981 lo que Laporte define como una "sanidad de peaje", es decir, Lirla sanidad gestionada por marios ajenas: sólo el 15% de las camas hospitalarias pertenecían a la Seguridad Social.En estos momentos, de las 19.102 camas, sólo 4.633 pertenecen a los hospitales del Instituto Catalán de la Salud (ICS), de modo que la mayor parte de los servicios que utiliza la Seguridad Social son concertados y escapan, por tanto, al control directo del ICS, que es el equivalente catalán del Insalud.

Nadie discute que la Generalitat recibió una herencia sanitaria depauperada, con un exiguo sector propio muy descapitalizado -una auditoría realizada en 1981 reveló que la puesta al día de estos hospitales precisaría una inversión de 20.000 millones- y un extenso sector concertado, caótico y desfasado. Los dos primeros años de gestión sanitarla fueron de aterrizaje, lo que no impidió que la Administración autónoma permitiese, e incluso favoreciese, una expansión sin precedentes del sector concertado, con ayudas al sector e inversiones públicas a fondo perdido.

El sector concertado fue el primero en que estalló la crisis. Cuando en 1983 el ICS comprobó que el presupuesto que recibían del Insalud no cubría gastos, decidieron congelar las tarifas de los conciertos. Al cabo de tres años, muchos de los hospitales concertados estaban al borde de la quiebra.

La crisis que ahora aborda el resto de España ha sido en Cataluña especialmente dura. En los años anteriores a la transferencia de competencias, el Insalud había invertido en Cataluña hasta el 17,2% de su presupuesto. En 1982, el porcentaje cayó hasta el 15,3% y ahora, tras unas tensas negociaciones, apenas alcanza el 16,2%. A ello hay que añadir que el propio presupuesto del Insalud creció dos puntos por debajo de la inflación en 1983 y 1984 y que, en este período, la Seguridad Social incorporó en Cataluña a 300.000 nuevos beneficiarios sin ninguna contrapartida económica. El resultado ha sido un déficit de 40.000 millones en el sector concertado y de 28.000 más en el propio ICS.

Sólo a partir de 1986 la Generalitat ha demostrado controlar la situación y tener instrumentos para hacerle frente. El principal de estos instrumentos es un plan de reordenación hospitalaria que aborda una drástica racionalización del sector y una redistribución de los recursos. La sanidad catalana adolece de una estructura macrocéfala, con una excesiva concentración de hospitales de alto nivel de tecnificación en la capital, Barcelona, y una escasa y mal distribuida red asistencial en el resto de Cataluña.

El principal objetivo del plan es reducir el número de camas de alto nivel y primar la descentralización asistencial, al tiempo que aumenta la productividad de sector mediante una mayor dedicación del personal sanitario y un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. Formalmente, la aplicación del plan se encuentra a la espera de negociación con la Administración central, de la que se esperan los recursos necesarios para llevarlo a cabo (17.000 millones para costes de ejecución y alguna fórmula que permita absorber a largo plazo el déficit acumulado).

En espera de esta negociación, que Laporte ve con optimismo dado el talante más dialogante del nuevo ministro, García Vargas, el ICS ha comenzado a actuar imponiendo üste año un nuevo modelo de concertación que constituye el primer instruniento de aplicación soterrada del plan de reordenación.

Acusaciones de agravio

Este modelo consiste en que el ICS fija a cada hospital la cantidad y, tipo de asistencia que precisa concertar, para la cual establece un presupuesto previo cuyo cobro está condicionado, al final del ejercicio, al cumplimiento estricto de los parámetros asistenciales fijados previamente por la autoridad sanitaria (número de hospitalizaciones, estancia media, etcétera), de manera que cualquier desviación es causa de penalización económica. El nuevo sistema ha sido utilizado también para primar a los hospitales comarcales (en su mayoría de titularidad pública) y favorecer la descentralización.

La aplicación de estas medidas ha permitido tranquilizar y pacificar el sector concertado. No ha sucedido lo mismo, sin embargo, en los diez hospitales del ICS, donde el malestar es creciente. Las escasas inversiones realizadas no han permitido paliar la descapitalización galopante, que ya comienza a afectar seriamente a la calidad asistencial. El personal sanitario se siente agraviado y acusa al ICS de favorecer, mediante esta política, los intereses de las clínicas privadas y las poderosas mutualidades, sectores que cuentan con una destacada presencia en la sectorial de Sanidad del partido que gobierna la Generalitat.