El nuevo Estado (liberal) de CDC

Menos impuestos para las empresas y las clases medias, mayor colaboración entre el sector público y privado a la hora de prestar servicios y eliminar trabas para el fomento de la actividad económica. El nuevo estado catalán que quiere construir Convergència Democràtica si consigue el objetivo independentista acentuará las políticas liberales y de libre mercado que defiende a capa y espada la actual dirección del partido. Así consta en el documento que este sábado debatieron los cuadros del partido en la reunión de la convención nacional que, bajo el título Comprometidos con las personas, busca diseñar las bases de la Cataluña independiente.

El documento marco, de casi cien folios, refleja la tradicional aversión de Convergència a las subidas de impuestos por más que el actual Gobierno de la Generalitat los haya situado en récords históricos. Esto debe cambiar una vez Cataluña sea independiente aseguran los nacionalistas, que abogan por reducir los tipos impositivos nominales, “especialmente en Renta y sociedades”.

La bajada de impuestos, así como garantizar el acceso al crédito sería la vía para mejorar la competitividad de las empresas. Por este motivo los convergentes alertan de todo tipo de inconvenientes de incrementar la presión fiscal. “Un aumento de impuestos reduce el consumo, desincentiva la actividad económica e incentiva la economía sumergida y el fraude fiscal”.

Al igual que el Gobierno catalán, el documento de Convergència aboga por luchar contra el fraude fiscal, pero no aclara cómo ni con qué elementos más allá de poner en marcha la Agencia Tributaria de Cataluña.

La huella netamente liberal se nota también en el capítulo dedicado a políticas sociales. Aquí la prioridad es garantizar las prestaciones “básicas” del Estado de bienestar, pero con una importante presencia del sector privado. “La confianza mutua del sector público y privado deberá ser la base de la construcción del Estado del Bienestar”. También se aboga por evitar la “competencia” entre actores públicos y privados. De hecho, hay una clara llamada a “abstenerse” a hacer competir los servicios públicos con los privados “en áreas que son propias de la libre iniciativa”. La única excepción de esta política se daría a la hora de “atender sectores de población sin asistencia”.

Convergència evita detallar si la asistencia social se hará mediante la prestación directa de servicios o por la vía de los cheques. Deja abiertos ambos modelos. En lo que sí insiste, pese a los últimos recortes en ayudas a las familias que ha practicado la Generalitat, es que se deberá prestar mayor atención a los núcleos familiares con hijos. “Los niños son un valor de país”, justifica la ponencia.

En el ámbito sanitario y de los servicios sociales, el documento defiende el copago. “Junto con el principio de universalidad también se tiene que tener en cuenta la corresponsabilidad o cofinanciación de los recursos, dependiendo de la capacidad económica de cada uno”.

En el ámbito del Estado del bienestar, Convergència también aboga por un “proceso constituyente” que adapte la prestación de servicios la nueva situación económica. Según el texto, para la “futura obtención de la nacionalidad catalana será necesario acreditar un conocimiento mínimo de la lengua y cultura catalanas”, como ahora se pide el castellano a los inmigrantes que quieren acceder a la nacionalidad española. Eso sí, los nacionalistas también han adaptado el discurso para atraer a los castellanohablantes hacia el proyecto soberanista. El documento reza que “el castellano es un patrimonio que tenemos y es la lengua primera de buena parte de la población de Cataluña, y, por lo tanto, con unos derechos lingüísticos personales, que no se pueden obviar y que se tienen que preservar”.