El concurso de méritos para renovar la cúpula de RTVE se tambalea

El concurso público convocado para renovar la cúpula de RTVE lleva dos años en el limbo, envuelto en un alud de reclamaciones y una maraña de dictámenes jurídicos. Para intentar desencallar el proceso, la Mesa de la comisión mixta de control parlamentario de RTVE (formada por tres miembros del PSOE y dos del PP) acordó la semana pasada por unanimidad abrir el abanico para que cualquiera de los 95 aspirantes que se presentaron al concurso pueda optar a una de las 10 plazas en liza.

Los partidos vuelven a tener así en sus manos el control de la lista y el plan para despolitizar los órganos de gobierno de la radiotelevisión pública corre el riesgo de desmoronarse. Además, esta decisión echa por tierra el trabajo realizado por un comité de expertos para preseleccionar a los profesionales con más méritos.

El acuerdo entre socialistas y populares no implica que los 95 candidatos comparezcan ante el Congreso y el Senado. Los distintos grupos parlamentarios propondrán a los aspirantes que proporcionalmente le correspondan, según fuentes de la Comisión, que no especifican el número de ellos que serán finalmente examinados ni en qué plazos. El futuro consejo pondrá fin al mandato de la periodista Rosa María Mateo como administradora provisional única de RTVE tras más dos años en un puesto pensado para tres o cuatro meses.

En la práctica, el nuevo método de selección dinamita la minuciosa tarea desarrollada durante meses por un comité de expertos compuesto por 17 personas designadas por el Parlamento para evaluar las solicitudes. Tras examinar los currículos y los proyectos de gestión, fueron aprobados 20: 16 hombres y cuatro mujeres. Sus nombres se publicaron en el BOE en diciembre de 2018, y el paso siguiente debería haber sido su inmediata comparecencia ante la comisión de nombramientos del Congreso (que designa a seis vocales, incluido el presidente de RTVE) y la del Senado (que escoge a cuatro).

“Pernicioso bipartidismo”

Uno de los problemas planteados por los dos principales partidos ha sido la falta de paridad en esa lista de profesionales. “El comité de expertos validó de manera prioritaria a 20, pero los letrados de las Cortes consideran que es inviable porque no cumple con la paridad”, argumentan las mismas fuentes parlamentarias, que destacan que los expertos “no establecieron otro criterio alternativo”.

El fallecimiento en enero de la periodista Alicia Gómez Montano, que encabezaba la lista de los 20 profesionales con mayor puntuación, agudizó el desequilibrio en la selección: tres mujeres frente a 16 hombres. Para solventar la situación, los letrados de las Cortes plantearon elegir a los miembros del consejo de administración de RTVE no entre la lista de quienes obtuvieron las calificaciones más altas, sino entre los 95 presentados, independientemente del puesto en el que inicialmente quedaron.

Esa fórmula serviría para mitigar la falta de paridad en la composición del consejo. La ley de RTVE establece que se respetará el principio de “presencia equilibrada de hombres y mujeres” que recoge la normativa sobre igualdad, de modo que la representación de cada sexo no sea mayor del 60% ni menor del 40%. Ello significa que deberá haber un mínimo de cuatro consejeras.

Modificar el método de preselección ha generado sorpresa y malestar entre los candidatos que fueron declarados aptos. Consideran que si ahora son presentados por los partidos se les estampará de forma automática una etiqueta ideológica. “Nos van a colgar el sambenito de ser avalados por unas siglas políticas, cuando muchos de los que nos presentamos somos totalmente independientes y ajenos a los partidos”, enfatiza una aspirante.

En el seno del comité de expertos, que invirtió varios meses de trabajo para realizar la primera criba, también abundan las críticas. El catedrático de Comunicación Audiovisual Enrique Bustamante, uno de los participantes en el proceso, opina que el cambio de rumbo supone “una traición flagrante” al espíritu de las leyes de 2006 y 2017. Esta última aboga precisamente por recuperar la independencia de RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos directivos. Para Bustamante, “causará un mayor desprestigio del servicio público y agravará la caída de RTVE”. A su entender, la modificación pactada por PSOE y PP “demuestra que el bipartidismo más pernicioso sigue vivo en RTVE”.

También se muestra muy crítica la profesora de Comunicación de la Universidad de Barcelona Isabel Fernández Alonso, quien formó parte del mismo comité de evaluación. Considera que la comisión de control parlamentario actúa en contra de sus normas. “Nosotros nos limitamos a aplicar los criterios que fueron definidos por la propia comisión, que en su día avaló que hiciéramos un filtro de 20 candidatos. Los aspirantes tienen derecho a que se respeten las bases del concurso”, recalca. Fernández Alonso cuestiona el hecho de que la reforma se haga bajo el paraguas de la paridad: “La ley de igualdad es una ley orgánica, pero por encima de ella está la Constitución, que recoge el principio de mérito y capacidad”. Y teme que los dos principales grupos parlamentarios intenten “cambiar las reglas de juego” justo cuando la carrera para renovar los órganos de gestión de RTVE está a punto de terminar.