"No se cerrará ninguna 'web"

Altas temperaturas, ambiente seco y viento huracanado: Internet en España vive en las últimas horas un clima ideal para la propagación, del mundo virtual al real y hasta la primera línea del rifirrafe político, del incendio declarado por la llamada ley antidescargas (la parte del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, LES, consagrada a la lucha contra la piratería en la Red).

Mientras el PP trataba de convertir la rebelión de algunos influyentes internautas en el "pásalo" que mine al Gobierno de Zapatero, el presidente comparecía por la tarde para intentar enfriar las cosas. "Aclararemos lo que haya que aclarar, el Gobierno no va a cerrar ninguna web", dijo el jefe del Ejecutivo, abriendo así la puerta a una posible revisión de las medidas anunciadas contra las webs que faciliten descargas no autorizadas.

Las declaraciones llegaron poco después de que la Cadena SER informara de tensiones entre el PSOE y el Gobierno por la equívoca redacción del anteproyecto. El texto delega en un órgano administrativo (la llamada Comisión de Propiedad Intelectual) la potestad de bloquear sin autorización judicial páginas web que vulneren los derechos de autor. También la Ministra de Economía, Elena Salgado -muñidora de la LES-, aseguró en TVE que "la orden judicial es necesaria cuando se cierra el acceso a Internet, pero no cuando se suspende". Ya por la tarde, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, reiteró que el cierre de páginas web será controlado por los jueces, incrementando así el nivel de contradicción que presidió la jornada. Buena parte del ruido mediático causado por esta norma proviene precisamente, de la confusión entre "suspensión" y "cierre". Para el PP esa "suspensión" equivale "al secuestro gubernativo" de un medio de comunicación.

El anteproyecto modifica la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, de 2002. En esta última se hablaba de que los "órganos competentes" (en la LES sería esa Comisión de Propiedad Intelectual) podrán adoptar "las medidas necesarias para que se interrumpa" el servicio que ofrecen las webs que violen la legalidad.

Entre tanto, el frente abierto en el ciberespacio siguió ayer sumando adeptos y, tras el impacto del Manifiesto por los derechos fundamentales en Internet, se anuncian para esta tarde a las ocho concentraciones en Madrid y una decena de capitales de provincia.

La reunión de urgencia celebrada ayer entre la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, y el grupo de internautas, la mayoría de los cuales han suscrito el citado manifiesto, hizo explícito el desencuentro entre sectores mayoritarios de la Red y el Ejecutivo, algo que no ha sentado bien en las filas socialistas.

Frente a la ministra, y contando todo lo que pasaba en la reunión a través de sus cuentas de mensajería pública Twitter, los convocados exigieron la modificación del anteproyecto. El Gobierno, ya en esa reunión, recordó que al borrador le aguardan todavía las matizaciones que acarree el trámite parlamentario y el reglamento de desarrollo.

"Se está produciendo una revolución contra el Gobierno y esa revolución hay que escucharla como si estuviera sucediendo en la calle". Con estas palabras se subía a la ola de protestas, pasado el mediodía, el vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons.

Para el PP este borrador supone "restaurar la censura". González Pons ha reclamado que, dado que el anteproyecto equivale a su juicio a una restricción de derechos fundamentales, esas modificaciones legales "deben realizarse mediante una Ley Orgánica".

Según el dirigente del PP, la solución es más tecnológica que legislativa: "tiene que ver más con desarrollos tecnológicos capaces de acostumbrarnos al pago en Internet que con medidas restrictivas".

Sin embargo, el mes pasado el Grupo Popular en el Parlamento Europeo -incluidos los diputados españoles- votó a favor de una normativa que posibilita la restricción de acceso a Internet sin necesidad de autorización judicial. "Que se apruebe eso no significa que en España se pueda excluir la autorización judicial, porque está en la Constitución", declaró anoche a EL PAÍS González Pons en conversación telefónica.

El PP, bajo un Gobierno de Aznar, también apoyó en 2002 la llamada Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, que abre la posibilidad a que un órgano administrativo bloquee webs. "Sí, pero lo que hay ahí son temas de delincuencia muy graves, no equiparables a la violación de la propiedad intelectual", afirmó González Pons.

El Partido Popular ha convocado a varios internautas y expertos en nuevas tecnologías para el miércoles que viene con el fin de buscar nuevas aportaciones sobre la cuestión.