Lulac acusa al fiscal de Texas de criminalizar el voto hispano con registros domiciliarios a líderes latinos

Lidia Martínez oyó que alguien llamaba a su puerta a las 06.00 am del martes 6 de agosto. Apenas un día antes, esta profesora retirada de San Antonio, Texas, de 80 años, había salido del hospital, donde se recuperó de la covid y una infección respiratoria. Pensó que sería algún vecino, pero se equivocaba. “Entraron nueve policías de la oficina del fiscal con una orden de registro”, relata Martínez, que les recibió en pijama. Los agentes quisieron saber si había presentado una reclamación porque algunos votantes mayores no habían recibido su papeleta electoral. Respondió afirmativamente y los policías ni la dejaron vestirse. “Empezaron a registrar toda mi casa, mi almacén, mi cocina, todo. Después de dos horas de interrogatorio, me sacaron frente a todos mis vecinos, rodeada de agentes, donde me tuvieron media hora mientras registraban la sala”, explica.

Lo que ocurrió en la casa de la señora Martínez se repitió al menos en otras cuatro residencias, todas ellas de latinos de Texas. Los agentes argumentaron que estaba bajo sospecha de haber cometido un fraude electoral. “No estoy haciendo nada ilegal. Lo único que hago es ayudar a los mayores. (…) Ayudo a los veteranos. Mis cinco hermanos estuvieron en el ejército y lo hago en su nombre”, les respondió Martínez a los agentes. Después de tres horas de registro, los agentes se marcharon con su computadora, su agenda y su teléfono celular, que aún no han devuelto.

Martínez trabaja desde hace varias décadas como voluntaria en la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos (LULAC, por sus siglas en inglés), una de las organizaciones más antiguas en Estados Unidos de defensa de los derechos humanos de los hispanos, basada en Washington. Dentro de LULAC, Martínez ayuda a los latinos elegibles para poder votar. El grupo apartidista se pronunció a inicios de agosto, por primera vez en 95 años de historia, en favor de la candidatura demócrata de Kamala Harris y Tim Walz rumbo a los comicios del 5 de noviembre.

Además de Martínez, los agentes al servicio del fiscal Ken Paxton revisaron la casa de Cecilia Castellano, una candidata demócrata que busca ser elegida al Congreso local para representar a Uvalde, un distrito altamente competitivo, y de cinco personas que están trabajando en su campaña. Tres de ellos son integrantes de LULAC, como Lidia Martínez. Estos aseguran que la investigación lanzada por la Fiscalía pretende inhibir el voto latino, que generalmente favorece a los demócratas, y que este tipo de operaciones se repiten en el Estado cada vez que hay elecciones.

El presidente de LULAC, Román Palomares, denunció el lunes que Paxton “está utilizando su posición de autoridad para acosar e intimidar a organizaciones latinas y sin fines de lucro, líderes latinos y miembros de LULAC”. En una rueda de prensa celebrada en San Antonio, los dirigentes de la organización anunciaron que van a pedir que el Departamento de Justicia investigue qué motivó a Paxton a lanzar la investigación.

“Es evidente a través de sus patrones de demandas, redadas, registros e incautaciones que está tratando de impedir que los latinos voten. LULAC no se quedará de brazos cruzados y no permitirá que nuestros miembros sean el objetivo”, aseguró Palomares. La Fiscalía no ha presentado cargos contra ninguno de los involucrados, hasta el momento.

El director de LULAC en Texas, Gabriel Rosales, insistió en que la investigación iniciada por Paxton no va a pararles. “Vamos a seguir trabajando en esto, no importa lo que este fiscal cree que va a hacer. Solo va a añadir más combustible para que continuemos haciendo lo que sabemos. No hemos infringido ninguna ley. Todo lo que hemos hecho es salir para aumentar la participación de la comunidad latina”, apuntó.

La Fiscalía de Texas informó la semana pasada que su grupo de Integridad Electoral, una unidad que investiga supuestas denuncias de fraude, lanzó una investigación en tres condados, Frio, Atascosa y Bexar. La institución no nombró a LULAC y se negó a dar detalles porque se trata de un caso abierto. Aseguró, sin embargo, que una pesquisa de 2022 arrojó suficiente evidencia para abrir una nueva indagatoria relacionada con un “fraude electoral” y “siembra de votos”.

“Las elecciones seguras son una de las piedras angulares de nuestra república”, aseguró el fiscal Paxton, un funcionario republicano que en 2020 demandó a los Estados bisagra en los que Joe Biden ganó a Donald Trump, quien acusó sin pruebas de haber sido víctima de un fraude electoral. Trump considerará a Paxton, quien sobrevivió en 2023 a un impeachment por corrupción, entre sus candidatos a Fiscal general de Estados Unidos si es que llega a ganar los comicios de otoño.

El comunicado original de la Fiscalía fue seguido por otro que daba mayores pistas del carácter de la investigación. “Se abrió por reportes de que hay organizaciones en Texas que pueden estar registrando a no ciudadanos para votar, lo que sería una violación de las leyes estatales y federales”, señaló la Fiscalía.

Según Paxton, voluntarios de organizaciones sin fines de lucro prestan ayuda para registrarse en el padrón de votantes a las afueras de las oficinas del DMV, donde se tramitan las licencias de conducir. “Si los ciudadanos elegibles legalmente pueden registrarse para votar legalmente en el interior de estas oficinas estatales, ¿por qué se les ofrece una segunda oportunidad en una caseta afuera?”, cuestionó el fiscal general. Paxton asegura que el Gobierno de Joe Biden y Kamala Harris ha “inundado intencionalmente” el país con extranjeros y que, sin vigilancia, estos “podrían influir ilegalmente las elecciones”.

En Texas el voto latino es determinante pues ya engloban un 40,2% de su población, de 30,5 millones. Varias organizaciones latinas se dedican a promover el registro entre los hispanos, que tienen un índice más bajo de participación en las urnas. En las elecciones de 2020 un 74% de la población blanca no hispana se registró a nivel nacional para votar, mientras que solo un 61% de los latinos realizó el trámite.

El medio digital The Texas Tribune ha señalado este lunes que las denuncias que pusieron en marcha las investigaciones se originaron por un tuit publicado por Maria Bartiromo, una presentadora de la cadena conservadora de noticias Fox News. Bartiromo citó el 18 de agosto a la amiga de un amigo que asistió con su hijo a tres oficinas del DMV en donde vieron una “inmensa fila de inmigrantes que estaban recibiendo licencias y eran registrados para votar en una tienda afuera”.

Estos señalamientos fueron sospechosos incluso para los funcionarios republicanos del Estado. Brady Gray, del condado de Parker, que Bartiromo mencionó en su publicación, señaló que el número de inscripciones de votantes en Weatherford no se estaban disparando como se aseguraba en X. Explicó también que cada registro es sometido a un proceso que determina la elegibilidad de cada votante, entre ellos si es ciudadano o no del país. “No hemos tenido casos recientes de personas inelegibles que intentan registrarse en el condado. De hecho, solo hemos tenido dos en los últimos 15 años”, dijo Gray.