La Ley de Internet española, acusada de violar las convenciones de derechos humanos

La protesta contra la Ley de Internet española adquiere dimensión internacional. Una ONG estadounidense ha iniciado una campaña contra la LSSICE porque "podría violar la libertad de expresión, la presunción de inocencia, la confidencialidad de las comunicaciones y el derecho al anonimato protegidos en las convenciones internacionales de derechos humanos".

El Electronic Privacy Information Center (EPIC, Centro de Información para la Intimidad Electrónica) cree que la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), que entró en vigor el pasado 12 de octubre, podría violar derechos protegidos en las convenciones internacionales de derechos humanos, según explicó ayer Cédric Laurant, miembro de la organización en su sede de Washington DC (EEUU) y responsable de la campaña contra la ley española.

EPIC es una organización sin ánimo de lucro que vigila las amenazas que puedan plantear las nuevas tecnologías a los derechos civiles. Está institución está formada por diversas personalidades del mundo jurídico y científico, como Vinton Cerf, conocido como el Padre de Internet por su trabajo en la elaboración del lenguaje que hablan los ordenadores conectados a la Red, y recientemente galardonado con el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica.

"La ley va mucho más allá de lo establecido en la Directiva Europea sobre Comercio electrónico [que sirvió de marco legislativo para la ley española]", explica Laurant. Tampoco tranquiliza a EPIC el hecho de que la LSSICE sólo afecte a los prestadores que desarrollen alguna actividad económica "porque si una compañía ejerciera su libertad de expresión para emitir opiniones políticas, también podría ser objeto de la ley".

Además, la organización recela de que la LSSICE pueda afectar al contenido publicado en EEUU si tuviera como objetivo una audiencia española. Este miedo podría deducirse de lo establecido en el artículo 8.2, que se refiere a la "interrupción" de la información de un servicio procedente de otro Estado. No obstante, portavoces del Ministerio de Ciencia y Tecnología han asegurado en repetidas ocasiones que la ley sólo se aplicará a aquellos sitios web establecidos en el territorio español.

EPIC dedica un capítulo aparte a uno de los aspectos más polémicos de la Directiva Europea sobre Intimidad y Comunicaciones Electrónicas, también recogido en la LSSICE: la posibilidad de que los proveedores de servicios de Internet retengan los datos de navegación de sus clientes (por un plazo no inferior a un año, en el caso de la ley española). Este asunto ha merecido una campaña específica dirigida a la Unión Europea.

Ahora, la organización estudia las acciones de protesta que, según Laurant, ejercitarán conjuntamente con otras dos organizaciones, la estadounidense Global Internet Liberty Campaign y el europeo Movimiento por los Derechos Digitales. "De momento", afirma Laurant, "hemos subido al estrado para apoyar la campaña de protesta española".