El Gobierno exige que se rectifique ya el Diccionario

El Gobierno exigió a la Real Academia de la Historia que rectifique "de forma inmediata" las reseñas del Diccionario Biográfico Español que carecen de rigor y objetividad científica. El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, explicó ayer en el Congreso que han solicitado a la institución, que ha puesto en pie la obra gracias a 6,4 millones de euros de ayudas públicas desde 1999, que subsane los errores sin tardanza. "No corresponde al Gobierno decir cómo hacerlo, pero es indispnsable proceder inmediatamente a realizarlo cuando además del rigor y la verdad histórica se han herido la sensibilidad, la memoria y las conviciones de tantos ciudadanos", señaló.

Gabilondo, sin embargo, no fue tan lejos como habrían querido los diputados Gaspar Llamazares (IU) y Aitor Bravo (PNV), que han atacado con crudeza al Diccionario y a la institución que lo ha impulsado y editado. En la sesión de control al Gobierno, Llamazares exigió a Educación que paralice la difusión de la colección para evitar que pueda consultarse en una biblioteca pública una obra que ensalza la dictadura franquista y el golpe de Estado de 1936 en varias reseñas, empezando por la del propio Franco. "Con dinero de la democracia no se puede hacer golpismo blando", clamó Llamazares.

El ministro de Educación se defendió con el argumento de que "no es función del Gobierno supervisar ni censurar los contenidos de los trabajos académicos". El peneuvista Aitor Bravo, por su parte, hizo hincapié en lo que él considera la raíz del problema: la naturaleza de la Academia, una corporación de derecho público creada en el siglo XVIII a la que se accede "por cooptación, que hace que el pluralismo brille por su ausencia". "Es un búnker del pasado", criticó Bravo, que recordó que hay prestigiosos historiadores vetados en la institución a la que pertenecen miembros tan dispares y con tan corta carrera historiográfica como el cardenal Antonio Cañizares. Obviamente Bravo recordó al traído y llevado Luis Suárez, medievalista de pro y defensor de las bondades del franquismo. "Es un escándalo encargar el artículo sobre Franco a alguien que fue director general de Universidades con la dictadura y que el año pasado dijo que no tenía ningún respeto por la democracia", reprobó. Bravo propuso al Gobierno que modifique los estatutos de la Academia, presentados en 2009, cuya reforma fue desaprovechada para modernizar la institución.

El escándalo generado por la publicación del Diccionario, una obra de 50 volúmenes donde se incluyen 43.000 entradas de personajes destacados, ha llegado esta semana con fuerza al Congreso. Además de las dos preguntas planteadas por IU y PNV, el grupo parlamentario socialista presentó una proposición no de ley en la que exige al Gobierno que interrumpa la difusión del Diccionario Biográfico Español hasta que una comisión científica revise las entradas en las que se ha detectado una "falta de objetividad". El PSOE plantea que esta comisión integre a historiadores de prestigio, aunque no pertenezcan a la Academia.

Por su parte, Gonzalo Anes, director de la Real Academia de la Historia, eludió comentar ayer la petición del Gobierno y remitió la respuesta al próximo pleno del viernes, informa Efe. No se abstuvo, sin embargo, de lanzar una contundente máxima: la obra es "un monumento a la libertad de expresión". Aseguró que en el Diccionario "no se censuró a nadie" pasando por alto la falta de rigor científico de algunas entradas como la de Franco o Escrivá de Balaguer, escritas por Luis Suárez.