Texas agita la alarma del supuesto “voto ilegal” al eliminar a un millón de personas del censo electoral

Un poco más del 5% del censo electoral del Estado de Texas ha sido borrado. El Gobernador, Greg Abbott, anunció esta semana que desde que firmó en 2021 un nuevo paquete de leyes dirigidas a restringir el voto se han eliminado más de un millón de nombres de la lista de posibles votantes, incluyendo personas que se mudaron fuera de Estado, que han fallecido o que no se puede confirmar su paradero actual, entre otras. El proceso, que ciertos críticos afirman afecta desproporcionadamente a latinos y afroamericanos, hace parte de la cruzada en contra de un supuesto “voto ilegal” del que los republicanos acusan sin pruebas a migrantes sin ciudadanía, con residencia legal o sin ella, y a los demócratas en general. “Nunca se tolerará el voto ilegal en Texas. Seguiremos salvaguardando activamente el sagrado derecho de los texanos a votar y, al mismo tiempo, protegeremos enérgicamente nuestras elecciones del voto ilegal”, dijo Abbott en el comunicado que informa de la medida.

Varios expertos electorales de Texas y también a nivel nacional se han manifestado y señalado que desde que se pasó la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993 ya se obliga al mantenimiento de las listas de votantes para que estén al día. Pero además advierten que presentar este proceso rutinario como una protección contra un no confirmado “voto ilegal” socava la confianza en el proceso electoral —de por sí frágil por la persistente negación de los resultados de 2020 por parte del líder del Partido Republicano, Donald Trump.

Según los datos publicados por el Gobierno de Texas, del poco más de un millón de votantes eliminados, 457.000 son personas fallecidas, 463.000 hacían parte de la lista de suspensos —personas que no han votado durante dos ciclos electorales seguidos—, 134.000 se habían mudado de Estado, 65.000 no respondieron a comunicaciones de seguimiento oficiales, 19.000 solicitaron cancelar su registro para votar y 6.000 fueron encarceladas. Solamente 6.500 de los nombres en la lista corresponden a individuos sin ciudadanía, y de estos, 1.930 tenían un “historial de voto”; eso es 0,036 y 0,01% del electorado registrado en el Estado respectivamente, difícilmente una cifra que pueda decidir cualquier elección. Aun así, sus registros serán enviados a la Fiscalía local para ser investigados y posiblemente adelantar acciones legales contra un delito considerado grave en el Estado desde la implantación de las nuevas leyes de 2021, aunque el “historial de voto” pueda corresponder a comicios locales, algunos de los cuales sí otorgan derecho al voto a los no-ciudadanos.

De todas formas, observadores electorales independientes han señalado que quieren más información sobre los votantes que Texas ha sacado de sus listas, pues hay precedentes recientes de errores. Por ejemplo, se puede eliminar un ciudadano naturalizado del registro porque sus documentos en la base de datos no están actualizados. La persecución activa de votos y votantes irregulares ha estado presente en Texas desde que después de las elecciones de 2016 Trump haya empezado a repetir sin fundamento que había habido fraude electoral generalizado, a pesar de haber ganado esas elecciones. En 2019, oficiales del Estado señalaron a 95.000 votantes que identificaron como “no-ciudadanos” y acusaron de fraude electoral. Después de una revisión resultó que muchas de esas personas estaban naturalizadas. El escándalo forzó la renuncia del secretario de Estado y, tras numerosas demandas, terminó en la redacción de nuevas reglas para el mantenimiento de las listas.

La organización de derechos humanos American Civil Liberties Union (ACLU) ha dicho que la experiencia de 2019 debería significar mayor transparencia por parte de Texas, pero los datos proporcionados esta semana no tienen contexto. Y aunque insinúan, en línea con el mensaje del partido republicano y los medios afines a nivel nacional, sobre la votación de migrantes sin ciudadanía, no dan ningún ejemplo de un caso en que haya sucedido. De hecho, no existen prácticamente pruebas de esto en ninguna instancia y los observadores electorales coinciden en decir que es muy improbable que un inmigrante se juegue una posible deportación por un solo voto.

El anuncio de Abbott coincide con actividad reciente de la fiscalía del Estado en contra de organizaciones latinas a favor del voto y otros organizadores políticos como parte de una investigación contra el fraude electoral. Los registros domiciliarios a simpatizantes demócratas y militantes de Lulac, una de las entidades hispanas más antiguas de Estados Unidos, instaron a la organización a acusar al fiscal general, Ken Paxton, de criminalizar el voto hispano y apelar al gobierno federal. Como respuesta a estos movimientos de Texas y otros Estados republicanos, los defensores de los derechos electorales están aumentando su entrenamiento para contrarrestar la intimidación de las fiscalías de aquí al momento de la elección.

Según Paxton, voluntarios de organizaciones sin fines de lucro como Lulac prestan ayuda para registrarse en el padrón de votantes a las afueras de las oficinas del DMV, donde se tramitan las licencias de conducir. “Si los ciudadanos elegibles legalmente pueden registrarse para votar legalmente en el interior de estas oficinas estatales, ¿por qué se les ofrece una segunda oportunidad en una caseta afuera?”, cuestionó el fiscal general. Paxton asegura que el Gobierno de Joe Biden y Kamala Harris ha “inundado intencionalmente” el país con extranjeros y que, sin vigilancia, estos “podrían influir ilegalmente las elecciones”. No hay ninguna prueba que apoye estas afirmaciones.

El énfasis en el fraude electoral tiene sus raíces en los esfuerzos de la era de la Reconstrucción, tras la Guerra Civil, para suprimir los votos de los esclavizados recién liberados, y revivió tras la aprobación de la Ley del Derecho al Voto en 1965. Pero la promoción de la falsa teoría por parte del expresidente Donald J. Trump en los últimos años le ha dado una nueva notoriedad. Desde entonces, Texas y varios otros estados se han movilizado para establecer unidades de “integridad electoral”, purgar votantes de sus listas y aprobar leyes que restringen cómo y cuándo se puede votar. La alarma está sonando y la confianza en las elecciones se debilita, pero el fraude generalizado sigue sin verse.