El precio del pinganillo

Mientras Aznar descubre que el Estado de las autonomías es inviable por caro, Rajoy afirma que "en un país normal" no ocurriría lo que ocurrió el pasado 11 de enero en el Senado: que sus señorías pudieron hablar durante un pleno de la Cámara en las tres lenguas oficiales del Estado, además del castellano, y que un grupo de intérpretes tradujo sus palabras a la lengua común. Ahora bien, ¿qué es un país normal? No lo sé. Ni siquiera sé lo que es una persona normal. Bueno, sí lo sé: una persona normal es lo que quiere que sea la persona que dice de ella que es una persona normal; y con los países ocurre lo mismo. O dicho de otro modo: la normalidad es una estafa. ¿Bélgica es un país normal? Si lo es, Rajoy se equivoca: en el Parlamento belga se puede hablar en francés, neerlandés y alemán -las tres lenguas oficiales del país- y los servicios de la Cámara ofrecen traducción simultánea a quien lo desee. ¿Canadá es un país normal? Si lo es, Rajoy vuelve a equivocarse: la constitución canadiense garantiza que los parlamentarios pueden dirigirse a la Cámara en francés e inglés -las dos lenguas oficiales del país- y, desde hace más de medio siglo, el Parlamento ofrece traducción simultánea a los parlamentarios. ¿Suiza es un país normal? Si lo es, Rajoy está equivocadísimo: en Suiza, donde la mayoría de la población es bilingüe, su Parlamento permite también el uso de las tres lenguas oficiales -el alemán, el francés y el italiano- y ofrece asimismo traducción simultánea. No sé si Rajoy considera que Bélgica, Canadá y Suiza son países normales, pero a mí me parece que, al menos desde el punto de vista de la convivencia democrática -y sobre todo en el caso de Canadá y Suiza-, podríamos aprender muchas cosas de ellos. Por lo demás, sería absurdo identificar sin más la realidad lingüística de esos tres países con la española, que cuenta por fortuna con una lengua común a todo el territorio; de ahí que también sería absurdo equiparar nuestros usos lingüísticos oficiales con los de esos países y que entre nosotros el empleo de las lenguas minoritarias se haya confinado al Senado, o mejor dicho, a determinadas actividades del Senado.

"En España la libertad y el progreso han estado vinculados al reconocimiento de su pluralidad"

Pero no sólo al PP le ha parecido mal que se usen las lenguas minoritarias en el pleno del Senado (curiosamente, al PP no le parece mal que desde 2005 se vengan usando en las sesiones de la Comisión de Comunidades Autónomas del mismo organismo). En una carta al director de este periódico, Concha Fernández resume lo que mucha gente piensa: dada la crisis que padecemos y dado que todos los senadores pueden expresarse en castellano, "¿no es una frivolidad derrochar 250.000 euros de las arcas del Estado en traducciones innecesarias? (…) Señores senadores, ¿de verdad les resulta imprescindible usar su lengua autonómica despreciando el coste que ello conlleva?". La respuesta a esta última pregunta es evidente: no resulta imprescindible; la respuesta a la primera, en cambio, me parece más compleja. 250.000 euros son mucho dinero, aunque lo cierto es que apenas representan un 0,5% del presupuesto anual del Senado (y, por cierto, un 0,006% del dinero que el Estado entrega cada año a la Iglesia); es verdad que a veces no sabemos muy bien para qué sirve el Senado -de la Iglesia, mejor no hablar-, pero no es menos verdad que en teoría es una cámara de representación territorial y que, por lo tanto, no parece insensato pedirle que refleje la diversidad lingüística de nuestro país. De todos modos, la señora Fernández sigue teniendo razón: 250.000 euros son 250.000 euros. Para esta evidencia no tengo respuesta, salvo que de entrada la democracia es cara; en cambio, la dictadura es de entrada baratísima: en una dictadura no hay senado, ni congreso, ni partidos políticos, ni elecciones libres, ni campañas electorales, ni comunidades autónomas, ni nada de nada. Por eso, cuando llegan las crisis y todo el mundo se lanza a ahorrar, las dictaduras triunfan; por eso, durante la última gran crisis, en los años treinta, el mundo se llenó de dictaduras que al principio parecieron una ganga y al final costaron 50 millones de muertos.

No me malinterpreten: no digo que la democracia dependa de que sus señorías se pongan el pinganillo; digo que está bien que se lo pongan. La historia de este país es la que es y, nos guste o no, no podemos cambiarla: como mínimo durante el último siglo, en España la libertad y el progreso han estado vinculados al reconocimiento de su pluralidad, y la tiranía y el atraso, a la imposición de la unidad. Aznar tiene razón, aunque sólo en parte: el Estado de las autonomías es muy caro, pero en estos 30 años nos ha salido baratísimo, porque le ha proporcionado a este país las tres décadas de mayor libertad y progreso de los tres últimos siglos. Esto no es triunfalismo: es sólo un intento de no perder de vista la realidad; la realidad de la historia y la realidad actual. Que es de lo que se trata con el pinganillo.