Luz sobre los consejos de guerra de Franco

"Preguntada dónde le sorprendió el Glorioso Movimiento, dice que le sorprendió en esta localidad. Preguntada para que manifieste si es cierto que durante el dominio rojo penetró en el convento de las hermanas carmelitas y se llevó una lámpara que había en el altar y una fotografía de las religiosas, dice que la lámpara la llevó al hospital y la fotografía la entregó a una vecina".

No todos tuvieron la suerte de esta mujer de Benicarló (Castellón) a la que un consejo de guerra condenó a seis años de cárcel, el 30 de enero de 1942. Por ejemplo, el padre de un diputado de UCD en la primera legislatura democrática, que era teniente de la Guardia Civil en 1936, fue ejecutado sólo porque se le consideró sospechoso de "ideología confusa".

El traslado de los legajos a Madrid reedita la disputa de Salamanca

Sus historias figuran en algunos de los 20.000 legajos, unos 400.000 expedientes, millones de páginas, en los que se describe, con lenguaje burocrático y leguleyo, una de las etapas más negras de la historia de España: la represión despiadada que siguió a la Guerra Civil. La mayoría son procedimientos sumarísimos, instruidos entre 1938 y 1945, por los Juzgados Togados Militares Territoriales números 11, 12 y 13, con sede en Fuencarral (Madrid) y Valencia, con jurisdicción sobre Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid y Comunidad Valenciana. Aunque también hay procedimientos que llegan hasta 1980.

Al socaire de la Ley de la Memoria Histórica, el Ministerio de Defensa ha trasladado estos documentos al nuevo Archivo General Histórico de Defensa, que ocupa dos naves del cuartel Infante Don Juan, en el madrileño paseo de Moret, para poner en marcha un proyecto piloto de restauración y digitalización de archivos militares. El traslado de los legajos a Madrid ha generado una marejada política en Valencia o Castellón, donde su retorno se ha convertido en una reivindicación compartida por todas las instituciones y partidos, en lo que parece una reedición de la disputa por los papeles de Salamanca.

Álvaro Martínez-Novillo, funcionario del cuerpo de conservadores de Museos y subdirector de Patrimonio Histórico-Artístico de Defensa, afirma que su único objetivo es salvar un fondo documental en grave peligro y hacerlo accesible a los investigadores.

El PAÍS ha podido comprobar que muchos de los expedientes están seriamente dañados, con páginas que se desintegran al tocarlas y otras ilegibles por la descomposición del papel y la tinta. Muchos de ellos son documentos almacenados en los sótanos de la Capitanía General de Valencia, que se inundaron por el desbordamiento del Turia de 1957, e incluso conservan aún manchas de barro. Aunque los legajos de Castellón estaban mejor conservados, carecían de medidas de seguridad (sistema contra incendio o control de la humedad) y de normas modernas de clasificación y acceso.

El problema, como explica Martínez-Novillo, es que los archivos de los juzgados militares, por su carácter judicial, quedaron al margen del reglamento de archivos militares de 1998; y, por el castrense, fueron excluidos del decreto de modernización de archivos judiciales de 2003. Debido a esta doble exclusión, nadie se ha ocupado de ellos.

En teoría, el permiso para acceder a un expediente judicial lo concede, caso por caso, el tribunal competente, según el interés del solicitante (si es familiar directo del afectado) o el tiempo transcurrido (en el caso de investigadores). En la práctica, impera la arbitrariedad, ya que los juzgados militares carecen de personal especializado y tienen bastante con ocuparse de los asuntos de trámite. Esta situación ha servido de caldo de cultivo para picarescas como la de un funcionario del tribunal militar de Sevilla, ya fallecido, que vendía copias de expedientes.

El ministerio que dirige Carme Chacón se propone aprobar un nuevo reglamento que clasifique los archivos militares en cuatro categorías: de gestión (para expedientes abiertos); centrales (con más de cinco años de antigüedad); intermedios (en torno a 25); e históricos (con más de 30). Estos últimos serían de acceso público. Los expedientes judiciales seguirán una trayectoria similar: pasarán del juzgado militar al tribunal territorial y luego al archivo histórico.

Se acabará así con el hermetismo de estos fondos, que serán tratados como los demás archivos del Estado, según una ley que prepara el Ministerio de Cultura, y se normalizará el trabajo de los investigadores. "Aunque han pasado 70 años [del fin de la guerra] y el Ejército de hoy no tiene nada que ver con el del franquismo, nadie sabe lo que hay [en los archivos]. Abrir los expedientes de los consejos de guerra puede hacer que algunas familias vayan a los tribunales a pedir su nulidad, pero ¿va a hundirse la democracia por eso?", reflexiona un historiador que ha investigado la Guerra Civil y el franquismo.

La cuestión no es sólo legal sino, sobre todo, económica. Para garantizar la conservación de los documentos y su acceso público es necesaria su digitalización, última fase del proyecto de Defensa. Sólo el plan piloto de los juzgados de Madrid y Valencia costará millón y medio de euros. Para acelerar el proceso, se han firmado acuerdos con varias comunidades autónomas (Cataluña, Aragón y Andalucía), pero aun así puede tardar décadas.

"Si hay dos instituciones que han demostrado su afán por documentarlo todo son la Iglesia y el Ejército", explica Martínez-Novillo. "Y tengan la seguridad de que el Ejército español ha gastado mucho más papel que munición".

Lo demuestran los 25 archivos que los tres ejércitos tienen distribuidos por toda España, a los que hay que sumar los fondos documentales de los 26 juzgados y tribunales castrenses y los dispersos por ciudades, como Castellón, donde hubo órganos judiciales que ya han desaparecido. Para poner orden en este galimatías va a crearse el Archivo General Histórico de Defensa, con sus 27 kilómetros de estanterías. "La cuestión no es si los documentos vuelven a Castellón o van a Salamanca", concluye Martínez-Novillo, "sino que un día podamos verlos donde deben estar: en Internet".