Las acusaciones del caso Bankia apuntan al Banco de España y la CNMV: “¿Para qué sirven estos supervisores?”

Más de nueve años después del famoso día en el que sonó la campana de la salida a bolsa de Bankia, la Audiencia Nacional ha absuelto a los 34 acusados en este caso, entre ellos Rodrigo Rato, por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable. La Sala de lo Penal ha destacado que esta operación contó con la aprobación de todos los supervisores: el Banco de España, CNMV, FROB y EBA, y que su folleto contenía una “amplia y certera” información financiera y no financiera, tras presentar sus últimas cuentas con unos beneficios de 309 millones de euros. Unas cuentas que fueron aprobadas por la CNMV sin haber sido finalmente auditadas, ya que el socio de Deloitte encargado de esta auditoría, Francisco Celma (también encausado), defendió que nunca pudo entregar ni un informe ni un borrador del mismo porque la cúpula del banco no le facilitó algunos datos que le faltaban. Un año después se conocería que Bankia, al contrario de lo que se anunció en su salida a bolsa, no contaba con beneficios millonarios, sino con un agujero de 2.979 millones de euros en sus cuentas, lo que propició la dimisión de Rato y el rescate a la banca por un valor de 22.424 millones.

Ante la inminente crisis económica tras la pandemia del coronavirus, Simona Levi, impulsora del movimiento 15MpaRato (que destapó el caso de las tarjetas ‘black’ y los correos de Blesa), es crítica con esta sentencia, sobre todo por el precedente legal que sienta respecto al papel de los supervisores de instituciones como el Banco de España o la CNMV en operaciones financieras como esta: “Nuestros reguladores deben asumir responsabilidades cuando toman decisiones claramente antidemocráticas”, argumenta Levi. Por su parte, Manuel Pardos, presidente de la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), cree que estas instituciones han sido “cómplices de la catástrofe" y que han perdido su crédito. “En toda la instrucción se ha revelado que tuvieron un papel bastante ridículo”, asegura Pardos.

El futuro del ‘caso Bankia’ tras esta sentencia se abre ahora en dos posibles frentes: el primero, más lento y costoso, es un recurso ante el Tribunal Supremo. Esta es la vía por la que apuesta, entre otros, el presidente de Adicae, quien pide que “se haga justicia ya, con independencia de los cambios en la legislación que sean necesarios”. Levi, en cambio, cree que es mejor centrarse en esto último para evitar que un episodio de estas características se pueda volver a repetir, y propone soluciones legales en cuatro ámbitos distintos: primero, regular los productos financieros “tóxicos”, sobre todo para los pequeños ahorradores. También hacer que los reguladores de estas operaciones asuman responsabilidades cuando toman este tipo de decisiones, facilitar las demandas colectivas y, por último, que los consejos de administración de estas grandes empresas estén compuestos por personas “competentes” y no sean cargos “a dedo” de políticos y sindicatos. “Lo increíble de este juicio es que han utilizado como defensa su propia incompetencia, se necesitan leyes que impidan esto”, afirma Levi.