La Gran Vía de Madrid se cerrará al tráfico privado de forma permanente desde Navidad

Habrá dos carriles en cada sentido, uno para el tráfico de vehículos autorizados y otro para transporte público y bicicletas

Luca Costantini

Madrid - 05 oct 2017 - 10:47CEST

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La Gran Vía de Madrid será cerrada al tráfico privado en las Navidades próximas y al término de esa época el Ayuntamiento de la capital mantendrá las medidas de restricción de forma definitiva. Así lo expresó el concejal de Urbanismo, José Manuel Calvo, quien confirmó este miércoles que el rediseño de la calle contempla la reducción de los carriles y la ampliación de las aceras. La medida se enmarca en el plan del gobierno de Manuela Carmena para atajar la polución en la ciudad, que esperan reducir en un 25% con esta medida.

La nueva configuración de la Gran Vía, desde la Plaza de España hasta su confluencia con la calle Alcalá, prevé dos carriles en cada sentido, uno para el tráfico de vehículos autorizados (residentes y de reparto) y otro para el transporte público y las bicicletas. La remodelación de esta calle se convertirá en uno de los legados del Gobierno de Carmena. Costará cinco millones de euros y modificará el rostro de la vía más emblemática del centro de la capital.

La Gran Vía "será una calle mucho más amable, muy verde, con espacios para sentarse y para disfrutar y para dar prioridad a los peatones", afirmó este miércoles el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible durante una entrevista en la emisora Onda Madrid. El edil explicó que las obras de remodelación, que comenzarán por la ampliación de las aceras, empezarán justo después de Navidades y se mantendrán a lo largo de los primeros días del año que viene.

La nueva Gran Vía se incluirá, además, en la nueva área de prioridad residencial de todo el Centro de Madrid, que se pondrá en marcha en junio de 2018. El objetivo del Gobierno de Carmena es convertir el corazón de la capital —donde a menudo se detectan niveles elevados de NO2— en una zona de bajas emisiones. De aquí a 2020, el Ayuntamiento espera reducir la polución en un 25%.

Con este cierre, el tráfico se reducirá en un 80%, de 50.000 vehículos actuales diarios a 10.000. Y en cuanto a los conductores, el concejal afirmó que "tendrán que buscar alternativas", puesto que "en ninguna ciudad del mundo desarrollado los coches cruzan por el centro de la ciudad".

Ampliar aceras

El anuncio levantó este miércoles algunas críticas por parte de la oposición municipal. El líder del PP en el Ayuntamiento, José Luis Martínez-Almeida, dijo que las restricciones crearán "atascos de dimensiones considerables" y denunció que el Gobierno no consultó con los vecinos y comerciantes la medida. "Lo único que saben hacer es prohibir", dijo. La portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, redujo el impacto de la medida: "Esto no es un gran proyecto de ciudad, ni muchísimo menos, esto es simplemente un proyecto de ampliación de aceras", afirmó Villacís.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Purificación Causapié, destacó que la medida, bien aplicada, será "beneficiosa para reducir la contaminación". Pero reclamó al Consistorio que "informe adecuadamente a vecinos, comerciantes y profesionales" afectados.

Un portavoz de la asociación de vecinos de Chueca sostuvo que el Gobierno municipal no les informó oficialmente sobre los tiempos de las obras. No obstante, defendió la medida, aunque lanzó una advertencia al Ayuntamiento: "El problema más preocupante es que la Gran Vía se convierta en una gran terraza. Esto significaría convertir la Gran Vía en un gran parque temático y afectaría a la habitabilidad de la zona".

El conflicto está en el aire

Manuel Planelles

España no ha "resuelto el problema de incumplimiento constante de los límites de contaminación atmosférica correspondientes al dióxido de nitrógeno", advirtió hace unos meses la Comisión Europea. Bruselas —que también incluyó en su advertencia a Alemania, Francia, Italia y Reino Unido— tiene abiertos dos expedientes contra España por la contaminación urbana.

Madrid y Barcelona, señalaba la Comisión en su escrito de febrero, incurren en "la violación constante de los valores límite correspondientes al NO2" fijados en una directiva europea desde 2010. Debido a los altos niveles de dióxido de nitrógeno —que procede mayoritariamente de los tubos de escape de los coches— en 2013 se produjeron unas 70.000 muertes prematuras en Europa, recordaba entonces la Comisión. "Un número casi tres veces superior al de muertes por accidentes de tráfico", añadía.

Cumplir con Bruselas es uno de los argumentos que da el Ayuntamiento madrileño para apuntalar su plan de restricciones al tráfico, en el que se incluye la peatonalización parcial de la Gran Vía, que se adelantará unos meses, según el Consistorio.

El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible de Madrid, José Manuel Calvo, argumentó que es "impensable" que en una urbe desarrollada los coches crucen el centro de la ciudad. Y citó a Londres, Helsinki y Estocolmo.

Pero no hace falta irse tan lejos. En otras ciudades españolas, como Sevilla o Valencia, se han cerrado las vías más céntricas. En 2007, hace ya una década, el Ayuntamiento sevillano prohibió completamente la entrada de todos los vehículos de motor en la avenida de la Constitución, por la que circulaban de media 21.000 coches al día y que desemboca en el edificio del Ayuntamiento tras pasar por delante de la catedral. Por la Gran Vía, según los cálculos del gobierno de Madrid, circulan cada día 50.000 vehículos. El PP de Madrid criticó este miércoles el cierre de esta calle. "Lo único que sabe hacer es prohibir", dijeron los populares sobre el gobierno municipal. El cierre de la avenida de la Constitución también recibió las críticas cuando los populares estaban en la oposición. Pero cuando el PP —entonces de la mano del actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido— volvió a la alcaldía sevillana no revirtió la peatonalización de esa céntrica vía.

El Ayuntamiento madrileño admite que la ciudad estaba "muy atrasada" en los procesos de peatonalización. Y ese retraso puede desembocar en una sanción contra España. El siguiente paso de la Comisión, tras la advertencia de febrero, puede ser llevar a nuestro país ante el Tribunal de Justicia de la UE.

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