El jefe de los obispos evita nombrar a Zornoza en su plenaria anual y apela a la “presunción de inocencia”

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es

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Luis Argüello, jefe de los obispos reunidos desde este martes hasta el viernes en la Asamblea Plenaria de la CEE (Conferencia Episcopal Española) ha evitado, en su discurso inaugural, incluso citar el nombre y el cargo de Rafael Zornoza, el obispo de Cádiz y Ceuta investigado por el Vaticano por, presuntamente, abusar sexualmente de un menor de forma repetida en los años 90 cuando era rector del seminario de la diócesis de Getafe. Zornoza no ha acudido a la primera jornada de la plenaria, lo que no quiere decir que podría aparecer en los próximos días. Argüello ha definido la denuncia y la investigación contra el obispo de Cádiz y Ceuta como “las últimas noticias recibidas” y ha apelado a la “presunción de inocencia” como ya hizo en Gran Canaria la semana pasada. Allí admitió que la denuncia tenía “verosimilitud”, pero que podía haber sido “acusado falsamente”.

En otro bando, sin embargo, el de la tolerancia cero frente al garantismo total, el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, ha reclamado esto en una entrevista a Público: “Ante casos como el del obispo Zornoza se deben aplicar medidas cautelares”. Y ha añadido: “La Iglesia ha aprendido o está aprendiendo con el tema de los abusos a menores” y que se deben establecer parámetros “claros”. Ocho días después de que EL PAÍS publicara la noticia de la investigación del Vaticano, Zornoza sigue en su cargo.

En la más de media hora de discurso, Argüello se ha referido al escándalo de Zornoza con estas palabras: “Seguiremos trabajando en todo lo referido a la atención a las víctimas de abusos en todo su recorrido de prevención, acogida, cauces para las denuncias, colaboración entre diócesis, congregaciones religiosas y asociaciones. Recibiremos el informe de la Comisión Asesora de Reparación Integral”, ha señalado. “Lo que hemos vivido en estas últimas semanas con la aparición de denuncias de casos de abusos aviva en nosotros el deseo de seguir impulsando todo esto”, ha subrayado Argüello. “Con el doble principio de la presunción de inocencia que queremos respetar y que se respete para todos los ciudadanos, también para los miembros de la Iglesia. Y la libertad que también existe de denuncia antes las autoridades civiles o ante la Iglesia en el supuesto que hayan prescrito en el ámbito civil”, ha proseguido.

Argüello ha plantado ese equilibrio como una especie de lucha o batalla para “discernir si realmente prevalece la inocencia” o si la “denuncia tiene fuerza para seguir adelante en un procedimiento jurídico canónico”. Al caso de Zornoza, sin nombrarlo, le ha dedicado media página de discurso de las 40 que llevaba escritas. Eso es, 40 segundos de referencia. Durante casi diez minutos, sin embargo, lanzó una cruzada contra el aborto al que ha definido como “supuesto derecho”.

Al final del discurso inaugural, preguntado por los numerosos medios de comunicación, Argüello se ha dirigido a una planta superior de la sede de la CEE sin hablar. El secretario general, Cesar García Magán, tampoco ha querido contestar a ninguna pregunta sobre Zornoza, su posible destitución y sobre por qué en el discurso inaugural no ha sido mencionado su nombre ni su cargo: “No puedo hablar hoy, el viernes ya habrá rueda de prensa, hoy tocaba el discurso inaugural”.

La denuncia de la víctima fue presentada al Dicasterio para la Doctrina de la Fe hace ya cuatro meses. Pese a conocer la noticia hace tanto tiempo, la Iglesia española y el Vaticano manutuvieron en el cargo a Zornoza que tiene ahora 76 años. La Iglesia católica tenía una solución fácil para que Zornoza abandonara su cargo. Al cumplir los 75 ya presentó su renuncia al Papa, como establecen las normas canónicas. Normalmente, el Pontífice suele dejar una prórroga de unos años, pero en este caso, tras conocer la denuncia, se podía haber aceptado para actuar con celeridad ante las acusaciones. Precisamente porque, como indica el artículo 1722 del código canónico, las medidas cautelares son “para evitar escándalos, defender la libertad de los testigos y garantizar el curso de la justicia”.

Argüello, que este lunes junto a la cúpula de la Iglesia española se reunió en Roma con Papa León XIV, fue preguntado expresamente por la lentitud en la decisión de apartar o no a Zornoza y en la resolución del caso. Contestó así: “Los procesos en general casi siempre son lentos, porque son garantistas, nosotros creemos en el Estado de derecho”. Es más, añadió que el proceso canónico en sí, en manos del Tribunal de la Rota de la nunciatura (la embajada vaticana), solo “lleva 15 días abierto”. Y remarcó: “Está en fase de investigación”.

En cuanto al famoso PRIVA citado en el discurso de este martes por Argüello, según publicó este periódico a principios de septiembre, el plan de los obispos de indemnizar por el escándalo de la pederastia naufraga: solo un 2% de las víctimas han sido reparadas. Los afectados lamentan la disparidad de baremos, la burocracia y el muro de silencio al que se enfrentan. Se sienten, además, revictimizados por los largos procesos. Una de las víctimas que denunció a su abusador ante la orden y pasó por ese proceso de investigación y siguiente reparación, confesó a este periódico lo largo y farragoso (a veces dura hasta año y medio o dos) que se hace todo. Y añade que lo que les gustaría a los que han sufrido abusos es algo que va más allá de la reparación económica. “Es la compensación que las órdenes nos ofrecen. Pero, en realidad, más que dinero, las víctimas agradeceríamos ver cómo los prelados que han cometido abusos son expulsados del sacerdocio o excomulgados y no trasladados de un sitio a otro”.

Varias asociaciones de víctimas se reunieron el pasado martes con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, para trasladarle, precisamente, la urgencia de que cumplan con la promesa que hizo el gobierno en 2023 de reparar a los afectados. El año pasado aprobó un plan para reparar a las víctimas con un fondo donde también colaborase la Iglesia, pero esta se niega. Siempre ha argumentado que los abusos no son algo exclusivo de la religión, sino que se dan en todos los ámbitos.