Escasas protestas en España contra el tratado ACTA

Aunque la convocatoria pretendía convertirse en un grito coral en todo el mundo contra el tratado comercial ACTA no ha conseguido su objetivo, salvo en París, donde las fotos enviadas a través de Twitter por los manifestantes mostraban calles llenas de ciudadanos con las máscaras de la película V de Vendetta y convertida en símbolo del colectivo Anonymous. También tuvo notable seguimiento en Friburgo, Nuremberg, Berlín, Frankfurt, Sofía y Viena.

En Barcelona, unas 15 personas mal contadas acudieron a la convocatoria lanzada desde Facebook por una estudiante de Bosnia-Herzegovina, no vinculada a ninguna organización, cuando vió que en el listado mundial de actos no figuraba la capital catalana.

La situación en Madrid fue muy similar. En el lugar habitual de protestas contra la ley Sinde, la plaza del Rey, se dieron cita menos de 50 personas, que ordenadas en círculo y con un megáfono trataban de consolarse: “No nos importa ser pocos, pero tenemos ser fuertes y crear conciencia”. Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, lo resumía en una frase: “Nos cuesta movernos de la silla, aunque nos estamos jugando mucho. Tenemos que seguir protestando en Internet y en las calles”.

Ultano Peña, presidente del Partido Pirata en España, una de las organización que convocaba, se negaba a bajar los brazos ante la escasez de seguidores: "Coincide con las asambleas semanas de los barrios, pero no es excusa. Somos fuertes en la Red y tenemos que demostrarlo también en la calle. No vale solo con hacer clic, hay que crear conciencia más allá de las pantallas".

La movilización quiere responder a un acuerdo comercial que pretende combatir el tráfico de falsificaciones y la violación de la propiedad intelectual. Mientras Estados Unidos ha frenado las leyes antipiratería (SOPA y PIPA) para buscar un mayor consenso, el citado tratado ya fue suscrito, el año pasado, por Estados Unidos, uno de sus principales impulsores, Canadá, Australia, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda, entre otros países. Lo que más preocupa a quienes combaten su redactado es que introduce medidas genéricas cuya aplicación concreta podría suponer la persecución penal de proveedores de Internet que supuestamente favorecieran la piratería a nivel comercial. El 26 de enero España también se adhirió.

ACTA admitiría nuevas sanciones penales para obligar a los proveedores de Internet a vigilar los contenidos en Internet, lo que supondría, según sus oponentes, una merma en la libertad de expresión y un incremento de la inseguridad jurídica ya que autorizaría a los titulares de derechos a obtener información sobre los infractores en la Red por parte de los operadores. No se trata de artículos de obligado cumplimiento por parte de los Estados. Las autoridades europeas, ante el escándalo que provocó el conocimiento de las negociaciones secretas del citado tratado, han asegurado que en la UE cualquier fórmula de persecución de la infracción se dará por la vía judicial. Quienes se oponen al tratado, por su ambiguo y genérico redactado, subrayan expresiones como la necesidad de “remedios expeditivos” para prevenir las infracciones y el despliegue de “obstáculos” para impedir que avance la piratería. El texto añade que los procedimientos que se pacten deben respetar la privacidad y la libertad de expresión.