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Los Consumidores abogan por crear una instancia pública que recaude el canon

El Consejo de Consumidores y Usuarios cree que debería controlarse más la labor de las entidades de gestión y lamenta que no se les cosultara

El Consejo de Consumidores y Usuarios propone que el Gobierno realice un mayor control y transparencia de la labor de las entidades de gestión del canon digital y plantea la posibilidad de crear una instancia pública de recaudación. Además observa "con preocupación" la repercusión en el precio final de los productos gravados por el canon y "el encarecimiento" de muchos de ellos "que sin duda afectará a los usuarios".

Según un escrito presentado por el máximo órgano de representación y consulta de los consumidores en respuesta a las órdenes ministeriales de Cultura e Industria que regula las cuantías y los soportes sujetos al canon digital, es necesario un mayor seguimiento de los criterios de distribución de los ingresos percibidos en esta materia y de su labor inspectora para "eliminar algunas reticencias" sobre la recaudación asociada a los derechos de propiedad intelectual.

El Consejo, una entidad dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo y que agrupa a las organizaciones de consumidores más representativas, expresa su malestar por no haber sido consultado durante la elaboración del proyecto y recuerda que "a quien más va a afectar es a los usuarios finales de dispositivos o componentes de la sociedad de la información".

Además indica "que no se contempla de modo satisfactorio" en la ley la participación de las organizaciones de consumidores en la fijación de los criterios de valoración de la compensación por copia privada o sus ajustes "que quedan en manos de la industria como deudora y de las entidades de gestión como receptoras".

El Consejo de Consumidores sugiere la posibilidad de buscar "otras opciones que permitan asociar la generación de la obligación de remuneración al acto privado de reproducción de una obra y no a la adquisición de equipos, dispositivos y soportes idóneos para tal actividad".

Plantea también que el colectivo de fabricantes, importadores y distribuidores quede obligado a un pago según la idoneidad de los equipos y soportes, pero que éste no repercuta en el consumidor que pueda acreditar que no los emplea para realizar copias privadas.