Clos asegura que la Ley de Internet no permitirá a las entidades de gestión cerrar páginas 'web'
El ministro de Industria afirma que se realizarán encuestas entre los ciudadanos para determinar la cuantía del canon digital
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, ha anunciado hoy que el texto de la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), cuyo proyecto fue aprobado la semana pasada, no incluirá finalmente el artículo que otorgaba a las entidades de gestión de derechos de autor la facultad de instar al cierre de páginas web. Además, ha explicado que Industria realizará encuestas de uso entre los ciudadanos para determinar la cuantía del canon digital, que podría retrasarse aún "algunas semanas".
En respuesta a una interpelación del senador de Entesa Jordi Guillot, el titular de Industria "garantizó" el texto de la LISI quedará "como estaba previsto inicialmente", cuando no estaba prevista la inclusión de este artículo.
En cuanto al canon, Clos apuntó que su Ministerio tiene "el compromiso de arbitrar" después de que fracasasen las negociaciones entre las entidades y los fabricantes de equipos, pero señaló que desde su gabinete "quieren tomarse un tiempo", aunque esto "supere en algunas semanas el plazo previsto".
El objetivo de este retraso, según dijo, es "añadir cualidad a la decisión" mediante "estudios pormenorizados" para arbitrar en el conflicto partiendo de "bases objetivas". "Es difícil medir algunos elementos del sector y de estos mercados, y hay que ser especialmente cuidadosos a la hora de asignar costes", dijo Clos, que explicó que Industria quiere "trabajar sobre encuestas y bases objetivas para asignar mejor los costes" del canon.
En relación con la LISI, Guillot reclamó a Clos que "deje la ley como está" y "no caiga en la tentación de recuperar el artículo 17 bis, de deja en manos de las sociedades de gestión la capacidad de solicitar la retirada o, bloqueo de contenidos a la Red sin necesidad de orden judicial", punto que calificó de "importantísimo". Por último, aplaudió la iniciativa legislativa sobre la implantación de la Administración electrónica, ya a debate en las Cortes.
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