Los trajes de Gürtel a Betoret acaban en un contenedor de reciclaje de ropa

Los 11 trajes, cuatro americanas, dos abrigos y un pantalón que Rafael Betoret, exjefe de gabinete en la Consejería valenciana de Turismo, recibió de la trama Gürtel acabarán en un contenedor de reciclaje de ropa.

El Tribunal Superior valenciano, donde el político confesó los hechos y que lo condenó a una multa por cohecho pasivo impropio, ha decidido tres años después que ese el destino óptimo para los trajes de Betoret. “Estimando que por la naturaleza de los bienes, prendas de vestir usadas, su realización por medio de persona o entidad especializada o mediante subasta pública resultaría antieconómica, se acuerda su entrega a una entidad sin ánimo de lucro”, escribe el juez Juan Climent en una providencia firmada este lunes.

Las prendas de ropa le costaron a la trama 13.499 euros en las dos tiendas de Madrid en las que trabajó en aquellos años el sastre José Tomás.

“Con la finalidad de imposibilitar su posible identificación”, prosigue el juez, “una vez firme la presente resolución se depositarán sin signos distintivos ni etiquetas, en los contenedores de recogida de ropa y calzado usados que, con fines sociales, tiene instalado el Ayuntamiento de Valencia en distintos puntos de la ciudad”.

Betoret fue condenado a devolver la ropa y a pagar una multa de 9.600 euros en 2011 por aceptar trajes y otras prendas de ropa con los que la trama Gürtel perseguía “ganarse el favor” del exjefe de gabinete. Según la amplia investigación del caso Gürtel, los regalos a personajes públicos formaban parte de la actividad habitual de la red de Francisco Correa, que los ofreció a diputados, consejeros de comunidades autónomas y altos cargos de distintas administraciones.

El objetivo de las dádivas era “ganarse la amistad, el mejor trato y el favor de funcionarios públicos y autoridades”. La sentencia consideró probado que Betoret era “sabedor de que le eran entregadas en reiterada consideración al cargo público que ejercía de jefe de gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo y desde el que se podían tomar decisiones o desplegar su personal influencia sobre determinadas materias en relación con las cuales Francisco Correa, Álvaro Pérez [El Bigotes] y Pablo Crespo mantenían importantes intereses económicos”.

 El juez José Flors sentó en el banquillo por estos hechos al expresidente valenciano Francisco Camps, a Betoret, al ex número dos del PP regional Ricardo Costa y al exvicepresidente en la Generalitat Víctor Campos. Betoret y Campos reconocieron los hechos ante el juez después, según han declarado ambos, de acordar con los otros dos acusados que todos lo harían. Camps, sin embargo, se echó atrás en el último minuto y prefirió dimitir. Costa también rechazó confesar. Ambos fueron juzgados y absueltos por cuatro votos a cinco de un jurado popular.

Betoret debería estar sentado estos días en otro banquillo como acusado. El del juicio por las millonarias adjudicaciones supuestamente amañados a Gürtel en la feria Fitur que iba a empezar el 31 de marzo y ahora está suspendido, con los jueces deliberando sobre dónde deberá celebrarse. La razón es que el Tribunal Superior valenciano que debía enjuiciar los hechos perdió, en principio, la competencia sobre los mismos tras la dimisión como diputadas autonómicas de Angélica Such y Milagrosa Martínez, conocida como La Perla.

La fiscalía ha solicitado para el exjefe de gabinete de Turismo, que encontró durante un breve periodo de tiempo refugio como responsable de protocolo de la Diputación de Valencia, 11 años de prisión y 28 de inhabilitación, la pena más alta de todos los procesados. El asunto de los trajes puede darle aún más problemas ya que, pese a haber sido castigado solo con una multa, Betoret tiene desde entonces antecedentes penales. Camps declarará como testigo en el juicio de Fitur a petición del ex jefe de gabinete, que trató demasiado tarde de desviar hacia el expresidente la responsabilidad de haber contratado a la trama.