Nueve asaltos y una esperanza

España cambió de piel en un año deprimente para la economía y el empleo, con recortes dolorosos del Estado de bienestar, con protestas callejeras de indignados a todas horas y en todas partes, y con dos contiendas electorales que pintaron el país de azul-PP. El poder hegemónico socialista de los últimos siete años enfermó gravemente hasta morir en la desembocadura de 2011.

La debacle

El PSOE se consumió en un combate consigo mismo para superar el socavón abierto a sus pies el 12 de mayo de 2010. Ese día, José Luis Rodríguez Zapatero, el líder que devolvió poder y gloria a su partido, anunció en 120 segundos de funeral parlamentario un colosal recorte del gasto público en nueve medidas para evitar la caída de España al pozo de los países en quiebra.

Sin diálogo. Aguirre y sus consejeros optaron por el ataque y el insulto a los profesores

Desde entonces y hasta hoy, tres millones de funcionarios (con menos sueldo que hace dos años), cinco millones de parados (sin perspectivas de encontrar un empleo), ocho millones de pensionistas (con su paga congelada o casi) y 20 millones de trabajadores (temerosos de perder la nómina y cabreados por tener que jubilarse más tarde) sufren inquietos el porvenir. Treinta y cinco millones de personas tienen derecho a voto en España.

El año amaneció con tibias perspectivas de mejora económica y de creación de empleo, pero fue zarandeado a comienzos del verano por una tormenta de desconfianza que provocó la recaída, el aumento del paro y el regreso a la amenaza de recesión.

En ese ambiente de congoja generalizada, el PSOE perdió en mayo 1,5 millones de votos, el poder que atesoraba en seis comunidades autónomas y en cientos de alcaldías donde se celebraron elecciones. Solo unos meses después de aquella primera derrota anunciada, el PSOE también perdió el Gobierno de la nación con un resultado que superó incluso la catástrofe electoral de mayo.

El efecto Rubalcaba, el candidato que sucedió a Zapatero como única alternativa para evitar el descalabro anunciado, no sirvió de nada. Un total de 4,5 millones de votantes socialistas emigraron sin rumbo fijo, unos al purgatorio de la abstención, otros al PP, otros a IU o a UPyD, algunos a Equo... Cuenta un dirigente socialista, que pasó el disgusto del 20-N entre despachos de la calle de Ferraz, que el presidente del Gobierno se lamentaba esa madrugada de que por cada punto porcentual que había aumentado el paro en los últimos tres años, el PSOE había perdido el mismo porcentaje de votos.

Zapatero inició su segundo mandato prometiendo el pleno empleo y con un 9,7% de paro (dos millones de desempleados). Terminó con un 21,52% (casi cinco millones).

El PSOE, que ha gobernado en España 21 años en las últimas tres décadas, tiene ante sí un futuro incierto al que mira con inquietud en busca de un liderazgo que le ayude a salir del pozo.

Todo el poder en manos del PP

Mariano Rajoy es el sexto presidente del Gobierno de la reciente etapa democrática gracias a su demostrada capacidad para resistir al hundimiento. Zarandeado por su propio partido tras su segunda derrota electoral de 2008, cuestionado por casi todos debido a su escaso tirón electoral, criticado por muchos ante su discreta autoridad y ninguneado en todas las encuestas de valoración de líderes, Rajoy ha logrado enderezar su carrera política entre silencios clamorosos y una crisis económica que eliminó a los socialistas, por su incapacidad para combatirla, muchos meses antes de que comenzara la contienda electoral. Con todo en contra, Rajoy flotó. Con todo a favor, Rajoy aterrizó sin hacer ruido en el Palacio de la Moncloa.

Un tercio de los españoles con derecho a voto (diez millones de ciudadanos mayores de 18 años) es tan fiel al Partido Popular desde hace casi quince años que, sin programa y sin líder carismático, esta formación política alcanza el poder siempre que sus adversarios sufren algún imprevisto.

En estas condiciones, Rajoy firmó el mejor resultado de la historia de su partido, con una mayoría absoluta para gestionar sin trabas la Administración central, y con tres cuartas partes de la España autonómica y municipal en manos de dirigentes de su partido. Nunca nadie concentró tanto poder en España.

Una sociedad indignada

La democracia española estrenó indignación en la primavera de 2011 gracias al efecto multiplicador de las redes sociales y a la voluntad rebelde de un grupo de jóvenes muy activo que movilizó a decenas de miles de personas en las principales plazas de las capitales desde el 15 de mayo.

La situación abonaba el estallido del malestar. Cinco millones de desempleados, un 43% de desempleo juvenil, un millón y medio de hogares con todos sus miembros activos en paro. Bancos quebrados por la irresponsabilidad de sus gestores. Políticos imputados por meter la mano en la caja pública. Trescientos desahucios diarios por impago de hipotecas... Los indignados gritaron contra el sistema electoral que machacaba a las minorías; contra los paraísos fiscales que nadie combatía; contra las prácticas bancarias que maltrataban a los hipotecados; contra los privilegios que mantenía la clase política; contra la endogamia de los partidos que no cesaba... Durante mayo captaron la simpatía de muchos ciudadanos, más atentos a sus movimientos que a las consignas de los candidatos que pedían el voto en las elecciones autonómicas y municipales.

La Puerta del Sol fue el kilómetro cero de esa iniciativa asamblearia horizontal que a base de tenderetes de cartón, madera y plástico levantó un campamento en la plaza convertido en el icono de una protesta social que tuvo y tiene repercusión en otros lugares del mundo.

La izquierda se arrimó con recelo al movimiento mientras la derecha lo rechazaba con sordina. Su efecto electoral fue casi nulo. Los partidos de izquierda incorporaron algunas de las reivindicaciones del 15-M a sus promesas de campaña, aunque ganó el PP por goleada.

El movimiento 15-M tiene hoy un futuro tan incierto como el del PSOE.

Amenaza exterior por carta

Una carta del Banco Central Europeo (BCE) llegó al Palacio de la Moncloa al comenzar el verano exigiendo medidas para evitar la quiebra y amargó la última etapa de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. De todas las amenazas que incluía aquella misiva, todavía secreta por voluntad expresa del presidente, alguna hizo efecto porque Zapatero puso en marcha una reforma urgente de la Constitución para garantizar que las administraciones públicas no iban a gastar más de lo debido y que se iba a imponer un límite del 0,4% al déficit público (diferencia entre ingresos y gastos) a partir de 2020.

Rajoy aceptó la enmienda a la Carta Magna encantado, y los partidos minoritarios se quejaron sin ningún éxito. La intocable Constitución Española, que mantiene intacta su cláusula machista e inconstitucional de la sucesión de la Corona pese al acuerdo de todos para sustituirla, había sido modificada por la amenaza expresada en cuatro líneas de una carta. Una amenaza exterior por escrito nunca tuvo tanto efecto.

Cataluña pasa frío

Cataluña sufrió de frío todo el año por culpa de sus deudas. El nuevo Gobierno de Artur Mas dedicó toda su energía a recortar gastos, y para ello adelgazó la sanidad pública y los sueldos de sus 200.000 empleados. La herencia recibida del anterior Ejecutivo tripartito (PSC más ERC más ICV), el maltrato del Ejecutivo central a Cataluña y los males de la crisis económica permitieron a los recortadores justificarse. La calle se llenó de protestas y la sospecha de que la vida de los enfermos podía estar amenazada por la tijera de los gobernantes llevó zozobra a la sociedad catalana.

El presidente catalán reclamó una nueva distribución de la riqueza en España para que Cataluña recibiera mucho más que ahora y lo llamó Pacto Fiscal. Ni Zapatero antes, ni Rajoy ahora se han dado por enterados. A CiU, su letanía le fue muy bien en las elecciones generales del 20-N y no sufrieron daño electoral por sus medidas de ahorro.

Marea verde contra

los recortes educativos

La Comunidad de Madrid se ha convertido en los últimos años en destacado laboratorio de experimentos educativos que se extienden por otras partes de España. Desde los institutos públicos bilingües hasta las aulas de bachillerato de excelencia para alumnos seleccionados en función de sus calificaciones. Madrid dedica mucho presupuesto público a subvencionar centros privados y aprueba desgravaciones fiscales para la compra de uniformes escolares. Madrid ha defendido la autoridad del profesor como instrumento esencial para mejorar la educación y hasta la tarima en las aulas como mobiliario de estratégico poder pedagógico.

Y Madrid, en plena crisis y con los ingresos desplomados, ha optado por ahorrar decenas de millones de euros en profesores. Al comenzar el curso 2011-2012, el Gobierno regional optó por no renovar el contrato a cientos de interinos (3.000, según los sindicatos) y para cubrir ese agujero decidió ampliar las horas lectivas semanales de los profesores fijos de 18 a 20 (la normativa vigente establece una horquilla entre 18 y 21 horas).

Esa decisión, que empeora la escuela pública con la disminución del ratio de profesores por alumno, sacó a la calle a miles de docentes, padres de alumnos y alumnos que vistieron camisetas verdes para protestar por el tijeretazo de Esperanza Aguirre.

La presidenta y sus consejeros optaron por el ataque y el insulto a los profesores para contrarrestar las nueve huelgas convocadas en los cuatro últimos meses de 2011. Sin diálogo, se produjeron paros casi todas las semanas que perjudicaron a cientos de miles de alumnos en el inicio de curso.

La batalla de la corrupción

La corrupción se asomó a los bancos en dificultades con directivos quebrados por la irresponsabilidad y la avaricia. Las indemnizaciones por despido o jubilación cobradas por muchos de ellos, responsables de una gestión ruinosa y mayoritariamente colocados a dedo por los partidos políticos, fueron tan desorbitadas que provocaron cierta alarma social.

La corrupción siguió instalada en algunas administraciones públicas y los jueces continuaron instruyendo causas interminables atascadas entre cataratas de recursos de potentes bufetes de abogados.

Los grandes sumarios que afectan a los cargos públicos y políticos de los principales partidos siguen pendientes de solución.

Nueve años después de que se abriera la causa por grave corrupción contra Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón y líder del PP en esa provincia, aún se ignora la fecha del juicio.

Tres años después de que estallara el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción vinculada a un partido político en democracia, la causa general fue de la Audiencia Nacional al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ahora ha vuelto a la Audiencia. Solo la causa separada por cohecho contra el expresidente valenciano Francisco Camps llegó a juicio.

Al Gobierno socialista, aparentemente libre de corrupción durante los siete años de mandato, le salió una espina a las puertas del inicio de la campaña electoral. El todopoderoso vicesecretario general del PSOE, ministro de Fomento y portavoz del Ejecutivo, José Blanco, trató con empresarios gallegos imputados por corrupción y salió escaldado. Uno de ellos, con el que se vio en una gasolinera dentro de su coche oficial en el que viajaba con su chófer y su escolta policial, le acusó de cobrar por hacerle favores. Tras aquella confesión, la juez dejó en libertad al empresario acusador.

Los supuestos favores, que deberían haber aprobado los ministerios de Economía (una subvención) y Sanidad (una autorización para comercializar medicamentos), no se produjeron. El ministro está pendiente de que el Supremo investigue si en sus relaciones con empresarios cometió tráfico de influencias y cohecho.

La corrupción alcanzó, en una pirueta de enorme repercusión social, a un miembro de la familia real, salpicado por el escándalo de las adjudicaciones a dedo, disparatadas y sin control del Gobierno del PP en Baleares.

La Casa Real se ensucia

Los negocios de Iñaki Urdangarin (43 años), yerno del Rey desde 1997 y esposo de la infanta Cristina, séptima en la línea de sucesión de la Corona, pusieron a la familia real en un brete. El duque de Palma usó su posición para hacer negocios muy lucrativos que intentó ocultar bajo la tapadera de un instituto sin ánimo de lucro llamado Nóos. Los fondos públicos, que logró de administraciones gobernadas mayoritariamente por dirigentes del PP inmersos en casos de corrupción, los desvió hacia una trama de empresas privadas de su propiedad con procedimientos al margen de la ley que ahora investiga la justicia.

Su socio principal, Diego Torres, está imputado desde junio de 2011 por formar parte de esa trama. Urdangarin todavía espera en su domicilio de Washington a que analicen una documentación incautada en sus empresas para saber si corre la misma suerte que su socio. El fiscal y el juez del caso le atribuyen las mismas prácticas que a Diego Torres. Todas las fuentes que conocen el caso consideran "inevitable" la imputación de Urdangarin. El Rey le apartó de las actividades oficiales de la Corona por su comportamiento "poco ejemplar".

El fin del terror, una señal de esperanza

El año se fue apagando entre grandes estrecheces, pero en la recta final llegó una señal de esperanza que la democracia esperaba desde hace décadas. ETA escribió su final.

El 20 de octubre de 2011, ETA anunció su cese definitivo de la actividad criminal. Un total de 829 muertos, miles de heridos y 43 años después de su primer asesinato, la banda terrorista que ha tenido secuestrada a la sociedad vasca durante todo este tiempo dice que desaparece, que deja las bombas, que abandona la extorsión, la amenaza y el chantaje de las pistolas.

ETA se rinde cuando más debilitada está por los golpes policiales de las Fuerzas de Seguridad, cuando apenas le quedan 50 militantes dispuestos a atentar; cuando su base política de la izquierda abertzale ha optado por rechazar la violencia terrorista para regresar a las instituciones. Y se rinde sin contrapartidas políticas, solo a la espera de negociar un futuro mejor para sus 559 presos.

Una buena noticia para un año donde casi todo resta. Hay un claro retroceso en las prestaciones sociales, hay menos riqueza para repartir, hay menos dinero para servicios públicos, hay menos optimismo y esperanza. Salvo en Euskadi, donde desde el 20 de octubre de 2011 hay más libertad y más gente que respira, al fin, sin la amenaza del terror.