Los detectores de metales y la crisis agravan el expolio arqueológico de Andalucía
La Junta reclama un cuerpo de policía para defender su patrimonio
El inmenso patrimonio arqueológico andaluz ha sufrido de unos años a esta parte un importante expolio, causado por la coincidencia de la aparición de los detectores de metales con el agravamiento, de la crisis económica en el campo andaluz. El director general de Patrimonio de la Junta, Bartolomé Ruiz, descarta que pueda ser eficaz cualquier lucha contra este expolio que no pase por la creación de un cuerpo de policía arqueológica. La escasez presupuestaria en que se mueve la consejería de Cultura, última en protocolo y en presupuesto en el Gobierno andaluz, hace difícil que se llegue a esta explotación y, por tanto, que pueda detenerse el expolio.
La llegada de los detectores de metales al medio rural andaluz fue el toque de partida para el expolio masivo. Andalucía posee una enorme cantidad de yacimientos arqueológicos, fruto de su intensísimo pasado histórico. Importantes yacimientos aparecen por zonas que otrora fueron ricas, y que hoy están habitadas por jornaleros sin trabajo.En esas condiciones, el detector de metales se ha ido convirtiendo progresivamente en los últimos cinco años en un instrumento de trabajo. Se venden en diversos puntos de Andalucía por un precio en torno a las 25.000 pesetas y pueden detectar objetos enterrados hasta unos 40 centímetros. Recibir señales de objetos enterrados más abajo exige un aparato más caro. Anuncios de detectores de metales aparecen en los periódicos continuamente, y no hace mucho existía uno en el supermercado de Santiponce, justo al lado de las ruinas de Itálica.
Durante algún tiempo, se defendieron los yacimientos mediante la siembra en ellos de virutas de latón u otro metal de poco valor. Pero los fabricantes de detectores introdujeron en los mismos un discriminador que hace que el detector sólo registre señal para el caso de los metales nobles.
Policía Arqueológica
Bartolomé Ruiz, director de patrimonio de la Junta, se queja de la indefensión de la arqueología: "Hablando en términos de solidaridad intergeneracional, hay dos cosas que mantener para legar a los que vengan después: la naturaleza y la arqueología. La naturaleza cuenta con un organismo autónomo, Icona, en el que hay todo un ejército de técnicos y funcionarios. La arqueología no cuenta con nada. Todo lo más, con los directores de museos, que están sobrecargados de trabajo, obligados a cumplir funciones de delegados de Bellas Artes, inspectores de excavaciones, elaboradores de informes y demás. El freno a este expolio masivo no puede retrasarse, y sólo puede llegar a través de la creación de nóminas".Las piezas que salen del rico suelo andaluz viajan, en circuitos organizados, a anticuarios de Sevilla, Madrid o Londres. Sólo en la zona de Osuna son conocidos seis intermediarios que viajan semanalmente a los pueblos a comprar mercancía. "Lo peor no es que esto acabe en Londres o en cualquier otro sitio: Lo peor es que del hallazgo no queda ninguna constancia, ningún registro".
Bartolomé Ruiz considera imprescindible un equipo mínimo, por provincia, de un arquitecto, un aparejador y un arqueólogo más cinco policías arqueológicos, dotados de un vehículo, que batan la provincia y escuchen en los pueblos dónde han aparecido yacimientos que están siendo esquilmados".
Hasta ahora, la misión de vigilancia estaba encomendada a la Guardia Civil. "Pero no hay una legislación clara, de manera que, en la práctica del asunto, cada vez que se detenía a alguien se le llevaba al cuartelillo, se le echaba un sermón y se le dejaba en libertad. Hace falta una ley que permita sancionar con dureza estos expolios.
Valdría prácticamente la ley de caza, sustituir los términos escopeta y coto de caza por detector y yacimiento arqueológico. Lo malo sería que acompañar esa ley de un catálogo completo de yacimientos sería muy negativo, porque así como hay comarcas en las que los vecinos conocen dónde están todos los yacimientos, hay otras en las que no se conocen, y con el catálogo íbamos a dar pistas. Evidentemente, lo primero que necesitamos es una ley clara que permita quitar el detector y multar fuertemente a quien no tenga licencia para utilizarlo, y junto a eso restringir mucho el número de licencias. Y eso podría venir acompañado de una campaña para primar con grandes partidas a proyectos de consolidación y cerramiento de yacimientos arqueológicos".
En la Diputación de Málaga, donde trabajó con anterioridad, Bartolomé Ruiz puso en marcha un convenio con el INEM, por el que contaba con un grupo de trabajadores adscritos al paro comunitario que trabajaban en excavaciones: "Esa experiencia es interesante y revela hasta qué punto es falsa la leyenda de que los del paro comunitario no quieren trabajar. Si se les enfrenta a una tarea útil y con buen trato, su funcionamiento es excelente".
