De requisitos de idioma a restricciones horarias: la larga historia contra el voto latino en Estados Unidos

La intención del requisito no se disimulaba: bloquear el “ignorante voto mexicano”. Lo decía sin rodeos un editorial de un periódico local que abogó fuertemente para que en Arizona en 1909 se aprobase una medida que obligaba a pasar un examen de inglés para tener derecho a votar. Desde el fin de la Guerra Civil y la esclavitud en los Estados Unidos, en territorios de todo el país se habían impulsado leyes para restringir el voto a personas negras, y en unas cuantas décadas las estrategias se empezaron a adaptar para limitar el acceso al voto a la población latina. Además de exámenes de idioma, en algunos Estados impusieron impuestos especiales para apartar a las clases más bajas o medidas de discriminación racial, que no eran ilegales en la época. Así, desde que hay registros, los latinos han sido consistentemente el grupo que vota en menor proporción. A la diferencia se le conoce como el Turnout Gap —la brecha de participación— y detrás no está solo una supuesta apatía política o asimilación fallida, sino una larga ofensiva para suprimir el voto latino.

Ni siquiera la Ley de Derecho al Voto de 1965, aprobada en el momento más fuerte del movimiento de derechos civiles, acabó con la supresión. Si bien la legislación, que aseguraba que cualquier persona “nacida o naturalizada en Estados Unidos” tenía derecho a votar y prohibía a los Estados privar del mismo a los votantes “por motivos de raza, color o condición previa de servidumbre”, estaba dirigida a la población afroamericana que había sufrido décadas de segregación en el sur, también beneficiaba a la creciente población latina. Y todavía más cuando en 1975 se amplió la ley tras los esfuerzos de organizaciones y activistas latinas para que incluyera protecciones para “minorías lingüísticas”, pues muchas restricciones de idioma seguían siendo válidas. Desde entonces fue posible traducir el material electoral a español, y también a otros idiomas, abriendo la puerta a miles de electores nuevos.

La ley incluía “provisiones especiales”, que aplicaban a jurisdicciones específicas. La más relevante era la “autorización previa” o preclearance, que aplicaba a Estados con un historial de supresión del voto de minorías y dictaba que el Fiscal General o la Corte de Distrito de Washington debían aprobar cualquier cambio en el reglamento electoral para asegurarse de que ninguna nueva regla afectase desproporcionadamente a un grupo en particular. De todas maneras, ante los refuerzos legales se idearon nuevas maneras de restringir el voto que a primera vista no tienen el objetivo de suprimir el voto de latinos y otras minorías, pero que en la práctica hacen exactamente eso. En esta categoría entran el gerrymandering, como se conoce a la redistribución de los distritos electorales para minimizar el impacto del voto de minorías, aunque esto se había hecho desde mucho antes. Y aunque la participación aumentó paulatinamente entre los latinos, entre el 30% hasta el 2000 y llegando a superar el 50% en 2020, siguió siempre casi 20 puntos por debajo del promedio.

En ese tiempo, sin embargo, hubo movimientos importantes. En 2013 llegó una decisión clave del Tribunal Supremo. En su sentencia 5-4 en el caso de Shelby County, Alabama v. Holder, eliminaron el preclearance de la Ley de Derecho al Voto. El juez John Roberts declaró en nombre de la mayoría que “mientras la Ley de Derecho al Voto había sido necesaria en el pasado, ya no se necesitaba y, por lo tanto, era inconstitucional porque le ponía demasiada carga a los Estados”. En el disenso, la jueza Ruth Bader Ginsburg contestó: “Eliminar el preclearance cuando ha funcionado y sigue funcionando para detener cambios discriminatorios es como deshacerse de la sombrilla en medio de una tormenta porque no se está mojando”.

En 24 horas, Texas, Misisipi y Alabama introdujeron estrictas leyes de identificación del votante, que afectaban desproporcionadamente a minorías. Por ejemplo, en Texas solo se permiten algunas identificaciones oficiales, como un permiso de armas, pero no una de estudiante de universidad. Beto O’Rourke, exrepresentante demócrata en la Cámara para el Estado dictó su propia sentencia: “Durante 144, Texas ha perfeccionado la ciencia de suprimir a los votantes en las urnas”.

Y desde que Donald Trump irrumpió en la escena política hace poco menos de una década y esparció teorías conspirativas sin pruebas de fraude electoral masivo de votos de migrantes sin ciudadanía, los esfuerzos por suprimir el voto latino no han hecho más que intensificarse. En 2019, oficiales del Estado de Texas señalaron a 95.000 votantes que identificaron como “no-ciudadanos” y los acusaron de fraude electoral. Después de una revisión resultó que muchas de esas personas estaban naturalizadas y sí tenían derecho a votar.

En 2021 el gobernador republicano, Greg Abbott, firmó la ley SB1 que prohíbe el voto las 24 horas del día, elimina el voto desde el automóvil, establece nuevos mandatos de identificación para el voto por correo, convierte en delito grave que los funcionarios públicos envíen ampliamente los votos por correo, otorga más poder a los observadores electorales partidistas y exige que el secretario de Estado de Texas realice comprobaciones mensuales de las listas de votantes. Estas disposiciones afectan directamente al electorado latino, que se beneficiaba de la ampliación de los métodos para votar, pues sus horarios laborales muchas veces imposibilitan que puedan acudir a un puesto de votación el día de la elección.

Cuando Abbott aprobó que solo hubiera una urna para recolectar los votos por correo por condado, supuestamente para“proteger la integridad de las elecciones y detener el voto ilegal”, recibió numerosas críticas, incluyendo una demanda de LULAC, una de las organizaciones que vela por los derechos de los latinos más antiguas del país. La jueza del condado de Harris, uno de los más poblados de la nación y que tiene una población mayoritariamente hispana, se pronunció a través de Twitter recordando que el condado es más grande que Rhode Island: “esto no es seguridad, es supresión”. Pero no es solo Texas, en muchos otros Estados, como Kansas, Ohio o Georgia, se han aprobado reglas similares recientemente.

En la última semana, la cuestión ha vuelto al foco con más polémicas centradas en Texas. Por un lado, LULAC ha acusado al fiscal, Ken Paxton, de criminalizar el voto hispano tras registros domiciliarios a líderes latinos en los que agentes de la Fiscalía local entraron en las residencias de simpatizantes demócratas y militantes de la organización como parte de una investigación contra un presunto “fraude electoral” y “siembra de votos”. El director de LULAC en Texas, Gabriel Rosales, insistió en que la investigación e intimidación de Paxton no va a pararles. “Vamos a seguir trabajando en esto, no importa lo que este fiscal cree que va a hacer. Solo va a añadir más combustible para que continuemos haciendo lo que sabemos. No hemos infringido ninguna ley. Todo lo que hemos hecho es salir para aumentar la participación de la comunidad latina”, apuntó.

Asimismo, Abbott anunció esta semana que desde que firmó en 2021 el nuevo paquete de leyes dirigidas a restringir el voto se han eliminado más de un millón de nombres de la lista de posibles votantes, mayoritariamente personas que se mudaron fuera del Estado, que han fallecido o que no se puede confirmar su paradero. Y aunque apenas 6.500 de los electores borrados corresponden a personas sin ciudadanía estadounidense, el foco de Abbott fue el supuesto “voto ilegal”.

A pesar de los obstáculos que se han puesto históricamente y que en algunos Estados se han intensificado en los últimos años, así como los intentos por socavar la confianza en el proceso, el electorado latino crece más que ningún otro, simplemente por la inercia demográfica. Y una población más grande, mejor asimilada que en el pasado y más organizada tiene la capacidad de hacerle frente a las trabas impuestas y se prevé que sacará a más latinos a las urnas que nunca.