El largo camino del canon digital

La reforma del canon digital español, diseñado para compensar a las sociedades de gestión de derechos de autor por la copia privada (el derecho que tiene el propietario de un CD, por ejemplo, a reproducirlo para uso propio), y la tramitación de la ley de Internet son dos procesos teóricamente independientes que esta primavera, sin embargo, están coincidiendo en los titulares de actualidad. La culpa: una negociación bloqueada, y una situación de parálisis en el Ejecutivo, que han extendido la guerra por el cánon al frente de la nueva norma sobre la Red.

Este galimatías de propuestas, globos sonda, contrapropuestas y desmentidos no es más que el penúltimo capítulo de un largo enfrentamiento entre las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual (de las que la SGAE es la más conocida) y la alianza formada por las empresas encargadas de cobrar el citado canon (las fabricantes de CDs vírgenes y otros dispositivos) y y los agrupaciones de consumidores (que no en vano son quienes terminan pagándolo finalmente).

Del cassete al CD

La regulación de la copia privada en España, y con ella la del canon compensatorio a los autores se remonta a 1996, cuando se reforma la Ley de Propiedad Intelectual. Desde entonces y hasta 2003, las entidades de gestión percibían una cantidad fija por cada cinta virgen de audio o de vídeo vendida. Pero la generalización de los ordenadores personales y con ella de las unidades de grabación de CDs primero, y de DVDs después, terminaron multiplicando las posibilidades de copia, y por desatar una oleada de demandas judiciales en las que las entidades de gestión reclamaban a las fabricantes de estos dispositivos (agrupados en ASIMELEC) el pago del canon.

Para cerrar esta guerra ambas partes llegaron a un acuerdo en 2003, por el cual ambos tipos de discos pasaban a estar gravados con una cantidad fija que los fabricantes debían remitir a los propietarios de los derechos de propiedad intelectual, y que terminaron repercutiendo fundamentalmente en los consumidores.

La reacción de los usuarios no tardó en llegar en forma de campañas de protesta como las emprendidas por algunas asociaciones, que en 2004, sólo unos meses después del cambio de Gobierno, le solicitaban al Ejecutivo que retirase el canon a los discos digitales, y calificaban su aplicación de indiscriminada e ilegal. Se iniciaba así una guerra de declaraciones de bajo nivel en el que cada parte defendía o atacaba el acuerdo de 2003, y que arreció en cuanto comenzó la tramitación de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual.

Esta iniciativa legislativa sirvió para atraer la atención de los medios de comunicación sobre el sistema del canon, y de hecho la plataforma 'todoscontraelcanon', que agrupa a varias asociaciones de usuarios junto a fabricantes de dispositivos gravados por el canon y empresas que prestan servicios de telecomunicaciones o en Internet, presentó ante el Senado casi 100.000 firmas en contra de él. Pese a todo, la reforma se aprobó durante el verano de 2006, dejando el campo abierto a que el sistema gravase cualquier dispositivo que sirviese para almacenar datos (y con ellos, contenidos protegidos por derechos de autor).

Bloqueo incluso en el Ejecutivo

Pero ese articulado no daba más detalles. En cambio, invitaba a las dos partes enfrentadas -nueve entidades de gestión (SGAE, CEDRO, AGEDI, AIE, VEGAP, EGEDA, AISGE y DAMA) y dos asociaciones de empresas (AETIC y ASIMELEC)- a sentarse a negociar a qué dispositivos le aplicaban el cánon. Lo hicieron, pero sus posiciones estuvieron tan enfrentadas que el acuerdo se hizo imposible.

Llegado ese punto, la intervención del Ejecutivo (prevista en la norma) tampoco sirvió para mucho. Sin una postura clara, los Ministerios de Industria y Cultura reproducían en el seno del Consejo de Ministros las discrepancias de ambos bandos. Así, si la responsable de cultura defendía los intereses de los propietarios de los derechos, el de Industria hacía lo propio con la industria que fabrica esos dispositivos.

La receta para el bloqueo se completaba a mediados del mes de abril, cuando el ejecutivo remitía al Congreso el texto del proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (también conocida como LISI), que nada tiene que ver con el polémico canon, pero que en algún momento de su diseño llegó a contener un artículo que facultaba a las entidades de gestión para exigir directamente y de manera ejecutiva - sin mandato jucial- a las operadoras de telecomunicaciones el bloqueo del servicio a aquellos de sus usuarios que descargasen archivos piratas.

El 17 Bis, texto para la polémica, desapareció después del articulado, pero suministró más armamento a la batalla del canon, mezclando así la cuestión de la piratería a través de la Red con el diseño del nuevo canon. A sólo unas semanas de que se celebren elecciones municipales y autonómicas, y dado lo delicado del asunto, es poco probable que la situación salga del callejón en el que se encuentra. Pero cuando lo haga, es muy probable que tampoco sea de forma pacífica. Nunca ha sido así.