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Una víctima de violencia machista denuncia los fallos de su pulsera antimaltrato: “El sinvivir y la preocupación lo tenemos nosotras”

La mujer lamenta que el centro Cometa ha tenido que cambiarle hasta en 14 ocasiones el dispositivo por los errores, mientras su agresor llegó a dejar el brazalete como pago en un bar

Pulseras antimaltrato
Nacho Sánchez

El pasado junio, Alberto se quitó la pulsera contra el maltrato de su muñeca y la dejó, como pago, en un bar de Torremolinos, una localidad malagueña de casi 71.000 habitantes. La soltó sobre la barra junto al teléfono que le geolocaliza en todo momento y, después, desapareció. La Policía Nacional no le encontró hasta cuatro días después. Fueron 96 horas de pesadilla para Luisa, a la que insultó, vejó y golpeó en repetidas ocasiones durante los dos años que mantuvieron de relación, según una sentencia del juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Málaga, que le impuso una orden de alejamiento y 26 meses de prisión. “Fue como volver al infierno. Da mucho miedo que pueda hacer algo así”, cuenta ella.

Para entonces, esta mujer vivía ya en una alerta constante porque el dispositivo falló en repetidas ocasiones desde que lo recibió casi un año antes. “Algunos días me he cruzado con él y la alerta no ha saltado. Además, el terminal me lo han cambiado hasta 14 veces en poco más de un año porque no funcionaba bien”, relata. “No confío nada en el aparato, solo en los policías que me cuidan”, añade sobre unas pulseras que, según la última memoria de la Fiscalía General del Estado, han mostrado problemas durante más de un año y por los que, por el momento, no ha habido ninguna asunción de responsabilidades. Con todo, es uno de los sistemas de protección más garantistas que existen en España. Nunca una mujer ha sido asesinada llevando uno de esos dispositivos. Aunque a veces, como el pasado 11 de noviembre, el sistema falle.

Luisa no se llama Luisa —y Alberto no se llama Alberto—. Su nombre está modificado para proteger la identidad de una mujer que se ha atrevido a contar su situación “para que a otras no les pase lo mismo”. Es un ejemplo de cómo las pulseras antimaltrato y su mal funcionamiento, como saltos de GPS o pérdidas de cobertura, puede convertirse en un calvario para las 4.730 mujeres que, actualmente, portan esos dispositivos. El Ministerio de Igualdad conoció durante meses estos fallos, por avisos de técnicos del centro Cometa, y ahora ha vuelto al centro del debate político. Y para esta víctima en particular —como para otras muchas— ha tenido múltiples consecuencias.

La mujer explica que le ha supuesto cambios de trabajo y trasladar a los niños a otro colegio para intentar dificultar que su expareja la encuentre. Pero también la ha llevado a perder la confianza en un sistema que igual saltaba en repetidas ocasiones sin motivo o que, por momentos, la dejaba a oscuras, abandonada. “¿Tú sabes lo que es ir en el coche, ver al tipo pasar en sentido contrario y que la alarma no salte hasta dos minutos después? ¿Qué seguridad da eso?”, se pregunta. “Ojalá hubiera un aparato que funcione con seguridad al 100%”, añade sobre los dispositivos que desde primavera de 2024 gestionan Vodafone y Securitas.

El primer martirio al que sobrevivió Luisa fue su relación. Su anterior pareja, con el que tuvo dos hijos, se fue de casa y los desatendió por completo. Sola, vulnerable, conoció a alguien. Empezó una relación. Era febrero de 2020 y un mes después llegó la pandemia. “Me dijo que nos fuésemos a vivir juntos en el confinamiento. Así yo podría trabajar y él cuidar a mis hijos. Me terminó convenciendo”, recuerda.

Al poco tiempo empezaron los gritos, las mentiras, los golpes. A ella y a sus niños. Los celos eran, casi siempre, el motivo. Vivía con miedo hasta que, embarazada de siete meses, recibió una paliza. Era el día de Navidad de 2021. Y fue la última porque consiguió huir. Ya nunca miró atrás.

Llegaron entonces la amenazas de muerte o de que le iba a quemar el coche. Al tiempo, una mañana encontró un cristal del vehículo roto y el asiento del bebé quemado. Entendió que Alberto podía cumplir lo que decía. Fue a denunciar el incidente a la Policía Nacional. En comisaría se sintió segura. Y cuando le preguntaron si él le pegaba o la vejaba, respondió que sí.

Los agentes comprobaron entonces que él tenía hasta 17 detenciones —desde un delito contra la seguridad vial hasta amenazas o violencia sexual— y que tenía pendiente una entrada en prisión por un delito de violencia en el ámbito familiar respecto a una pareja anterior. Lo citaron, él se presentó e ingresó en prisión. “Fue un respiro”, asegura Luisa.

El juzgado impuso al hombre una medida cautelar de alejamiento, que al estar en prisión no hizo falta. Hasta que salió en agosto de 2024. Tardaron 24 horas en colocarle la pulsera y aquel día se le hizo eterno a su expareja. “No salí de casa, los niños no fueron al colegio, estaba muy asustada”, relata. Pero ahí comenzó el segundo martirio. El dispositivo le dio un nuevo poder al maltratador. Descubrió que con él podía alterar a la mujer de manera permanente.

En multitud de días la alarma ha saltado hasta en 10 ocasiones en poco tiempo, porque él se acercaba a menos de 500 metros de su casa con el coche durante unos segundos y luego se alejaba, para volver a aproximarse e irse de nuevo. “Otras veces se dejaba el móvil que le geolocaliza en casa o lo tenía apagado. Siempre sin consecuencias para él. Lo hacía para torturarme”, destaca.

“Y lo peor es cuando el sistema falla. Un día lo vi en un paso de peatones y él se iba acercando a mi coche. La alarma saltó, pero en Cometa me decían que estaba a más de 30 metros y yo veía que lo tenía encima. Menos mal que el semáforo se puso en verde y pude huir”, añade. En otras ocasiones el sistema saltaba sin motivo. O lo hacía tantas veces seguidas que Luisa dejaba casi de prestarle atención para no vivir en un estrés constante.

Desde que puso la denuncia hasta que se celebró el juicio pasaron más de dos años. En enero de 2025 el juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Málaga condenó al hombre a 26 meses de prisión, pena que quedó suspendida —siempre que no cometiera otro delito, no quebrantara la orden de alejamiento y pagara la responsabilidad civil— tras un acuerdo de conformidad al que llegaron porque la víctima no quería volver a pasar por el trauma de declarar y tenerlo cerca en la sala de juicios. “Solo necesitaba que estuviera lo más lejos de mí”, cuenta.

Consiguió esa orden de alejamiento de 500 metros de ella, su casa y su trabajo durante ocho años. Pero él comenzó a dejarse el teléfono que lo ubica en casa o lo desconectaba. Y los fallos cuando se cruzaban continuaban. Hasta que en junio, como recoge un documento del juzgado de lo Penal número 14 de Málaga, él pagó en el bar de Torremolinos con la pulsera y el móvil (los dispositivos fueron recogidos más tarde por técnicos del centro Cometa). “La pulsera ha supuesto un nuevo poder para él. Es otra forma de maltrato a distancia”, señala la abogada Lara Tur, que lleva el caso y ha pedido la revocación de la suspensión de la pena porque el condenado ha incumplido las condiciones, entre ellas quebrantar la orden de alejamiento.

Luisa solo pudo respirar cuando, un mes más tarde de aquel incidente, el policía que se encarga de su protección le dijo que Alberto había ingresado en prisión por otro delito. “Ahora que está en la cárcel, yo tengo libertad. Antes o después puede volver a salir. Entonces él estará libre, pero yo viviré presa y con miedo”, lamenta la mujer, que ahora cuando cambia de trabajo lo primero que hace es aprenderse las salidas de emergencia, la ubicación de las cámaras de seguridad o los posibles escondrijos. “El sinvivir y la preocupación lo tenemos nosotras, cuando deberían ser ellos los que lo pasen mal”, concluye.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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Sobre la firma

Nacho Sánchez
Colaborador de EL PAÍS en Málaga desde octubre de 2018. Antes trabajé en otros medios como el diario 'Málaga Hoy'. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad de Málaga.
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