Francia estrena ‘app’ para rastrear el virus entre recelos por la privacidad y dudas de su eficacia

Francia se apresta a volver a una vida casi normal en la segunda fase de su progresiva desescalada a partir de este martes. Pero es un casi monumental. Pese a la reapertura en buena parte del país de bares y restaurantes, parques y playas y, progresivamente, de monumentos, museos y hasta cines, el miedo a una nueva expansión del coronavirus que paralizó el país durante dos meses sigue ahí. Para combatirlo, el Gobierno lanza una nueva herramienta: StopCovid, una aplicación made in France de rastreo de posibles contagios. Aunque las autoridades insisten en su carácter anónimo y voluntario, las garantías no acaban de convencer a los que temen que con la excusa de la emergencia sanitaria, como ya sucedió con la amenaza terrorista, se abra una puerta a los Estados que resulte difícil de volver a cerrar y que podría poner en peligro libertades fundamentales.

StopCovid alerta de forma automática a todos los usuarios que hayan estado en “contacto prolongado” —a menos de un metro durante más de 15 minutos— recientemente con alguien que haya dado positivo en coronavirus, y que lo haya notificado en la aplicación. Funciona mediante tecnología bluetooth, es decir, que no media geolocalización alguna, y su uso es absolutamente voluntario. Así lo subraya el Gobierno, que insiste en su carácter “anónimo” y “temporal”. Para evitar fallos de seguridad, ha solicitado incluso la ayuda de Yeswehack, una comunidad de hackers éticos que han trabajado en “identificar toda potencial debilidad de la aplicación” antes de su lanzamiento.

“Hemos tomado todas las garantías necesarias, bajo control del Parlamento, para que StopCovid respete los datos personales de sus usuarios”, afirmó el primer ministro, Édouard Philippe, al anunciar que la aplicación estará disponible a partir de este martes y alentar a su descarga, como han hecho otros países europeos, entre ellos Austria (cuya aplicación Stopp Corona-App ha sido desarrollada por la Cruz Roja) o Islandia, que para su aplicación Rakning C-19 usa el GPS del móvil.

La aplicación francesa ha recibido el visto bueno organismos como la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL). Y parece cumplir las “consideraciones éticas” para estas tecnologías de la Organización Mundial de la Salud. Si hasta la OMS se ha visto obligada a pronunciarse, es porque aunque su capacidad de cortar rápido posibles cadenas de contagio las pueden hacer muy útiles, “el uso de este tipo de datos también puede amenazar derechos y libertades fundamentales durante y después de la pandemia de la covid-19”, advierte. La “vigilancia puede cruzar rápidamente la borrosa línea entre vigilancia de una enfermedad y vigilancia de la sociedad”.

Ahí estriba la reticencia de no pocos expertos y organizaciones, que pese a las garantías desplegadas siguen escépticos ante StopCovid. También genera rechazo entre políticos incluso del partido en el Gobierno, como se vio durante la votación parlamentaria no vinculante de la aplicación. En esta sesión, esta tecnología llegó a ser calificada como “liberticida”.

Más allá de las garantías o no de seguridad, ¿son aplicaciones como StopCovid útiles? No está tan claro. Por un lado, hay quienes dudan en que una tecnología como Bluetooth, que no fue concebida para esta tarea, sea la correcta. Además, su eficacia depende de que sea descargada de forma masiva: según todos los expertos, se necesita que la usen al menos el 60% de la población para que sean eficaces. En el caso galo, surge una duda adicional: Francia decidió apostar por una aplicación propia en vez de basarse en las soluciones que ofrecían los gigantes Apple o Google, lo cual, según FranceInfo, la hace incompatible con otras aplicaciones similares. Algo que podría ser un problema cuando se abran las fronteras y los ansiados turistas extranjeros vuelvan a recorrer el país.

En Singapur, uno de los países más conectados del mundo y el primero en proponer una aplicación de rastreo, las descargas apenas han llegado al 25%. La app islandesa tiene una de las tasas más altas de descargas, 38%, y aun así los resultados tampoco han sido alentadores, según el MIT Technology Review. También está el descorazonador precedente de Australia, donde la aplicación Covidsafe llegó a ser descargada por seis millones de personas, pero en su primer mes solo sirvió para localizar un caso de la covid-19. En España el Gobierno lanzará este mes en Canarias un piloto para una aplicación de este tipo.

“Me sorprende que, tratándose de una aplicación que debe ayudar a la desescalada, haya tantos interrogantes sobre su equilibrio cuando no parece haber problema alguno a la hora de privar a los franceses de la libertad más grande, limitar su libertad de movimiento”, lamentó el secretario de Estado encargado de lo digital, Cédric O, impulsor de StopCovid.

“Confío en este Gobierno, pero no tengo una confianza ciega en el futuro”, manifestó por su parte el diputado oficialista Sacha Houlié al justificar su oposición a StopCovid.

“Sabemos que puede haber derivas que son casi inherentes a este tipo de tecnologías”, coincide la presidenta de Amnistía Internacional Francia, Cécile Coudriou. Sobre todo por su irreversibilidad. Tienen un “efecto trinquete, contrariamente a lo que dice el Gobierno. Y hay precedentes que demuestran que existe la tentación de usar una tecnología para otros fines de los previstos al inicio”, recuerda en conversación telefónica.

Cierto es, reconoce Coudriou, que hoy en día ya damos muchos de nuestros datos personales a plataformas tecnológicas que los usan con fines poco claros. “Pero no podemos poner en el mismo nivel los datos que damos a una empresa cuando queremos usar un servicio gratuito a darlos a un Gobierno, porque las potenciales consecuencias son mucho más graves sobre el ciudadano”.

Coudriou dice que no se bajará la aplicación. Tampoco lo hará el constitucionalista Jean-Philippe Derosier. Ambos subrayan que no se trata de “paranoia o tecnofobia”, sino de una genuina inquietud ante lo que abre esta tecnología. “Me inquieta el precedente en la intrusión en la vida privada que constituye y el estado de ánimo que vehicula”, ya que con la aplicación “entramos en un sistema de rastreo que hoy es en nombre de la sanidad pública pero, ¿por qué mañana no usarla para encontrar criminales o sus cómplices?”, explica Derosier, que lamenta que el Gobierno no haya impulsado una ley que hubiera delimitado con muchas más garantías esta aplicación. Es lo que la abogada Maria Luisa Stasi, de Article 19, que vela por la libertad de expresión, califica de “deformación de la misión: cuando los Estados dicen que van a usar la vigilancia por un motivo pero acaban usándola de otras formas”. Y eso es una gran “tentación”, coinciden los especialistas.

“No soy partidario de renunciar a la ayuda y los avances que nos ofrecen las nuevas tecnologías, vivimos mejor con ellas, pero de manera que constituyan una ayuda a nuestras vidas y no una amenaza”, resume Derosier.

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