La retención de datos sobre la actividad de móviles, telefonía fija e Internet divide a Europa

Los ministros europeos con competencias en materia de seguridad abordarán mañana el tema de la retención de datos de los servicios de comunicaciones. Lo harán en una reunión que fue convocada tras la explosión de varios artefactos explosivos en Londres el pasado jueves, en unos atentados que por el momento dejan 52 muertos, según las cifras oficiales. El objetivo del encuentro de responsables de Interior es acelerar la aprobación de normas que mejoren la cooperación en la lucha antiterrorista.

La retención de datos de comunicaciones telefónicas y electrónicas, el seguimiento de explosivos, el intercambio de información de los servicios de inteligencia y la radicalización y reclutamiento de terroristas serán los puntos principales en una agenda en la que oficialmente sólo aparece un asunto: "la respuesta a la amenaza terrorista".

Tres años para aprobar una norma europea

En el campo de la retención de datos, el acuerdo no parece fácil. El órgano Ejecutivo de la Unión Europea está preparando una propuesta que armonice las reglas sobre almacenamiento de datos de actividad de móviles, telefonía fija e Internet por parte de las operadoras de telecomunicaciones en los 25 países miembros. La aprobación de la propuesta de la Comisión Europea podría llevar hasta tres años, dado que necesitaría de la aprobación del Parlamento Europeo, organismo que normalmente presta más atención a los asuntos relativos a los derechos humanos, como el derecho a la intimidad, que se vería afectado por la nueva legislación. Además, los grupos de presión suelen participar muy activamente en los procesos de decisión de la Eurocámara, lo que suele retrasar la aprobación de medidas.

La Comisión afirma que busca una propuesta equilibrada entre las necesidades de seguridad y lucha contra el crimen y las preocupaciones sobre los efectos que sobre la privacidad tendría una nueva legislación sobre retención de datos. También debe encontrar una salida a las protestas de las operadoras, que denuncian el coste excesivo que supondrá almacenar los datos de sus clientes durante largos periodos de tiempo.

De hecho, en junio el Parlamento Europeo ya rechazó un borrador de directiva presentado por Reino Unido, Suecia, Irlanda y Francia, ante la preocupación de que algunas de las propuestas que incluía fueran ilegales.

Una solución al margen de las instituciones de la UE

La presidencia europea, que en este semestre ocupa Reino Unido, prepara no obstante un proyecto alternativo sobre el mismo tema. El Gobierno británico ha pedido al resto de Ejecutivos europeos un acuerdo entre países que no implique a las instituciones europeas.

Esta solución alternativa a una normativa a nivel europeo sería un acuerdo directo de los Gobiernos, que aprobarían después legislaciones similares en cada uno de sus parlamentos. Se evitarían así los retrasos que pudieran producirse en la Eurocámara y la Comisión. Pero esta fórmula no garantiza la armonización de las normas que tratan esta materia, y además las normas estarían menos sometidas a un menor control de los representantes de la ciudadanía europea.

Qué datos y cuánto tiempo

Sobre el contenido de las normas, la discusión se centra sobre todo en el tipo de datos que deben quedar almacenados, el tiempo que deben guardarse, y quien pagará la cuenta. La Comisión Europea cree que las operadoras deberían estar obligadas a almacenar los datos de actividad de sus clientes por un periodo de entre seis meses y un año, mientras que la propuesta británica se inclina más por él último que por el primero.

"La propuesta (encabezada por el Reino Unido) no es realista", en opinión de Fabio Colasanti, director general de la división de Sociedad de la Información y Medios de Comunicación de Bruselas. La suposición de que se podrían almacenar gran cantidad de datos y acceder a ellos fácilmente debería cuestionarse. Los terroristas encontrarían rápidamente otras formas de comunicarse sin dejar pistas electrónicas, según Colasanti.

Ninguna de las propuestas pide que se registre el contenido de las comunicaciones electrónicas, pero los investigadores quieren ser capaces de realizar un seguimiento por ejemplo de los números que se han marcado desde un teléfono concreto, incluyendo las llamadas perdidas, o de las direcciones de Internet que se han visitado.

Los ministros de Interior que trabajarán sobre la propuesta británica a partir de mañana han decidido que los esfuerzos legislativos comiencen en una primera fase por las comunicaciones telefónicas, dejando para más adelante las de Internet o las llamadas no contestadas. Se ha acordado la lista de datos que deben ser retenidos pero aún falta por decidir el tiempo que esas informaciones deben ser conservados, ya que algunos países consideran demasiado los 12 meses propuestos mientras que otros -especialmente Alemania- se queja del coste que esto supondría para sus empresas.

El Gobierno español parece situarse del lado británico en este asunto, pero no ha realizado una declaración firme al respecto. El ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, afirmaba ayer que España está siempre a favor medidas para luchar contra el terrorismo, que tienen que ser proporcionadas respecto a los objetivos, en relación a la idea de que las compañías telefónicas almacenen datos de las llamadas de sus clientes. El vicepresidente económico del Gobierno dijo que son temas "técnicamente difíciles, complejos e importantes", por lo que hay que dejar trabajar a los expertos en estos temas "antes de pronunciarse".