La crisis interna de RTVE se extiende al ámbito político

La crisis interna que ha sacudido a RTVE se empezó a sellar la semana pasada con la designación de Josep Vilar como director de informativos de TVE, un nombramiento al que ayer se sumó el de Mamen del Cerro como jefa de informativos de RNE, puesto vacante tras la fulminante destitución de Raúl Heitzmann. Pero el gran problema de RTVE es la demora en la renovación de sus órganos de gobierno. Desde hace dos años el mando lo ejerce Rosa María Mateo, en calidad de administradora provisional única.

La corporación carece de presidente y no tiene consejo de administración. El proceso para su designación está atascado en las Cortes desde hace año y medio, cuando un comité de expertos de 17 miembros designados por los grupos parlamentarios evaluó un centenar de candidaturas para optar a 10 plazas. Este comité seleccionó a 20 aspirantes. Ahora su trabajo ha sido puesto en entredicho por los letrados del Senado.

Una mayoría de los expertos (13 de 17) han remitido un escrito a las presidencias del Congreso y el Senado y a la Comisión Mixta de control de RTVE en el que expresan su “queja y firme protesta” por el informe jurídico titulado Nota sobre la renovación de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE y divulgado como dictamen sin autoría de letrados del Senado. Los expertos rebaten de plano ese documento, según el cual el comité encargado de valorar los currículos y proyectos de los aspirantes ha ido más lejos “de la autonomía” que se le confirió. Además, se dice que la selección de los candidatos por puntos no se contemplaba en las leyes vigentes.

En su escrito, los expertos piden amparo al Parlamento, defienden el concurso público como “una buena fórmula” para lograr que los nombramientos se realicen solo por criterios de profesionalidad y piden que se respeten sus criterios. Recuerdan que fueron propuestos por todo el abanico parlamentario en 2018, que trabajaron de forma altruista durante seis meses y celebraron siete reuniones plenarias en el Congreso, asistidos por los letrados de la Cámara. Y exponen que tras los aplazamientos provocados por las dos elecciones generales y por el estado de alarma, estos letrados son dejados de lado y otros procedentes del Senado, “que parecen desconocer absolutamente los antecedentes del asunto hasta el punto de volver a pedir actas ya entregadas, argumentan con criterios contradictorios la ley y la resolución de las mesas de las Cámaras” para “intentar destruir” todos los resultados del comité.

Evaluación de idoneidad

En su defensa, alegan que la ley detalla que el nombramiento de los consejeros de RTVE se efectuaría tras la “selección por concurso público con la participación de un comité de expertos”. Las mesas del Congreso y Senado establecieron que ese órgano, presidido por el periodista Diego Carcedo, emitiría el informe de “evaluación de la idoneidad de los solicitantes, junto con una relación de los mismos en función de la puntuación obtenida”, con referencias individuales y motivados.

En diciembre de 2018 se dieron a conocer los 20 nombres “idóneos”, aquellos que obtuvieron al menos 65 puntos. Entonces, “ninguna instancia oficial, ni la Comisión Mixta, ni las mesas del Congreso o del Senado y sus asesores letrados plantearon objeción alguna, ya que el comité siguió en todo momento el consejo y criterios que les fueron sugeridos por los propios letrados de las Cortes”, subrayan.

A su vez, la profesora de Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona Isabel Fernández Alonso, que formó parte del comité de expertos a propuesta de Ciudadanos y que no suscribe el escrito de sus 13 compañeros, ha remitido una nota a la comisión de control en la que considera que del mandato recibido no se deriva la posibilidad de declarar idóneos solo a 20 candidatos y que el encargo debería haber sido más claro. Pese a todo, afirma que la interpretación que realizó el comité es firme, ya que no fue recurrida.

Otro de los aspectos esgrimidos por los letrados del Senado para cuestionar el concurso es la presencia minoritaria de mujeres en la lista (cuatro, una de las cuales falleció en enero). Al hilo de las cuotas de género, Fernández Alonso observa: “No veo con qué argumento jurídico las cuotas de género han de primar sobre los principios constitucionales de mérito y capacidad”.