El Gobierno sólo aporta 250 millones nuevos al plan para impulsar la España digital

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el plan España.es que sucede en el tiempo al fracasado Info XXI, después de que haya sido incapaz en sus tres años de ejecución de sacar al país de la sima digital. El nuevo programa pretende sistematizar las líneas de actuación del Gobierno en torno a tres ejes (educación, administración y pequeñas y medianas empresas), apoyado por otras tantas medidas complementarias (conectar a los ciudadanos a Internet, potenciar los contenidos de la Red y publicitar las acciones).

Finalmente, España.es no incluye los anunciados anexos llamados a potenciar la expansión del acceso a Internet de alta velocidad mediante líneas ADSL y a incidir en el desarrollo de la televisión digital terrestre.

Para llevar a cabo el plan, el Ejecutivo prevé una inversión inicial de 1.029 millones de euros en dos años, lo que representa tan sólo la tercera parte de lo planeado para el Info XXI. La mayor parte de esos fondos (63%) provienen de las arcas del Estado, mientras el resto es aportado por las administraciones autonómicas y locales (26%) y el sector privado (11%). Pero el dato más llamativo del desglose de gastos es el monto de los recursos nuevos: según confirman fuentes del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Gobierno sólo aportará unos 250 millones nuevos; los 400 restantes provienen de reasignaciones presupuestarias.

Por ámbitos de actuación, la educación es el que más fondos recibe: un 23% del total, hasta sumar 241 millones de euros. Ese dinero debe bastar para que cada aula de los centros públicos de Secundaria y de Formación Profesional cuente con una conexión inalámbrica a la Red y un proyector. También para dar a cada profesor de estos niveles de enseñanza un ordenador portátil. El plan, en cambio, no contempla medida alguna para el Bachillerato y la universidad.

También se reedita una idea recogida ya en el Info XXI, que es la creación de un portal para la comunidad educativa (educacion.es) que debe ofrecer contenidos y servicios específicos para los profesores.

El programa se limita a reproducir los compromisos y declaraciones de principios que ya fijó el pasado mayo en el Plan de Choque para el Impulso de la Administración Electrónica: crear el DNI digital, desarrollar servicios online para los ciudadanos, facilitar que las administraciones compartan la información y reformar algunas instancias como el Consejo Superior de Informática.

Finalmente, España.es no incluye el paquete de medidas específicas para los funcionarios que se habían previsto inicialmente. Algún medio de comunicación publicaba hoy que los empleados públicos dispondrían de ayudas para comprar ordenadores y subvenciones para contratar líneas ADSL. Sin embargo, ese programa (que se iba a denominar Funcionarios.es) no figura en el texto definitivo.

El apartado dedicado a las pequeñas y medianas empresas es más voluntarista que concreto al no marcar ningún objetivo concreto. Aún así, anuncia que las pymes estarán obligadas a utilizar determinados servicios online de la administración pública.

Para tratar de romper con el estancamiento que sufre el número de internautas en España (sigue más de diez puntos por debajo de la media de la UE), el Gobierno anuncia una inversión de 240 millones. Con ellos, se compromete a implantar 2.000 centros de acceso público a la Red en los municipios de entre 500 y 10.000 habitantes. Además, se anuncia la creación de una fundación que, bajo el nombre Navega.es, será la responsable de gestionar los programas de formación. En esta institución participarán todas las administraciones públicas así como empresas privadas y las cajas de ahorros.

El capítulo de contenidos, en el que se invertirán 220 millones, se limita a renovar dos iniciativas anteriores: Patrimonio.es, que pretende digitalizar la riqueza histórica del España, queda prolongada hasta 2008; bajo el nombre de Seguridad.es se agrupan el fomento de la firma electrónica (la ley está actualmente en tramitación parlamentaria) y el Centro de Alerta Antivirus.

Para dar a conocer el resto de las acciones, el Gobierno prevé invertir 16 millones en crear una marca (con un logotipo y un lema) y lanzar varias campañas de publicidad: una global del programa y varias propias de cada acción.