Bruselas cede a las presiones y otorga un año más de gracia a los sistemas de IA como ChatGPT

Bruselas plantea dar un año más de gracia a los sistemas de inteligencia artificial (IA) generativa como ChatGPT. La norma europea, pionera en todo el mundo en la regulación de esta tecnología, está entrando en vigor por partes. En agosto del año que viene debían activarse las disposiciones que, por ejemplo, informan, al consumidor de que está viendo una imagen o producto generado por inteligencia artificial. También estaba previsto que se empezaran a aplicar en esa fecha las sanciones por incumplimiento de la norma. Sin embargo, la Comisión Europea propone dar 12 meses más a las empresas que desarrollan y despliegan esta tecnología, según un borrador de la propuesta que el Ejecutivo europeo prevé aprobar este miércoles al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Las presiones que han llegado hasta Bruselas han sido múltiples. Las ha ejercido Estados Unidos y también las propias empresas tecnológicas. Y a ellas se sumó, hace mes y medio, Mario Draghi, el respetado expresidente del BCE y autor del informe que analiza cómo la UE debe recuperar la competitividad de su economía, que sirve de guía como programa de acción en este segundo mandato de Ursula von der Leyen. De fondo, también está precisamente la carrera tecnológica que Europa lleva décadas perdiendo frente a Estados Unidos y China, de la que la inteligencia artificial es la última etapa y en la que también está perdiendo terreno el Viejo Continente.

La propuesta de la Comisión se enmarca, además, en su programa de simplificación. Este miércoles Bruselas presenta un nuevo capítulo de este programa, el séptimo, y ahí habrá varias propuestas sobre regulaciones digitales: a los cambios en la regulación de la IA también se espera que se sumen los de normas digitales que afectan a la regulación de los datos, entre ellos el reglamento base que entró en vigor en 2018, conocido por sus siglas en inglés, GDPR. Los funcionarios y los responsables políticos del Ejecutivo comunitario explican que no se trata de desregular, sino de reducir cargas administrativas y obligaciones para las empresas que aportan poco valor añadido y lastran su competitividad. Lo dicen, especialmente, por la gran cantidad de normas desplegadas en la legislatura anterior (2019-2024), pero los cambios están llegando más allá.

Y es así donde Bruselas alega ahora, apenas dos años después de aprobarse la regulación pionera (lograda bajo la presidencia española del Consejo de la UE), que hay que dar “tiempo suficiente a los proveedores de sistemas de IA generativa sujetos a las obligaciones de marcado (…) para que adapten sus prácticas en un plazo razonable sin perturbar el mercado”, puede leerse en el borrador. Por eso, el Ejecutivo europeo considera “conveniente” introducir un “periodo de gracia de un año” para aquellos proveedores que ya hayan comercializado sus sistemas antes del 2 de agosto de 2026, que es cuando debía entrar todo el reglamento en vigor.

El retraso de un año se refiere específicamente a las “obligaciones de transparencia” previstas en el reglamento europeo. En él se establece que “los proveedores de sistemas de IA, entre los que se incluyen los sistemas de IA de uso general, que generen contenido sintético de audio, imagen, vídeo o texto”, deben garantizar mediante un marcado o etiquetado “que sea posible detectar que [dichos contenidos] han sido generados o manipulados de manera artificial”.

En aras de la misma necesidad de dar “tiempo suficiente” a cumplir esta norma de transparencia, propone que “si bien las normas seguirán siendo aplicables y las autoridades de vigilancia podrán hacerlas cumplir”, tal como está previsto, a partir del 2 de agosto del año que viene, estas compañías dispondrán también de un año de gracia para adaptarse, ya que “las normas sobre multas administrativas previstas (…) con respecto a las infracciones” solo se aplicarán, dice Bruselas, “a partir del 2 de agosto de 2027”.

La propuesta, que será presentada este miércoles dentro del “paquete digital” por la vicepresidenta de la Comisión para Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, se produce tras semanas de rumores sobre si Bruselas cedería a la fuerte presión para dar marcha atrás en su histórica ley de IA, que aprobó en diciembre de 2023 tras meses de intensas negociaciones. En los pasados días, fuentes comunitarias han insistido en que el Ejecutivo europeo no tiene “intención alguna” en “rebajar” la legislación de IA ni de GDPR.

En julio, más de medio centenar de representantes de compañías europeas, entre ellas Siemens o Mistral, reclamaron en una carta abierta a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, la “necesidad de posponer la implementación de la ley de IA” para permitir una “implementación razonable” por parte de las compañías y una “mayor simplificación de las normas”.

“Este aplazamiento, junto con el compromiso de dar prioridad a la calidad normativa frente a la rapidez, enviaría a los innovadores e inversores de todo el mundo una señal clara de que Europa se toma en serio su programa de simplificación y competitividad”, señalaban los directivos.

La mayor presión ha llegado no obstante desde el otro lado del Atlántico, donde el Gobierno de Donald Trump no ha dudado en manifestar su desagrado con cualquier intento europeo de regular a las grandes compañías tecnológicas —en su mayoría, de origen estadounidense— y hasta ha llegado a acusar a la UE de tener “prejuicios ideológicos” en su legislación de la IA, que además califica abiertamente de “excesiva”.