Amnistía Internacional: "El Gobierno tiene que regular el mercado de los videojuegos"

"Tres millones de menores juegan en España a los videojuegos y más del 50% reconoce que ha accedido a contenidos para mayores de edad. Es un negocio que en 2004 movió 790 millones de euros. No se puede pedir a las empresas que velen por los derechos de los menores porque evidentemente se lucran a su costa. Al Gobierno sí". El presidente de Amnistía Internacional (AI), Esteban Beltrán, presentó el informe "España: menores y derechos humanos. Responsabilidades en el juego" que critica el vacío legal para regular la industria del videojuego.

Beltrán critica al Gobierno español "por estar incumpliendo sus responsabilidades". Para el presidente del organismo internacional "los diferentes convenios sobre los derechos del niño recogidos en la Convención de Ginebra o en la Constitución deben primar. Le pedimos al Gobierno una ley marco estatal sobre videojuegos que proteja a los niños".

El informe de Amnistía Internacional, recoge los datos de la Asociación Española de Distribuidores y Editores que señala que en España 7 millones de personas entre los 7 y los 34 años juegan a los videojuegos. Alrededor de dos millones de chicos menores de 13 años y casi un millón y medio de jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años. España, está por detrás de Francia, Alemania y Reino Unido en cuanto al consumo de videojuegos aunque dentro de muy poco, según los especialistas, va a desbancar al país vecino.

Informe

Para AI, ni la "la legislación autonómica en materia de protección del menor, ni el código de autorregulación de la propia industria garantizan el cumplimiento de la responsabilidad de proteger a la infancia". Actualmente, explica la organización en su informe, algunos videojuegos están regulados por un "Sistema de clasificación por edades", denominado código PEGI que ha sido elaborado por la Federación Europea de la Industria del Software Interactivo e impulsado por la Comisión Europea.

Este código indica la edad a la que está dirigido el videojuego y también indica con seis iconos (violencia, palabrotas, miedo, sexo, desnudos, drogas y discriminación) por qué el videojuego ha sido etiquetado para una determinada categoría de edad.

La organización pide que este código no sea voluntario y que sea más informativo y critica que los iconos "son absolutamente insuficientes para tener un conocimiento aproximado del producto". Beltrán recalca que "este código no se aplica. En el mejor de los casos sólo insertan etiquetas de edad. Nunca ha habido sanciones y aunque las empresas debería cumplir insertar el código no se puede esperar que éstas antepongan sus interesas económicos a lo demás, es ilógico".

El presidente español de AI pone como ejemplo de regulación a países como Alemania o Reino Unido. "En Alemania una ley de 2002 regula que los menores no accedan a videojuegos para adultos. Al comenzar tienen que realizar una prueba de edad, el juego les preguntas cosas, comprueba determinados conocimientos y sabe si detrás de la pantalla hay un menor o no. También para comprar videojuegos se tiene que presentar el carnet de identidad. En el Reino Unido por ley las empresas de telefonía móvil tienen que introducir en los teléfonos sistemas que permitan restringir las posibilidades de decargar en el móvil".

Beltrán señala que "aunque las medidas son insuficientes", son "pasos". En España, algunas comunidades autónomas han desarrollado legislaciones específicas. Baleares carece de ella y La Comunidad de Madrid, por ejemplo prohíbe, "la venta y el alquiler a menores de vídeos, videojuegos o cualquier otro medio audiovisual, que contengan mensajes contrarios a los derechos reconocidos en la Constitución. Pese a ello, según el informe de Amnistía "ninguna de las Comunidades Autónomas dispone de información sobre la existencia de de mecanismos de seguimiento, de reclamaciones, y por lo tanto, de sanciones sobre el incumplimiento de estas leyes".

La organización está a la espera de que el Ministerio de Educación dé una respuesta a un informe que elaboró un grupo de trabajo Interministerial sobre la situación de la regulación y control de los videojuegos y que fue remitido el pasado 12 de octubre de 2005 a la titular de Educación, María Jesús Sansegundo. Beltrán confía también en que "la vicepresidenta impulse una ley marco que tendrá que regular también la descarga de los videojuegos en Internet y en el móvil".