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Récord de desempleo en Gran Bretaña

Juan Cruz

La crisis económica británica ha conocido un nuevo récord, al llegar a 1.600.000 el número de desempleados de este país. Ahora, el 6,8 % de la población trabajadora vive de la seguridad social. La situación es especialmente dramática porque se mantiene en un ambiente de restricción del gasto público y de inflación irreductible.La publicación de estas estadísticas, las más alarmantes desde que terminó la última guerra mundial, coincide con las demandas del ala izquierda del movimiento laborista británico -en el partido y en los sindicatos- para que el Gobierno reduzca gastos en determinados presupuestos, como el de defensa, y aplique ese dinero a la creación de puestos de trabajo para la juventud. Cerca de un cuarto de millón de los desempleados actuales son jóvenes que acaban de dejar la escuela.

La política de reflación que se solicita es imposible de aplicar en la actualidad, porque el Gobierno tiene el compromiso de reducir el gasto público como una de las condiciones de un préstamo que obtuvo el año pasado del Fondo Monetario Internacional. Aunque las estadísticas resultan frías y definitivas, y la Administración repite su convencimiento de que van a meJorarse, esas cifras ya empiezan a notarse gravemente en la calle. Los sociólogos británicos achacan a la gravedad de la situación económica la agitación social y el apoyo público que organizaciones de extrema derecha, como el Frente Nacional, obtienen para su propaganda contra los emigrantes, como en los años treinta, los neofascistas culpan a extranjeros de la situación de desempleo que se padece en el país.

Por otro lado, uno de los elementos más vistosos de las calles de Londres de estos días, las riñas entre los punk y los teddy boys no dejan de ser un reflejo de una juventud que, para su placer o para su pesar, deja la escuela y ya no encuentra nada que hacer.

En esta atmósfera, quedan oscurecidos debates parlamentarios cruciales, como el que anteayer sirvió para revisar -y perdonar- la conducta de un ex ministro conservador, Reginald Maudling, y de un diputado laborista, sospechosos de corrupción en los cargos públicos

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