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Francia aplicará el canon digital a las tabletas, excepto a las equipadas con Windows

El Gobierno francés planea aplicar a las tabletas el canon digital por copia privada. Lo sorprendente de la medida es que estarían excluídas las equipadas con el sistema operativo de Microsoft Windows. Según la normativa, la tasa se aplicaría a tabletas "equipadas con sistemas operativos para móviles o específico para ellas". Este criterio incluye las de Apple o la de los fabricantes que han optado por el sistema operativo para móviles de Google, Android, pero salvaría a aquellos que han recurrido a Windows 7 por considerarse un sistema operativo para ordenadores.

Según Numerama, la tasa se aplicaría a todas las tabletas a partir de un mínimo de memoria. La tasa más baja supondría el pago de 12 euros.

"¿Cómo se puede afirmar seriamente que una tableta con Windows no realiza copias privadas como puede hacerlo una con Android?", se pregunta el fundador de Archos, uno de los fabricantes afectados. La patronal francesa de fabricantes está dispuesta a recurrir la orden que deberá publicarse el 12 de enero. Estas empresas sostienen que las tareas de las tabletas, bajo cualquier sistema operativo, son asimilables a las de un ordenador.

Contra la negligencia

Por otra parte, el Gobierno francés ha publicado un decreto por el que pretende crear una lista de los programas que sirven para blindar una conexión a Internet. El plan del Gobierno consiste en publicar una lista de estos programas, una vez reconocidos por la autoridad administrativa. La iniciativa está directamente relacionada con la ley Hadopi que castiga las descargas de contenidos protegidos por derechos y que puede conducir, tras tres avisos, al corte de la conexiópn a Internet. Para evitar que el internauta alegue que su máquina ha sido utilizada para las descargas sin su conocimiento deberá probar que no ha sido negligente en impedir el acceso de terceros a su máquina. Una manera de objetivar la prueba es haber instalado uno de esos programas, aunque su instalación no es obligatoria.

La industria de seguridad recela de la iniciativa del Gobierno porque la lista puede excluir el mercado productos igualmente útiles a este objetivo.

La ampliación del concepto de negligencia ha sido motivo de debate en Francia. El rastreo de direcciones IP de Internet para detectar descargas puede llevar hasta un determinado ordenador conectado, pero no a la persona que estuvo detrás de la máquina. Las autoridades quieren taponar una previsible vía de escape del internauta que podría argumentar que la descarga se hizo con su conexión pero que él no había sido.

El titular de la conexión será culpable de negligencia si no ha puesto las barreras necesarias para controlar los accesos y usos de su conexión y no lo ha hecho tras recibir un primer aviso por correo electrónico, una segunda alerta mediante carta certificada y la comunicación final de que su caso se envía al juez. Durante este proceso, que puede durar un año, el titular de la conexión debe reaccionar de acuerdo con lo que le exigen las autoridades.

La conducta negligente tiene su propio castigo: multa de 1.500 euros y, máximo, un mes sin Internet. Esta pena se aplicará tanto si el titular de la conexión es una persona particular como una empresa, lo que dibuja un horizonte de incertidumbre en hoteles o cibercafés que ofrecen conexión a sus clientes. Un hotel puede ver cómo el juez deja al establecimiento sin conexión a Internet por culpa de un huésped que probablemente no será perseguido por su conducta.

En España se contempla en el Código Civil la conducta negligente, pero en determinados casos que no incluyen esta situación. La más cercana a ella es el caso del propietario de un coche que recibe una multa por una infracción que ha cometido otro conductor de su vehículo. El afectado puede recurrir informando que él no era el conductor.

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