La UE espera aprobar antes de 2005 la implantación del pasaporte con datos biométricos
La ley de EE UU establece que desde octubre se exija un visado a quien no tenga este documento
La legislación estadounidense aprobada tras los atentados del 11-S señala que ciudadanos de 27 países -entre ellos los de la Unión Europea- pueden viajar a este país sin necesidad de visado, una exención que caduca el próximo 26 de octubre. Los países que no adopten antes el pasaporte con datos biométricos, como exige Washington, tendrán que pedir un visado, algo que la UE intenta evitar. Bruselas anuncia que estos documentos se empezarán a expedir a finales de 2005 y busca que el Congreso de EE UU dé dos años más de plazo para implantar su uso.
"Estamos de acuerdo en que debemos introducir en nuestros documentos de viaje dos características biométricas", afirmaba ayer el comisario europeo de Justicia e Interior, Antonio Vitorino, que especificó que los datos serían una fotografía digital del titular del pasaporte y las huellas de éste.
La intención de las instituciones europeas es que la "legislación al respecto se adopte a finales de este año, de forma que los Estados miembros empiecen a expedir los nuevos pasaportes con datos biométricos a finales de 2005", según las declaraciones de Vitorino.
Dos años más de plazo
Mientras, las administraciones europea y estadounidense esperan que el Congreso de este país decida extender el plazo dado para implantar estos documentos. El objetivo es que no se solicite visado a los ciudadanos de la UE desde el próximo 26 de octrubre, tal y como fijan actualmente las normas aprobadas a raíz de los atentados terroristas de 2001.
Hasta 15.1 millones de personas que habían sido excluidas de la exigencia del visado viajaron a EE UU en 2003, y el gasto que realizaron en este país representa más del 60 por ciento del total desembolsado por los visitantes. El miedo a que la necesidad de solicitar el visado retraiga el turismo y los ingresos que genera ha llevado al Departamento de Seguridad del Gobierno Bush a solicitar al Congreso que retrase esta exigencia por dos años.
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