Antimonopolio investiga a Berlusconi por financiar descodificadores TDT

En un comunicado, el "Antitrust" señala que el objetivo es "verificar la información apuntada por algunos parlamentarios sobre la eventual existencia de una situación de conflicto de intereses en el ámbito de las partidas económicas establecidas en los presupuestos del Estado para la adquisición de decodificadores".

El organismo que regula la competencia se refirió así a la denuncia efectuada por el diputado Luigi Zanda, de La Margarita (oposición de centroizquierda), que criticó que una de las principales firmas de distribución de estos decodificadores está participada por el hermano del primer ministro, Paolo Berlusconi.

Esta denuncia llevó a la alianza de centroizquierda La Unión a presentar una reclamación formal a Antimonopolio que señalaba que, con la aprobación de los presupuestos del Estado, Berlusconi "ha asumido la responsabilidad de actos de Gobierno en favor de su hermano".

El origen del conflicto está en los incentivos incluidos en los presupuestos de 2006 para la adquisición o alquiler de decodificadores televisivos en la isla de Cerdeña y en la región alpina del Valle de Aosta, hasta un máximo global de diez millones de euros.

Las ayudas están dirigidas a financiar entre el 70 y el 90% del coste del decodificador, según el texto presupuestario, que fue aprobado hoy definitivamente por el Parlamento, en el que tiene mayoría la coalición conservadora en el Gobierno.

Según la ley italiana, el conflicto de intereses se produce, entre otros casos, cuando "el decreto gubernamental concede ventajas a parientes hasta el segundo grado o a empresas o sociedades que éstos controlen".

Los incentivos a los decodificadores estaban ya contemplados en los presupuestos de 2004 y 2005, lo que llevó recientemente a las autoridades de Bruselas a anunciar una investigación para determinar si esas ayudas de Estado cumplían la normativa comunitaria.

El ministro italiano de Comunicaciones, Mario Landolfi, subrayó en una entrevista publicada hoy por el diario "Il Sole 24 Ore" que esos incentivos respetan la ley porque "no fueron a fabricantes ni distribuidores, sino directamente a los ciudadanos".